1 octubre, 2019, Por: CCMSS
La laxitud del marco legal y regulatorio del sector minero han dado paso a graves despojos y a la proliferación de proyectos mineros que no dejan beneficios ni al país ni a las comunidades y han propiciado que más del 58 por ciento del país se encuentre concesionado a esta actividad extractivista.
La Ley Minera le da a esta actividad un carácter preferente sobre cualquier otro uso de la tierra; carácter que es anticonstitucional porque se contrapone con otros derechos. “Solo en una visión decimonónica se podría sostener que la minería es una actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso de la tierra”, resaltó el investigador Jorge Peláez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el seminario ¿Por qué es necesario cambiar la ley minera?, organizado por el Observatorio académico de sociedad, medio ambiente e instituciones de la UNAM, del cual forma parte el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
De acuerdo con el Anuario Estadístico de las actividades extractivas en México 2018, elaborado por Fundar, la aportación de la minería a las finanzas públicas a través de la recaudación fiscal fue de apenas el 0.52 por ciento en 2018.
Si se analizan las contribuciones de manera desagregada, podemos identificar que la minería aportó menos del 3 por ciento del total recaudado por Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientas que por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la industria minera se la han devuelto más de 7 mil millones de pesos.
“Con estos datos se puede ver claramente, que la industria minera no tiene una participación significativa en las finanzas públicas del país, como suele presumir la Cámara Minera de México”, plantea Beatriz Olivera, investigadora de Fundar.
En términos de los empleos, la industria minera aporta apenas el 0.66 por ciento de los puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; otros sectores, como el agropecuario, generan el 3.5 por ciento de los empleos.
La colaboradora de Fundar refiere que “los empleos asegurados en las actividades extractivas no han logrado superar los 140 mil, lo que representa menos del 1% del total del empleo asegurado en el país.
Al ser la minería una actividad de alto riesgo todos los trabajadores deberían contar con servicios de seguro; es decir, al menos deberían estas inscritos todos en el seguro social. Sin embargo, el 56 por ciento de los trabajadores del sector de minería de metálicos están subcontratados, es decir, no son contratados por la razón social en la que laboran y tampoco cuentan con seguridad social.
De acuerdo con datos del INEGI, que recoge el Anuario Estadístico de las Actividades Extractivas en México 2018, “el sector económico que contrata una mayor proporción de personal ocupado no dependiente de la razón social es el de las actividades extractivas (incluida la extracción de petróleo y gas y de minerales metálicos y no metálicos), lo que representa alrededor del 27.4%”.
Más allá de la escasa generación de empleos, los proyectos mineros en los territorios tampoco dejan derrama económica que permita a los pobladores de esas regiones acceder a un mejor nivel de bienestar, puesto que en el 49 por ciento de los centros productores de oro el 49 por ciento de la población vive en condición de pobreza, y el 54 por ciento no percibe un ingreso que le permita adquirir la canasta básica de alimentos. En tanto que en los centros productores de plata el 64 por ciento de la gente percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, en condición de pobreza.
Un claro ejemplo de que la minería no ha producido el desarrollo del que tanto presumen las empresas dedicadas a esta actividad es Zacatecas, que lleva más de 470 años de saqueo de recursos minerales y deterioro ambiental.
“Tan solo en 2014, la producción minera del estado alcanzó los 14 mil 765 millones de dólares, pero por cada mil dólares de utilidades para las mineras, solo 8 centavos fueron para Zacatecas”, resalta el doctor Rodolfo García Zamora, investigador y académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
La minería, asegura el académico, no es otra cosa que acumulación por despojo: “Implica mucha riqueza para los poderosos a costa del saqueo, despojo y destrucción de los territorios y las comunidades.”
El incremento en el precio internacional del oro y otros minerales, así como la especulación financiera del mercado de títulos de concesión minera han propiciado una escalada en la actividad minera en México y otras regiones del mundo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en 2010 había 677 proyectos mineros y para el 2017 se tenía un registro de más de mil 531 proyectos, de los cuales mil 100 se encuentran en fase de exploración, lo que implica la colocación de miles de barrenos para recabar muestras de los minerales en los territorios concesionados. “Estos barrenos generan afectaciones ambientales que repercuten directamente en las poblaciones cercanas a las zonas de exploración,” explica Sol Jiménez Pérez, de la UNAM.
La minería más nociva es la de tajo a cielo abierto, porque implica la remoción de millones de toneladas de minerales mediante detonaciones que permiten la liberación al aire de metales pesados que contaminan los cuerpos de agua y generan afectaciones a la salud humana. El 75 por ciento de las minas en fase de extracción en México son de tajo a cielo abierto y el resto subterráneas.
Además, el beneficio de los minerales para la extracción de oro y planta implica el uso de miles de toneladas de soluciones cianuradas y el consumo de gigantescos volúmenes de agua, que al final del proceso se infiltran en el subsuelo y contaminan los cuerpos de agua y el suelo.
