En las regiones sur y sureste del país se concentra la mayor biodiversidad y las mayores reservas de agua dulce de México. Esta región despierta un enorme apetito para los intereses privados; lleva décadas padeciendo la instalación de proyectos extractivos agroindustriales, inmobiliarios, turísticos, de extracción de hidrocarburos, de generación de energías solar y eólica y de desarrollo de vías de comunicación. Todo esto a costa de las selvas megadiversas de la región. No es de extrañar que la Península de Yucatán tenga una de las tasas más altas de deforestación del país, que va acompañada de pérdida de biodiversidad, privatización de las tierras de propiedad social, descampesinización y pérdida de identidad cultural de los pueblos originarios dueños de los territorios.
La región enfrenta un proceso de reordenamiento territorial en el que no se consultó a las comunidades ni pueblos originarios ni se les tomó en consideración para generar un proyecto que efectivamente respondiera a sus necesidades.
el desarrollo de esa nueva articulación del territorio para impulsar los megaproyectos extractivos que ya están causando severas afectaciones al medio ambiente como la contaminación de acuíferos, la intensificación de la deforestación, el crecimiento de la urbanización, la expulsión de las personas de sus comunidades hacia centros urbanos en busca de empleos precarios y la penetración de grupos criminales a los territorios.
El desarrollo de mega obras, como el denominado ‘Tren Maya’ y el ‘Transístmico’, han generado conflictos en los núcleos agrarios, privatización de tierras y desplazamiento de comunidades. Asimismo, el desarrollo de políticas basadas en la transferencia de subsidios individualizados está mermando la organización comunitaria y ha debilitado las iniciativas colectivas de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
La Selva Maya es el segundo macizo forestal más importante del continente, solo detrás de la Amazonía, por lo que es sustancial diseñar políticas que pongan en el centro el respeto de los derechos de las comunidades dueñas de los territorios y quienes son la principal linea de defensa del bosque; fortalecer su identidad cultural y sus iniciativas de manejo y conservación de lso recursos naturales para asegurar la conservación de este importante ecosistema y de todos los servicios ecosistémicos que provee.
El Consejo Civil acompaña a comunidades, ejidos y personas en la región de la Península de Yucatán en el fortalecimiento de sus iniciativas productivas, en la revalorización de la identidad de los pueblos originarios y la vida campesina. Asimismo, genera información y análisis que contribuyan a identificar las afectaciones que ocasionan los megaproyectos y las posibles soluciones para garantizar el pleno respeto de los derechos de los dueños de lso territorios y la conservación activa de los recursos naturales. También contribuye al diseño e implementación de estrategias que permitan abrir espacios de participación de todos los actores de los núcleos agrarios (jóvenes, mujeres, avecindados) en la toma de decisiones y la participación en las iniciativas productivas y de reparto de beneficios.
7 diciembre, 2023, Por: CCMSS
4 diciembre, 2023, Por: Alianza Maya por las Abejas Kaabnaloon
21 octubre, 2023, Por: CCMSS
18 septiembre, 2023, Por: Gerardo Suárez
Si la SCJN atrajera el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que se establecen en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente responsable para con los pueblos originarios afectados por estos proyectos que llevan muchos años obstaculizando la posibilidad de vivir en paz dentro de sus territorios.
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El documento 30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán analiza y ejemplifica los mecanismos que han permitido que miles de hectáreas de tierras ejidales hoy estén en manos privadas.
Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 660 parcelas, con una superficie de 192 600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Aunado a ese proceso, 355 304 ha de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial).
Para expandirse, el actual modelo de desarrollo requiere, por un lado, de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales y, por el otro, de una oferta abundante de mano de obra.
Para expandirse, el actual modelo de desarrollo requiere, por un lado, de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales y, por el otro, de una oferta abundante de mano de obra. Para atender estas condiciones del capital, el proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario, expone el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
En el marco de la visita prevista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su proyecto denominado “Tren Maya”
El “Tren Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho.
