Sin embargo, el resolutivo de la Corte, aunque asegura analizar la constitucionalidad de la Ley Minera, en realidad no revisó el contenido de los artículos reclamados por Tecoltemi que, en opinión del Ejido Tecoltemi y muchas otras comunidades que han interpuesto recursos legales contra las concesiones mineras, es la raíz de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas con territorio concesionado para esta actividad extractiva; esta ley declara como de utilidad pública y preferente a la minería sobre cualquier otra actividad, sin importar si las tierras están habitadas y si son los medios de vida para las familias.
Aunque fue un paso muy importante la resolución de la SCJN del 16 de febrero de 2022, que cancela las concesiones mineras para el proyecto minero operado por Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, “estamos muy atentos y al pie de lucha a que se expida el documento final de la resolución”, comenta Lucio Romano Martínez, presidente del comisariado ejidal de Tecoltemi.
El Ejido Tecoltemi, enclavado en la sierra Norte de Puebla, tiene una extensión de 360 hectáreas de la cuales 160 corresponden a áreas forestales. “Somos un ejido pequeño, pero valoramos mucho nuestro territorio y lo defenderemos como lo hicieron nuestros padres, abuelos y antepasados. Sabemos que es complicada y precaria la vida en la comunidad, pero es nuestra tierra y nos gusta mucho estar aquí y defender el territorio.”
El presidente del comisariado ejidal explica que en el ejido no hay muchas opciones de empleo y la escasez de agua impide que se den las cosechas, “por eso hemos emprendido planes de reforestación, queremos recuperar nuestro bosque porque es la única forma que tenemos para que la tierra retenga más humedad, que los suelos vuelvan a ser productivos y que la gente pueda acceder a un mejor nivel de vida.”
Lucio Romano recorre muy orgulloso una región reforestada de su ejido mientras explica que, aunque el territorio se ve muy seco, “hemos trabajado más de 25 años en la reforestación de nuestro ejido. Año tras año sembramos árboles, les damos mantenimiento, hacemos chaponeos, podas y vigilamos que siga creciendo el arbolado.”
El comisariado ejidal lamenta que no haya dinero suficiente ni apoyos para trabajar en las actividades de reforestación. Los recortes presupuestales de las dependencias del gobierno federal y estatal para el fomento del manejo forestal han complicado sus planes de recuperar el bosque, “pero nosotros seguimos trabajando por el bosque, con o sin apoyos.”
Más de 160 hectáreas del ejido son áreas forestales, “hemos trabajado en cambiar las tierras de cultivo por áreas forestales, ya que los cultivos no se daban y el suelo se estaba desgastando, así que decidimos reforestar, porque creemos que el bosque podrá ayudarnos a que haya mayor humedad y así podremos ir recuperando la fertilidad de los suelos”.
Una de las principales preocupaciones del ejido Tecoltemi y de los demás ejidos y comunidades que se encuentran dentro de las 14 mil hectáreas que se habían concesionado a Minera Gorrión era la disponibilidad de agua. El municipio de Ixtacamaxtitlán padece de escasez de agua y con un proyecto minero, que emplea millones de metros cúbicos del liquido para sus actividades de lixiviado de minerales, sería catastrófico para las comunidades de la región que dependen de la agricultura y la ganadería en pequeña escala.
En el año 2015 el ejido Tecoltemi se enteró de que una empresa tenía la concesión para instalar una mina en su municipio. “Nadie nos notificó ni nos consultó sobre las concesiones de nuestra tierra para instalar una mina”, acusa Nicéforo Lobato Martínez, ejidatario de Tecoltemi y excomisario ejidal.
Nicéforo detalla que las concesiones otorgadas a Minera Gorrión se asignaron una en 2003 y otra en 2009 y que en conjunto comprenden un área de más de 14 mil hectáreas, y su predio queda dentro de ese predio concesionado. “A raíz de que nos enteramos, seguimos en contacto con personas del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) de Ixtacamaxtitlán y otros colectivos que nos invitaron a participar en un movimiento de defensa de nuestro territorio.”
