En México se ha vivido una escalada en el número conflictos entre comunidades que defienden sus territorios y grandes inversionistas que desean implantar megaproyectos energéticos y agropecuarios insostenibles. Una serie de reformas estructurales en el marco legal del país, como la energética ha abierto la puerta a que se liciten territorios para la extracción de hidrocarburos y minerales, así como para la generación de energía eólica y solar; esto en detrimento de la soberanía de las comunidades dueñas de dichos territorios.
Ante estas amenazas a los territorios, las comunidades se han organizado para hacer frente a estos embates que ya han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país y en el mundo. Esta defensa de los recursos naturales y sus territorios les ha costado la vida a cientos de mujeres y hombre defensores ambientales en México.
Nuestro país se sitúa como uno de los tres países más peligrosos para los defensores ambientales por el alto número de agresiones, amenazas y muertes de las que han sido víctimas las personas que deciden defender sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales.
Además de sus valiosas contribuciones en la provisión de alimento y generación de ingresos, las mujeres rurales tienen una participación destacada en los movimientos de defensa de sus territorios. Cada vez más asumen roles de dirigencia y coordinación de los grupos de defensa de los recursos y los territorios.
En México, como en muchas partes del mundo, los territorios forestales están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía e hidrocarburos. Así como por la agricultura comercial de monocultivos y la ganadería extensiva.
Un informe de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), destaca las declaraciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, sobre que “quienes defienden la tierra y el medio ambiente enfrentan riesgos específicos y más elevados, debido a que tocan intereses de las empresas”. Se destaca que para procurar la seguridad de estos actores se necesitan acciones coordinadas de parte de empresas, inversionistas, y los estados nacionales y extranjeros y sus embajadas, para exigir que en todo proyecto que tenga que ver con los territorios rurales, se garantice que las comunidades puedan dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso y acceso a su tierra y sus recursos naturales.[1]
De acuerdo con datos de la organización Global Witness, durante 2017 en América Latina se mantuvo como el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. En el caso de México, “ahora se caracteriza como un lugar mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente (anteriormente, México ocupaba el puesto 14)”.[2]
Por su parte, la organización Front Line Defenders documentó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países. El 80 por ciento de dichos asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.[3]
Lo más alarmante es que “el análisis sobre el trabajo que realizaban las personas asesinadas arrojó que el 67 por ciento defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas”. La impunidad es uno de los principales alicientes para que este tipo de prácticas de hostigamiento y asesinato se sigan cometiendo en México y en el mundo.
2017 fue un año negro. En el país se registraron más asesinatos de defensores ambientales que nunca. El propio reporte de Gobal Witness subraya que “la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.[4]
Acciones de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra los hombres. De hecho, el 23 por ciento de los llamados urgentes emitidos por Front Line Defenders en 2017 estuvieron relacionados con amenazas o intimidación a las defensoras por su trabajo, en comparación con el 10 por ciento de sus contrapartes masculinos. En algunos casos se trataba de amenazas de violencia sexual.
Las personas defensoras comunitarias e indígenas, particularmente las mujeres defensoras de derechos humanos se ven especialmente afectadas por procesos judiciales o detenciones, debido a que muchas veces realizan su labor de defensa de derechos humanos de forma voluntaria, y no pueden generar ingresos durante el desarrollo de estos procesos judiciales, lo que les afecta a ellos y a sus familias.[5]
El uso excesivo de la fuerza, los procesos de criminalización, la apertura de expedientes judiciales a través de detenciones arbitrarias e ilegales en marchas o en bloqueos de rutas, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas telefónicas, las calumnias, las campañas de desprestigio y los asesinatos, son las principales formas de agresión de las defensoras ambientales. Además, en el caso de las mujeres, se acentúan acciones que van encaminadas a deslegitimar su participación política y su aparición en el espacio público.
Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente pueden definirse como “aquellas personas o comunidades que trabajan por la promoción y protección de los derechos humanos asociados a la tierra y el territorio, incluyendo la defensa de los recursos naturales y el medioambiente, y todo aquello que permite la satisfacción de varios otros derechos y necesidades, como el alimento, la vivienda, el trabajo; y las relaciones sociales y significados culturalmente otorgados a los mismos”.[6] Organismos y organizaciones internacionales han reiterado que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente son un grupo especialmente vulnerable tanto en México como a nivel global.
Los proyectos económicos que están impactando más en el tejido social comunitario y donde se documentan un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos serían los proyectos de extracción de bienes naturales (minería y explotación de bosques), de generación de energía (hidroeléctricos, eólicos, gasoductos y minería de carbón), de infraestructura y turísticos.
En vez de impulsar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de capacidades locales y opciones productivas sustentables en los territorios forestales, como el modelo de manejo forestal comunitario; que ha demostrado generar enormes beneficios, tanto ambientales como sociales, a través del fortalecimiento de la gobernanza interna y el desarrollo de cadenas de valor; el modelo de país vigente fomenta las inversiones de proyectos privados que van en detrimento de las comunidades y la sustentabilidad ambiental.
Esto es claramente regresivo y contrario a los compromisos adquiridos internacionalmente como el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica, solo por citar algunos.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura, y de que dicha garantía de protección sea una prioridad, pero la realidad es que el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para desempeñar estas actividades de activismo ambiental y de procuración del respeto a los derechos humanos.
Este 6 de marzo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó en Ginebra, Suiza, la Iniciativa Derechos Ambientales de las Naciones Unidas, que tendrá la función de ayudar a “las personas a comprender mejor sus derechos y a defenderlos, y asistirá a los Estados a salvaguardar los derechos ambientales”.
Además, a través de esta iniciativa insta a todos los gobiernos a priorizar la protección de los defensores del medio ambiente y a llevar ante la justicia de forma rápida y definitiva a los que atacan o amenazan a los defensores. La tolerancia a la intimidación de los defensores del medio ambiente socava los derechos humanos básicos y el estado de derecho ambiental”.[7]
Uno de los actores clave en la protección y respeto a los derechos humanos de los defensores ambientales es el sector privado, ya que al tener intereses en el aprovechamiento de los recursos y territorios las empresas entran en conflicto con las comunidades dueñas de dichos territorios, por ello, el PNUMA hace un llamado al sector privado para que “vaya más allá de los estándares mínimos de respeto a las comunidades y el ambiente y se convierta en un defensor de los derechos de todos a un medio ambiente limpio y saludable”.
Al respecto, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra`ad Al Hussein, subraya que “los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar los abusos cometidos por las empresas dentro de sus territorios y las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los demás”.
Otro de los instrumentos que podría contribuir a detener las agresiones y asesinatos en contra de las defensoras y defensores ambientales es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado apenas el domingo 4 de marzo (2018) en San José, Costa Rica. Este documento que es el primero de su tipo en la región y en el mundo, tiene la misión de garantizar la participación ciudadana y la labor de los defensores de los derechos ambientales.
Para poder detener las agresiones contra defensores ambientales las autoridades deben terminar con la impunidad que gozan los agresores.
[1] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017. Disponible en: https://goo.gl/vgwe1u
[2] Global Witness, Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FvH9Z
[3] Front Line Defenders. Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo 2017, Irlanda, 2018. Disponible en: https://goo.gl/Ksk3Ae
[4] Global Witnes, México debe actuar urgentemente para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. Disponible en: https://goo.gl/kNh4Fw
[5] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017.
[6] Ibíd.
[7] PNUMA, ONU lanza iniciativa para proteger a los defensores del medio ambiente, 6 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/onu-lanza-iniciativa-para-proteger-los-defensores-del-medio
