2 marzo, 2023, Por: Gerardo Suárez
Estas son solo algunas de las voces que se escucharon en el foro Las voces ignoradas. Comunidades afectadas y amenazadas por proyectos mineros, que se organizó en la Cámara de Diputados el pasado 8 de febrero.
A lo largo del foro se relataron procesos de despojo, casos de violencia, impactos en la salud, derrames en cuerpos de agua, pérdida de medios de vida, procesos de judicialización, complicidad de las autoridades de distintos niveles con las empresas mineras, entre otros saldos que la industria minera ha dejado en las décadas recientes en nuestro país.
En lo que va del siglo XXI, la industria ha despojado a miles de personas de su territorio, de sus medios de vida y del agua. Esto ha sido posible por la ley Minera vigente en México, una de las más permisivas y laxas en el mundo.
Los proyectos mineros que operan en México han ocasionado severos impactos al medio ambiente, entre ellos la contaminación de cuerpos de agua, la generación de enormes montañas de residuos tóxicos, la remoción de miles de hectáreas de vegetación y de millones de toneladas de tierra.
La Ley Minera que ha legalizado estos destrozos y las continuas violaciones a los derechos humanos entró en vigor en 1992 y que forma parte de una serie de reformas legales que precedieron la entrada en vigor del TLCAN. Esta Ley permite la violación sistemática de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, ya que permite el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios sin siquiera notificarles.
Esta Ley concede a la minería el carácter de ‘actividad de utilidad pública’ y de uso preferente del territorio y el agua. Estas condiciones favorecen a los inversionistas y propician la violación de los derechos de las comunidades dueñas de los territorios, lo que ha propiciado decenas de conflictos que le han costado la vida a cientos de personas. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) reportó en 2022 que había 58 conflictos sociales vigentes en 20 estados de la República Mexicana.
La legislación que ampara la actividad minera permite tales abusos que las comunidades han tenido que recurrir a las movilizaciones y la organización comunitaria para la defensa de su territorio, sus derechos y sus medios de vida. Solo así, a través de la movilización y la judicialización, han podido frenar, en algunos casos, el avance de estos megaproyectos extractivos.
Si no se reforma esta ley minera “tan nociva para el medio ambiente, los derechos y para el propio país, no se detendrán los conflictos, la violación sistemática de los derechos de las comunidades y las afectaciones ambientales”, plantea la Colectiva Cambiémosla Ya, que está integrada por comunidades, movimientos, organizaciones y academia.
Aunque en muchas ocasiones las comunidades se han organizado y han exigido a las y los legisladores modificar esta ley y respetar sus derechos, “no hemos recibido respuesta positiva, nos han dado la espalda y han favorecido a los empresarios”, acusa Saul Morales, integrante del Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica.
Por su parte, Netzar Arreortúa, ex-comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez, en la Sierra norte de Juárez, Oaxaca, expuso en el Foro que “de enero del 2002 a abril de 2016 la Secretaría de Economía del Gobierno Federal otorgó 972 concesiones a empresas mineras en 90 municipios del estado de Oaxaca. Estas concesiones abarcan una superficie de 462 mil 972 hectáreas”.
Explicó que, aunque el estado tiene una gran riqueza biocultural por la diversidad de pueblos originarios que han manejado y conservado los recursos naturales, se concesionó casi medio millón de hectáreas a empresas que pretenden instalar proyectos opuestos a la sustentabilidad y bienestar de la población originaria.
En la comunidad indígena de Capulálpam de Méndez, que tiene una gran tradición de manejo y conservación del bosque y la biodiversidad, opera una compañía minera que ha ocasionado severos impactos ambientales como la contaminación de cuerpos de agua y la desecación de manantiales.
La empresa minera Natividad ha saqueado los recursos de la localidad por muchos años y sigue operando en total impunidad, incluso provocó que se le cancelara la autorización para el aprovechamiento forestal sustentable a la comunidad de Capulálpam, actividad de la que depende económicamente una gran cantidad de familias.
Netzar apuntó que en la Sierra Norte de Oaxaca hay 39 concesiones mineras vigentes que ocupan una superficie de 54 mil 856 hectáreas y que gran parte de ese territorio corresponde a bosques que se mantienen en un excelente estado de conservación debido al trabajo de manejo que realizan las comunidades y pueblos indígenas. “Hacemos un atento llamado a los legisladores para que, de una vez, se reforme esta ley que nos ha perjudicado tanto, hemos tenido que recurrir a la movilización pacífica y por la vía legal en contra de la minería y no somos escuchados. Pero seguiremos en la lucha por la defensa del territorio comunal, ¡sí a la vida, no a la mina!”
