27 agosto, 2018, Por: CCMSS
En México se comercializan 183 ingredientes activos para elaborar plaguicidas considerados altamente peligrosos o están prohibidos en otros países. El fipronil es uno de ellos.
La semana pasada, productores de chile aplicaron el fipronil, ampliamente conocido por su elevada toxicidad, causando la muerte de cientos de miles de abejas en el ejido Candelaria, ubicado en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo y afectando la economía de las decenas de familias campesinas.
Este caso, sin embargo, no es un hecho aislado, y lo que nos dice es que es urgente cambiar el enfoque en la gestión de las plagas y en el modelo de producción agrícola; se debe avanzar en un plan para sacar del mercado a los plaguicidas químicos para evitar que continúen causando daños a la salud humana, biológica y ambiental. Cada día hay más evidencias documentadas de la existencia de múltiples alternativas para producir alimentos sin utilizar agroquímicos y pesticidas, asegura Fernando Bejarano, experto en plaguicidas y director de la Red de Acción Sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM).
De hecho, en el país hay más de 100 cultivos orgánicos certificados, esto quiere decir que se cuenta ya con las suficientes técnicas probadas para producir sin utilizar agroquímicos. “La producción agrícola no necesariamente tiene que ser orgánica certificada, porque eso puede ser costoso; pero técnicamente es viable producir con buenos rendimientos con técnicas agroecológicas y biofertilizantes”.
Enfatiza que México requiere un cambio de enfoque para el control de plagas. “Necesitamos un enfoque agroecológico, en el que se gestionen los cultivos desde una perspectiva más holística, más ecosistémica de las variables de por qué aparece una plaga, en relación con todos los componentes del cultivo, la nutrición del suelo y la presencia de biodiversidad”, asegura.
Fernando Bejarano, quien coordinó el Informe de “Los plaguicidas altamente peligrosos en México”, refiere que en el país se utilizan los agroquímicos, entre otras cosas, “porque hay un modelo de sanidad vegetal dominado por un enfoque reduccionista agroquímico y neoliberal, con una regulación muy complaciente con las empresas que los formulan y comercializan”.
Añade “hay que dejar atrás el viejo modelo de solo cambiar de veneno, es decir, de sustituir una ‘agrotóxico’ por otro, supuestamente menos dañino. Ese es el modelo de la ‘revolución verde’, y ya es viejo, obsoleto”.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la responsable de otorgar los registros a las compañías para la elaboración y comercialización de estos agroquímicos en México, por las atribuciones que le da la Ley General de Salud, pero el modelo de regulación sumamente permisivo, ya que las condiciones en las que se expiden los registros son muy favorables para ellas. La Sagarpa, a través del Senasica, y la Semarnat, a través de la Dirección de riesgos, participan en el proceso de autorización, evaluando las solicitudes y enviando comentarios a la Cofepris.
Los registros se expiden en muy poco tiempo y con un expediente protegido por el “secreto de confidencialidad de las empresas”, sin que haya un análisis ni se tomen en cuenta las evaluaciones independientes sobre los posibles impactos de estos productos al ambiente, la biodiversidad y la salud humana. Tampoco se toman en consideración las decisiones que se toman en otras regiones, donde estos plaguicidas se retiran del mercado en cuanto se evidencia su toxicidad.
En el fondo, subraya el experto, lo único que busca el organismo regulador “es la efectividad biológica, es decir que mate la plaga que dice que mata; pero los análisis sobre los impactos a insectos benéficos como los polinizadores, no se hacen en campo en México. Si las empresas llegan a presentar algún estudio, éste se realiza en otros lugares”.
De acuerdo con el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, se deben presentar estudios de impactos en organismos benéficos, “pero nunca los he visto hechos en México”, subraya.
En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el área responsable de revisar todos los expedientes de registro cuenta con una sola persona para realizar esta labor, lo cual es insuficiente y denota una regulación y vigilancia deficientes.
La regulación sobre el uso de agroquímicos, muchos de ellos catalogados como altamente peligrosos, privilegia más el hecho de que el mercado de los plaguicidas funcione que el impacto que generan estos agrotóxicos en las comunidades, en insectos benéficos y en la salud. Solo se piensa en el corto plazo.