A pesar de las medidas de seguridad, procesos de manejo de residuos y certificaciones con las que cuentan las mineras, “en el país se han registrado más de 200 accidentes mineros en la última década,” refiere Jiménez Pérez.
Estos accidentes pueden generar afectaciones al ambiente irreparables, como ya ocurrió con la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, o la muerte de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos.
A pesar de estas catástrofes registradas en las minas, estas generalmente continúan con sus operaciones, no se les cancela la concesión. “Por lo laxa de la regulación y legislación en materia minera en México, es prácticamente imposible conformar una causal sólida para la cancelación,” subraya Jorge Peláez.
El régimen de concesiones de México es prácticamente el más favorable para las empresas a nivel mundial, ya que las concesiones se otorgan hasta por 50 años y son prorrogables por otro periodo de 50 años, agrega Peláez.
Por si fuera poco, “los títulos de concesión para la minería se comercializan en un mercado sin ninguna regulación y se genera una enorme especulación.” Además, se han detectado un sinfín de irregularidades en los procesos administrativos de emisión de las concesiones.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, el 23% de las concesiones emitidas no se cuenta con los nombres de los titulares ni de su RFC, por lo que la Secretaría de Economía no ha podido llevar a cabo el cobro de derechos por la posesión de las concesiones.
De acuerdo con la propia legislación la omisión en el pago de los derechos implica el retiro de las concesiones y en más de mil 900 casos la Secretaría de Economía ha sido omisa, apunta Beatriz Olivera.
El establecimiento de un proyecto minero en un territorio perteneciente a una comunidad genera enormes impactos sociales por el despojo de los territorios y recursos para la imposición de estos proyectos.
Sol Jiménez describe que están ampliamente documentados los casos de desplazamiento de las comunidades, de divisiones internas y de apertura de las brechas de desigualdad al interior de los poblados.
Además, son muy recurrentes los casos de criminalización, persecución y tortura de dirigentes y líderes comunitarios opositores a la instauración de estos proyectos.
La minería a cielo abierto implica la remoción de la vegetación y desplazamiento o exterminio de la fauna en grandes extensiones de terreno; la transformación radical del paisaje y la contaminación de los suelos y cuerpos de agua.
La minería es de las industrias que más agua consumen y no pagan derechos por este aprovechamiento. El marco legal les autoriza la perforación de los pozos que sean necesarios para llevar a cabo su actividad, aun en detrimento del abasto de las comunidades y poblados de la región.
México es uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo, y a pesar de esa condición la minería no tiene restricciones en el uso de este recurso. “Existe una correlación entre la escasa disponibilidad de agua y los proyectos mineros, de hecho 576 minas en operación se encuentran en acuíferos con alto estrés hídrico”, detalla Sol Jiménez Pérez.
Para la especialista el argumento desarrollista de la minería en México es irrisorio, en comparación con las implicaciones negativas de esta actividad en términos sociales, ambientales y económicos. Plantea que continuar con estos privilegios para la actividad minera significa “seguir regalando agua y contaminando recursos en aras del enriquecimiento de los principales magnates del país”.
México vive una escalada en la conflictividad socioambiental vinculada a la minería, que genera desplazamiento de poblaciones, severos daños ambientales, incremento del estrés hídrico, afectaciones a la salud y rompimiento del tejido social en las localidades en las que se instalan los proyectos mineros.
En 2014 se tenía un registro de 103 conflictos socioambientales vinculados a proyectos mineros y para el 2019 los conflictos escalaron a más de 170; es decir, que en cinco años se incrementaron en más del 65 por ciento estas problemáticas sociales y ambientales por la instalación de proyectos mineros en los territorios.
Si queremos parar este motor de despojo y afectación ambiental que representa la minería, es necesario hacer modificaciones urgentes al marco legal minero de México, señala Jorge Peláez.
Comenta Peláez que diversas organizaciones y comunidades afectadas por proyectos mineros coinciden en que los cambios esenciales y urgentes que se requieren para mitigar los efectos negativos de la industria minera y garantizar el respeto de los derechos que actualmente se vulneran con esta actividad son modificar el artículo sexto de la Ley Minera, retirando el carácter de utilidad pública y uso preferente del terreno sobre cualquier otra actividad.
También es necesario dividir en dos procesos la exploración y la explotación minera, para tener mayor certeza sobre las concesiones y reducir los tiempos de su duración.
Añade que además de una manifestación de impacto ambiental, la autorización de un proyecto minero debería solicitar una evaluación exhaustiva de los posibles impactos socio-hídricos; y la prohibición absoluta de la minería submarina y en Áreas Naturales Protegidas.
“Para que la minería contribuya de mejor forma a las finanzas públicas debería pagar derechos no por la utilidad reportada, sino por los volúmenes de mineral extraídos. Igual de importante es ampliar las causales para la cancelación de las concesiones para regular de mejor forma el actuar de estas empresas”, asegura el investigador y abogado, Jorge Peláez.