Saul Roque Morales, del Movimiento Morelense, en su participación en el Foro urgió a los legisladores a terminar con la exclusión de los pueblos indígenas y a dignificar los medios de vida en los que se desarrollan los pueblos y para ello hay que cambiar las leyes que atentan contra sus derechos como la Ley Minera vigente, que ha permitido el despojo de la tierra y los recursos de las comunidades.
También pidió honrar las luchas de las personas que han perdido la vida en la defensa de los derechos y el territorio, “muchos han caído a cusa de oponerse a proyectos mineros”.
Saúl Roque explicó que en la comunidad de Tetlama, Morelos, la compañía Esperanza Silver tiene sus oficinas y pretende operar un megaproyecto minero que sería catastrófico para la comunidad. “La empresa ha divido a la población y cooptado a las autoridades, además de desprestigiar a las personas que se oponen a su proyecto. Estas compañías operan de la misma forma en todo el país”.
“Mientras no se escuche las voces de los pueblos y se respeten nuestros derechos, estas empresas seguirán avanzando, devastando el territorio y saqueando los recursos”
. Apuntó que hay 17 concesiones mineras vigentes en Morelos y siete de ellas son las que nos afectan en la región sur-sureste del estado de Morelos.
Urgió a los legisladores a no ser “vendepatrias ni mercenarios que nos entreguen a las compañías mineras nacionales y extranjeras, ya es hora de que se respete a los pueblos, que somos los legítimos dueños del territorio. Tenemos que tener responsabilidad y dejar un buen legado para las generaciones futuras”.
El proyecto minero de la compañía Esperanza Silver, que cuenta con más de 16 mil hectáreas concesionadas, ubicadas en tres municipios del estado, incluyendo la zona arqueológica de Xochicalco, pretende extraer minerales como el oro, plata, arsénico, antimonio y mercurio, estos últimos minerales altamente tóxicos.
El Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica ha denunciado que la empresa junto con el gobierno local “han echado a andar una verdadera maquinaria de compra de voluntades entre las comunidades aledañas”.
El movimiento también ha señalado que la minería en esa región “trastoca por completo la capacidad autorregulación de los ecosistemas, del clima y microclimas de la región, la orientación de los vientos y la capacidad de recuperación de acuíferos”.
Además, “el ciclo del agua se desequilibraría debido al resecamiento de la zona circundante a los polígonos de las concesiones mineras, mientras la recarga de mantos acuíferos disminuiría a causa de la deforestación y la modificación de los escurrimientos naturales. Estos cambios tendrían impactos directos en el volumen de agua del acuífero de Zacatepec, que se alimenta del agua captada en la sierra del sur-poniente de Morelos, y actualmente es el único con disponibilidad de agua en el estado”.
Roberto de la Rosa, defensor de la vida y el territorio en Salaverna, Zacatecas, expuso en su ponencia en el Foro “Las voces olvidadas, En la Cámara de Diputados, que la minería cada día recurre a técnicas más destructivas y dañinas para el medio ambiente para la extracción de minerales.
La minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, se instaló en la región norte de Zacatecas, a pesar de la oposición de las comunidades. Con sus actividades y sus detonaciones para la extracción de minerales generó afectaciones en las viviendas del poblado de Salaverna. “Con esas actividades se fracturaron la mayoría de las casas, la comunidad se movilizó para interponer denuncias ante distintas dependencias de gobierno estatal y federal pero no se obtuvieron resultados muy positivos”.
La minera ofreció reubicar a la comunidad y construir pequeñas casas de mala hechura. Mucha gente se opuso, pero la minera se puso a ofrecer ayudas para que la gente aceptara reubicarse. “De esa manera pretendían despojarnos de nuestras tierras y nuestros medios de vida”, detalló Roberto de la Rosa.
A pesar de estas acciones de hostigamiento y de que el pueblo de Salaverna es ya un pueblo fantasma, Roberto de la Rosa se ha mantenido firme habitando en su pequeña casa, a punto de venirse abajo por las detonaciones de la mina, pero “seguiré en resistencia, porque desistir sería darles la razón”.
Por si fuera poco, la empresa junto con las autoridades locales, ha emprendido campañas de desprestigio contra los opositores a la mina y criminalizó la lucha. De hecho, el señor Roberto de la Rosa enfrentó dos procesos judiciales por su actividad de defensa del territorio.
También demandó a los legisladores “a reformar la Ley Minera para hacer que se respeten los derechos de nuestras comunidades y para detener la devastación ambiental que genera esta actividad. Tenemos la obligación de dejar un buen futuro para las siguientes generaciones”.