Comparte que fue gracias al apoyo y acompañamiento de los compañeros y colectivos dedicados a la defensa del territorio y los derechos humanos que decidieron entrarle a la lucha por el territorio por la vía legal.
En este proceso de defensa del territorio ha sido fundamental la organización y cohesión al interior del ejido. Sin organización y participación de ejidatarios y pobladores esto no habría sido posible. Todos siempre han estado dispuestos a acudir a las reuniones y participar en todas las actividades, refiere Leoncio Lobato Martínez, del consejo de vigilancia del Ejido Tecoltemi.
Explica que “el 7 de abril de 2015 se presentó el amparo ante un juzgado de Puebla. Nos recibieron el amparo y nos notificaron que era procedente. Luego, nos informaron que el amparo fue escalando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se acaba de resolver, el 16 de febrero de 2022, que las concesiones deben ser canceladas, pero estamos a la espera de que se nos entregue el resolutivo final y no podemos bajar la guardia.”
Nuestro lema, resalta Nicéforo Lobato, desde un inicio fue defender el territorio, el agua y la vida. “Porque con la llegada de una minera la afectación ambiental sería irreversible, la poca agua disponible se acabaría y se contaminaría todo el suelo. Nuestra tierra es lo único que tenemos y una minera quiere venir a despojarnos.”
El consejo de vigilancia plantea que con la resolución de la SCJN “la empresa ha de estar muy molesta, porque les ganamos esta pequeña parte, pero deben entender que solo estamos defendiendo nuestra tierra y nuestros derechos.”
Comparte que es muy probable que la empresa contraataque, “no se quedarán de brazos cruzados, pero eso no nos atemoriza. Defenderemos la vida de nuestra gente y el territorio con nuestra propia vida.”
El caso del ejido Tecoltemi se ha convertido en un referente para otras comunidades y pueblos que enfrentan procesos de despojo de sus territorios y recursos naturales ya sea por proyectos mineros, como por otro tipo de megaproyectos ya sean de turismo, infraestructura, energéticos o agropecuarios.
Leoncio Lobato refiere que vale la pena organizarse para defender el territorio, aunque “esta lucha es muy complicada, todo el tiempo uno está trabajando, pensando en los problemas, no hay descanso. Todo el tiempo estamos pensando y esto es desgastante, no solo para nosotros los del comisariado, también para nuestras familias y todos los pobladores involucrados en el movimiento de defensa.”
Nicéforo Lobato comenta que el ejido sigue muy fortalecido y que “la pequeña victoria en la SCJN nos dio un impulso para seguir la lucha, a pesar de todas las trabas. Estamos en pie de lucha y así vamos a seguir, no está del todo ganada la batalla, tenemos que seguir bien unidos y atentos.”
Reitera que “hasta que salga el documento firmado de la sentencia y tengamos una copia en nuestras manos vamos a estar un poco más tranquilos. Lo que hemos aprendido en estos años de lucha lo tenemos que compartir con otros grupos y compañeros que también están siendo amenazados en sus territorios, que quieren quitarles sus tierras y sus recursos.”
Para Alejandro Marreros, integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) y acompañante del movimiento de defensa de Tecoltemi frente a la minería, la organización al interior de los ejidos y comunidades, así como la creación de redes y alianzas son sustanciales para la defensa del territorio y los derechos.
Puntualiza que en Tecoltemi y desde el CESDER “hemos defendido la vida y la dignidad, debemos organizarnos para hacer frente a estas amenazas encabezadas por empresas, inversionistas y autoridades que están al servicio de estas empresas.”
Uno de nuestros objetivos, refiere Alejandro Marreros es “conformar una red suficientemente potente para tener la capacidad de exigir la garantía de los derechos humanos, el territorio y los recursos naturales; pero es igual de importante modificar la Ley Minera.
Detalla que “la raíz de los problemas que enfrentamos los pueblos indígenas con las concesiones está en la Ley Minera, porque es anticonstitucional y porque viola los tratados internacionales que México ha suscrito. Pedimos que los órganos judiciales declaren que esta ley es anticonstitucional porque es la base para violar los derechos de las comunidades.”
