En los pasados 25 años las políticas del gobierno federal se han empeñado en fomentar el desarrollo de la agricultura industrial en grandes extensiones de tierra, con un uso indiscriminado de agroquímicos y semillas y plantas mejoradas.
Uno de los cultivos que más riesgo representan para los ecosistemas forestales del trópico mexicano es la palma africana o palma de aceite. El avance de este cultivo ha sido acelerado durante los pasados 30 años, particularmente en las regiones tropicales del mundo.
En México el epicentro de la producción de palma de aceite es el estado de Chiapas, en dónde se concentran más de 74 mil hectáreas sembradas, que representan el 70 por ciento de la superficie del cultivo a nivel nacional. Esto debido al impulso que le ha dado el gobierno estatal, de la mano de los inversionistas que instalaron sus plantas de procesamiento de este aceite en la entidad.
Le sigue el estado de Campeche, donde en 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso una multa por más de 3 millones de pesos a una empresa que tiró más de 600 hectáreas de selva para instaurar su plantación de palma de aceite en el municipio de Palizada. Esta sanción se impuso luego de una denuncia presentada desde 2014.[1]
El Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste de la entonces Sagarpa impulsó el desarrollo de plantaciones de palma africana en 2016 en Campeche, con el objetivo de alcanzar una superficie de 100 mil hectáreas del cultivo en 6 años. Hoy Campeche cuenta con una superficie sembrada de 29 mil hectáreas.
Estos cultivos que requieren grandes cantidades de agua, fertilizantes y pesticidas para ser altamente productivos generan severas afectaciones ambientales y a la salud humana, contaminan los cuerpos de agua y erosionan los suelos.[2]
El remplazo de la milpa y otros cultivos tradicionales destinados a garantizar la alimentación familiar en las comunidades del sureste por la palma de aceite representa un obstáculo para la seguridad alimentaria y la pérdida de prácticas e identidades culturales de las comunidades que habitan las regiones en las que se está expandiendo la siembra de la palma de aceite.[3]
La imposición de esta forma de producir “que rompe procesos de autosuficiencia alimentaria, que no es rentable sin el apoyo de los subsidios del gobierno, que pasa por procesos de concentración económica de grandes grupos empresariales, rompe el tejido comunitario y forma parte de una estrategia contra las comunidades indígenas y campesinas, favoreciendo tanto a las elites locales, como a las diversas empresas transnacionales, usando principalmente a los campesinos, aprovechando de sus tierras y su mano de obra barata, cambiando sus formas de vida, dejando de cosechar los principales alimentos básicos, como el maíz y el frijol.”[4]
Esta es la primera nota informativa de nuestra serie Monocultivos y violación de derechos, en la que documentaremos los impactos de la agroindustria en los territorios y en las vidas de las comunidades y pueblos campesinos.
[1] Profepa (2018). Boletín de Prensa -Atiende Profepa desde 2014 daño ambiental de empresa por siembra de palma de aceite, en Campeche. Disponible en: www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-desde-2014-dano-ambiental-de-empresa-por-siembra-de-palma-de-aceite-en-campeche.
[2] Mingorría, Sara (2017). Violence and visibility in oil palm and sugar cane conflicts: the case of Polochic Valley, Guatemala. The Journal of Peasant Studies. Barcelona.
[3] Mingorría, Sara (2017). Violence and visibility in oil palm and sugar cane conflicts: the case of Polochic Valley, Guatemala, The Journal of Peasant Studies, Barcelona.
[4] Ibid.