La industria minera no solo genera afectaciones en el terreno, también está generando impactos en los mares. Los proyectos de minería submarina generan afectaciones devastadoras en los ecosistemas y la muerte masiva de especies.
Tomás Camacho Bareño, integrante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, en Baja California Sur, explica que en el Golfo de Ulloa es un lugar de alto valor ecológico por la gran diversidad de especies marinas y las grandes poblaciones de especies de valor comercial.
En su ponencia en el Foro Las voces ignoradas. Comunidades afectadas y amenazadas por proyectos mineros, Tomás expuso que el Golfo de Ulloa está amenazado por la minería submarina para la extracción de fosfatos y sulfatos. Resaltó que la pesca artesanal en esa región en la fuente de empleo para miles de familias y que con la minería se pone en riesgo todo el ecosistema.
Detalló que en 2012 las empresas mineras comenzaron con trabajos de exploración en el Golfo y que meses más tarde se registraron muertes masivas de peses y otras especies. Ante esta situación, los pescadores emprendieron una movilización para frenar esas actividades mineras y la empresa Exploraciones Oceánicas, responsable de las actividades mineras en la región, comenzó una estrategia de “compra de voluntades ofreciendo apoyos y recursos a la comunidad”.
Cuando se llevó a cabo la primera reunión pública sobre la manifestación de impacto ambiental para el proyecto de minería submarina en el Golfo de Ulloa, denominado “Don Diego”, las personas asistentes señalaron todas las inconsistencias y falsedades del documento.
Tomás Camacho apuntó que la empresa se inconformó y emprendió acciones más intimidantes como denuncias penales contra un periodista y contra dirigentes de la Cooperativa pesquera por oponerse al proyecto.
En este caso se repiten las mismas acciones de las empresas de dividir a la población, minimizar los impactos potenciales de sus proyectos y comprar a las autoridades parao obtener los permisos de operación. Solo se fijan en sus utilidades sim importar las afectaciones al medio ambiente ni las afectaciones a la población. Nos quieren despojar de nuestros medios de vida, la principal fuente de empleo.
Lamentó que “a los pescadores se nos imponen todas las restricciones posibles, pero aun proyecto tan dañino y nocivo como la minería submarina hacen todo lo posible por hacer que opere. Pero seguiremos en resistencia; no a la mina submarina y no al proyecto Don Diego”.
La Colectiva Cambiémosla Ya ha desarrollado una serie de propuestas de reforma a la ley minera que incluyen seis temas prioritarios: 1. Eliminar el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería; 2. Hacer efectiva la libre determinación de los pueblos y el derecho de decidir sobre sus territorios, estableciendo mecanismos para la participación efectiva y vinculante; 3. Modificar el régimen de concesiones para evitar la privatización de facto del territorio y de los bienes naturales; 4. Eliminar los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y al agua; 5. Fortalecer el cuidado del ambiente, los sitios sagrados y los derechos humanos y; 6. Transparentar información y detener la captura corporativa.
Las propuestas de la Colectiva se han traducido en cuatro iniciativas de reforma a la Ley que ya han sido presentadas en la Cámara de Diputados y turnadas a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su dictamen. “Esperamos que haya interés y voluntad política para llevar a cabo estas reformas tan importantes, porque llevamos muchos años de afectaciones al ambiente, la salud y con altos costos de pérdida de vidas por esta industria”, resaltó Jorge Peláez, investigador y profesor de la Universidad iberoamericana en el Foro “Las voces ignoradas. Comunidades Afectadas y amenazadas por proyectos mineras, celebrado en la Cámara de diputados el 8 de febrero.
Además, explicó que “no existe la minería sustentable”, que toda la actividad minera genera impactos ambientales y la mayoría de las veces irreversibles, por lo que los territorios y la gente que los habita solo reciben pérdidas, mientras que los inversionistas mineros se llevan ganancias inmensas. Añadió que ni el Estado mexicano se beneficia de la industria minera, puesto que los impuestos que recaba de la actividad no son significativos para la economía del país: los ingresos obtenidos por el Estado correspondientes al sector de minerales metálicos y no metálicos representaron en 2019 el 0.13% de lo recaudado en el año fiscal.
Por esto, Cambiémosla Ya llamó a los legisladores a reformar la Ley Minera, para garantizar los derechos de las personas y proteger el ambiente, en vez de defender a una industria que no genera beneficios ni a la gente ni a la economía nacional. “La minería no detona procesos productivos permanentes que generen bienestar para las comunidades en las que se instalan estos proyectos”, explicó Peláez.