La actividad minera en México ha crecido sustantivamente en los pasados 11 años. Sólo el valor de la producción minero-metalúrgica a precios constantes pasó de 40 mil millones de pesos en 2004 a 213 mil mdp para el año 2015.  La minería mexicana es de tal magnitud que ubica a México dentro de los 12 principales productores de minerales a nivel. 

Se trata de una actividad que ha crecido aceleradamente en años recientes, sin embargo, debe reconocerse que, a la par, han crecido los conflictos socio-ambientales entre empresas privadas tenedoras de concesiones mineras y comunidades locales, legítimas dueñas de los territorios.

El CCMSS revisó, con el apoyo de Cartocrítica, las concesiones y asignaciones mineras vigentes a diciembre de 2015, en regiones forestales. Con este análisis se pudo constatar la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y los territorios que habitan. 

Llama la atención que las concesiones mineras tocan al menos a 42 % de núcleos agrarios forestales y que hay estados en los que más del 50 % de los bosques de propiedad social están concesionados.

Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades y sus territorios en una posición de vulnerabilidad.

Si ya de por sí, la intervención gubernamental errática y contradictoria en las regiones forestales ha debilitado, a lo largo del tiempo, las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales; la minería como actividad preferente, desestima y complica las estrategias de vida que se han desarrollado en las regiones.

Ante este panorama y dada la importancia de los conflictos que han surgido en todo el país a consecuencia de la minería, nos pareció necesario dimensionar esta amenaza dando especial atención a las áreas forestales de propiedad social.