A principios de agosto cientos de miles de abejas murieron en el Ejido Candelaria, debido a la aplicación masiva del plaguicida denominado fipronil, que está prohibido en la Unión Europea y otros países, pero está permitido en México, a pesar de la confirmación de sus efectos tóxicos para las abejas y otros polinizadores. Este acontecimiento impedirá que las familias de apicultores de esa localidad puedan cosechar miel y comercializarla. Perdieron su principal fuente de ingresos.
Así como este caso, se han registrado muchos otros en todo el país, pero estos efectos no están considerados en los reportes para el registro y autorización de las empresas para formular estos compuestos.
Fernando Bejarano comenta que “se puede solicitar el expediente de las condiciones de aprobación de fipronil, pero seguramente la autoridad no lo va a entregar porque van a argumentar que es información clasificada”.
Apunta que el fipronil es un insecticida sistémico de amplio espectro. Sistémico quiere decir que va a distribuirse a lo largo de la planta, por todo su sistema circulatorio y se va a expresar también en el polen; y de amplio espectro, quiere decir que mata a muchos insectos no solo a una plaga determinada: no solo mata las abejas también a otros insectos; también pueden morir los pájaros que se comen las semillas que están tratadas con fipronil o al comerse insectos ya muertos a causa de este plaguicida. Por esto se prohibió en Europa.
En diversas investigaciones se reconoce la gravedad de sus efectos en las abejas, por ello habría que hacer una petición formal de prohibición de este compuesto, “porque ya hay muchas evidencias de los daños que causa en abejas”.
El problema de los pesticidas altamente peligrosos es muy grande, hablamos de 140 prohibidos en otros países, 183 prohibidos. El gobierno deberá comenzar a cambiar este modelo neoliberal de la gestión de las plagas y de la producción.
El valor de estos productos como insumo para la producción es alto, pero para abaratar el costo y que sea costeable para los productores, muchas de estas empresas buscan subsidios y que se incorporen sus productos en los paquetes tecnológicos que se subsidian con programas de gobierno; por eso, “una de las medidas que se deben tomar es evitar que se invierta un solo peso de recursos públicos en la compra de estos agrotóxicos”.
Al contrario, debe darse apoyo para el uso de productos de origen biológico y apoyar a las propias asociaciones campesinas que trabajan en la generación de biofertilizantes y soluciones naturales.
En México ya hay una industria de plaguicidas que ofrece productos orgánicos para agricultura orgánica y para quienes quieren reducir la utilización de pesticidas químicos.
Para detener las afectaciones que tanto daño han causado los agroquímicos, es indispensable garantizar los derechos humanos y los derechos constitucionales, como el derecho a un medio ambiente sano, a alimentos sanos y un medio ambiente libre de agrotóxicos. “Se requiere la obligación constitucional de proteger estos derechos sobre cualquier interés comercial”, enfatiza Bejarano.
Debemos formular un programa y una estrategia para ir sacando del mercado estos plaguicidas altamente tóxicos y peligrosos, al tiempo de impulsar prácticas agroecológicas y a iniciativas de producción de soluciones de origen natural para la producción agrícola.
Para definir cuáles serían los primeros agroquímicos en salir del mercado, propone Fernando, “tomar como base la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés)”, que contiene las recomendaciones de cientos de expertos e instituciones internacionales especializadas en el tema.
Debemos utilizar el criterio basado en la peligrosidad y aplicar el principio precautorio, que establece que la ausencia de evidencias no significa ausencia de riesgos. También habría que prohibir aquellos que ya fueron prohibidos en otros países, sobre todo, cuando se aplican estándares dobles de empresas transnacionales, por ejemplo, BASF, que no formula el fipronil en Alemania porque está prohibido ahí, pero sí lo hace y comercializa en México.
El uso de plaguicidas en la agricultura está tiendo enormes impactos al contaminar ríos, lagos y mantos freáticos, además, está acabando con los polinizadores, con las aves e insectos benéficos. Nuestros alimentos están siendo contaminados y las economías campesinas fuertemente golpeadas. La sociedad está hoy día preocupada y demanda al gobierno entrante tomar las medidas necesarias para frenar ésta peligrosa amenaza.