La minería, llevada cabo por empresas mineras privadas, es la actividad extractiva más dañina para el medio ambiente y para las comunidades que habitan en las regiones rurales. El otorgamiento de concesiones mineras en territorios comunitarios, por parte del gobierno en favor de empresas privadas, constituye una grave amenaza para cientos de comunidades y población campesina e indígena que habitan y dependen de ese territorio.
De acuerdo con una investigación cartográfica realizada por el CCMSS entre 2020 y 2021, había por lo menos 147 proyectos de minería metálica operando sobre territorios ejidales o comunales coincidiendo dónde ellos realizan actividades de manejo y conservación forestal. Asimismo, de los 13,422 ejidos y comunidades agrarias con más 200 hectáreas de bosque o selva, 5222 (39%) tienen una fracción de su territorio concesionado para la minería. En estos 5 222 núcleos agrarios hay 12 616 concesiones mineras, lo que representa 48.2% de las concesiones mineras otorgadas en México (26 142 en total).
Todo esto ha sido posible gracias a la Ley Minera de 1992, que abrió la posibilidad de concesionar el territorio nacional a quien lo solicitara para la exploración y explotación minera, al definir a esta actividad como preferente y de utilidad pública.
Las concesiones en territorios comunitarios, sean ejidos o comunidades, sean indígenas o no, han sido otorgados a lo largo de estas tres décadas sin notificar y mucho menos consultar a las comunidades y pueblos dueños y habitantes de esos territorios.
A esto se agrega que dicha ley no contempla ninguna causal de cancelación de las concesiones mineras aunque las empresas hayan provocado afectaciones irreparables al ambiente, a la salud y a los derechos de las personas. Estas características de la Ley Minera, sumadas a los graves impactos de la actividad minera en sí, han llevado a que numerosas comunidades y pueblos emprendan litigios y procesos de resistencia para defender sus territorios. La minería es la principal causa de conflictos socioambientales en México.
El carácter de preferencia otorgado a la actividad minera ha causado que se les de a las corporaciones mineras acceso preferente al agua y a la tierra, esto en detrimento y en violación de los derechos de los pueblos y comunidades.
Hasta el día de hoy no se ha realizado ninguna consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para obtener el consentimiento de las comunidades para la asignación de una concesión minera, lo que representa una violación flagrante a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables.
Aunque las empresas mineras obtienen ganancias inmensas por el saqueo de los minerales sus aportaciones a las finanzas públicas son ínfimas, no generan desarrollo ni bienestar en los territorios en los que se asientan; por el contrario, generan conflictos al interior de las comunidades, la entrada de grupos criminales y la pérdida de los medios de vida de las personas que habitan esas regiones (agricultura, forestería, apicultura, pesca, entre otras.)
Para el CCMSS, que lleva cerca de 30 años acompañando a las comunidades forestales y promoviendo el manejo y aprovechamiento de sus recursos, incorporarse a la lucha de las comunidades y ejidos afectados por concesiones o por proyectos mineros por defender los territorios de esta grave amenaza ha sido un paso natural, que refrenda su compromiso con los territorios rurales y sus habitantes.
Una parte importante de este compromiso ha sido buscar la modificación del marco legal minero. Para ello el Consejo Civil ha emprendido alianzas con organizaciones, comunidades y academia para conformar la Colectiva Cambiémosla Ya. Desde este espacio hemos elaborado diagnósticos, formulado propuestas de reforma a la ley; hemos recogido testimonios, demandas y propuestas de las comunidades afectadas por la industria minera para impulsar un proceso de modificación al marco legal minero que garantice el peno respeto de los derechos y evite daños a la salud de las personas y del medio ambiente.
16 agosto, 2023, Por: CCMSS
10 agosto, 2023, Por: Gerardo Suárez
3 agosto, 2023, Por: Gerardo Suárez
8 junio, 2023, Por: CCMSS
Es positiva la voluntad del gobierno federal para resolver conflictos mineros
La Colectiva Cambiémosla Ya considera que es positivo el compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en días pasados para resolver cuatro conflictos relacionados con la actividad minera antes de que finalice su administración. Sin embargo, hay más de 50 conflictos relacionados con la minería en el país que también requieren atención urgente por sus graves afectaciones a los derechos de las comunidades y al medio ambiente.
ALDEA exhorta al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a respetar la libre determinación de los pueblos indígenas
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía ALDEA, compuesta por comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles de más de 14 estados de la República, hace un enérgico llamado para que se respete el derecho a la libre determinación de las comunidades autónomas del Estado de Michoacán.
on seis los puntos clave que se deben modificar con la finalidad de detener las violaciones a derechos humanos y los privilegios de las empresas mineras.
En este Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas agrupadas en la coalición #CambiémoslaYa reiteramos el llamado al Estado mexicano a hacer reformas profundas a la Ley Minera, debido a que su contenido actual posibilita que las autoridades entreguen territorios comunitarios e incluso áreas protegidas que tienen gran importancia biológica a las empresas mineras.
La minería de minerales metálicos y no metálicos contribuye de manera irrelevante a la recaudación neta del gobierno federal; así lo demuestran los informes sobre la Situación económica, las finanzas y la deuda pública emitidos por la Secretaría de Hacienda
Los informes muestran que en el 2019, los ingresos que obtiene el Estado por la actividad económica de este sector de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.13% de la recaudación total del gobierno federal; en 2020, la minería aportó 0.32% y en 2021 aportó 0.97%.
