México es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales y de derechos humanos. La primera línea de defensa de los bosques y selvas son las comunidades que los habitan, las cuales enfrentan enormes amenazas de distintos grupos que buscan acceder a sus territorios y sus bienes naturales.
Estas amenazas frecuentemente se transforman en hostigamiento y agresiones físicas directas para las comunidades y las personas que defienden sus territorios.
A pesar de que México fue declarado constitucionalmente como un país pluricultural desde 1992, y de que cuenta con más de 71 pueblos indígenas y afromexicanos, estos pueblos y comunidades no han logrado el reconocimiento pleno de sus derechos humanos.
Aunque en los hechos los pueblos y comunidades viven y construyen día a día su autonomía, a través del autogobierno, la aplicación de los sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios, día con día los gobiernos, empresas y el crimen organizado atentan contra sus estructuras de toma de decisión, invaden sus territorios con proyectos extractivos y recurren a la violencia y la criminalización para reducir su capacidad de defensa y gestión de sus tierras.
Es indispensable llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar el reconocimiento y garantía plena de los derechos de las comunidades y pueblos para detener los procesos de saqueo y despojo que viven día con día.
Desde el Consejo Civil nos hemos sumado a diversas articulaciones para acompañar la exigencia del respeto pleno de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos como la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) que agrupa a cientos de comunidades y pueblos de toda la república en la lucha por el reconocimiento de estos 10 puntos:
24 enero, 2024, Por: CCMSS
14 diciembre, 2023, Por: CCMSS
10 noviembre, 2023, Por: CCMSS
10 agosto, 2023, Por: CCMSS
De perder está oportunidad para reconocer los derechos de los pueblos en la Constitución, estaríamos en un escenario de incumplimiento de los compromisos asumidos con los pueblos indígenas y afromexicano
A dos semanas de que concluya el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena sigue sin dictaminarse en la Comisión de Puntos Constitucionales y no puede subirse al pleno para ser votada y aprobada.
ALDEA entrega a diputadas y diputados una opinión técnica para retomar temas pendientes excluidos de la iniciativa de reforma indígena
Los pueblos indígenas y sus derechos siempre quedan al último. No son prioridad para las autoridades. Aunque el gobierno federal en turno se comprometió a llevar a cabo una reforma para el reconocimiento pleno de la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios al inicio de su mandato, esperó hasta los últimos meses de su administración para enviar al Congreso la iniciativa de reforma constitucional.
Indispensable que la iniciativa que presente el Ejecutivo sea la entregada en 2021 por la Tribu Yaqui
El pasado 24 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará dentro del paquete de reformas que presentará al Congreso este 5 de febrero, una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. Desde la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) celebramos esta importante noticia, sin embargo, consideramos indispensable que el documento retome las propuestas de la iniciativa entregada al presidente por parte de la Tribu Yaqui en septiembre de 2021, que fue consultada con pueblos y comunidades en todo el país.
Si la SCJN atrajera el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que se establecen en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente responsable para con los pueblos originarios afectados por estos proyectos que llevan muchos años obstaculizando la posibilidad de vivir en paz dentro de sus territorios.
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