10 agosto, 2023, Por: Gerardo Suárez
La industria minera ha sido responsable de un sin numero de violaciones a derechos de las comunidades y pueblos en México; esto debido a un marco legal excesivamente laxo que permitió entregar más de 29 mil concesiones mineras de 1992 a la fecha sin siquiera notificar a los legítimos dueños de los territorios y mucho menos consultar a las comunidades y pueblos originarios.
Ninguna de las concesiones mineras se ha otorgado con un proceso de consulta previo, lo cual constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Además, la ley minera del 92 le otorgaba el carácter de preferente a la actividad minera sobre cualquier otro uso del territorio y le daba acceso preferente al agua, aun cuando el recurso fuera escaso y se pusiera en riesgo la disponibilidad para abastecer a la población.
La voracidad de las empresas mineras por saquear los recursos de los territorios rurales sin generar ningún tipo de beneficio para las comunidades, ya que los municipios con mayores volúmenes de extracción de metales como el oro y la plata se encuentran entre los más pobres del país. Además, generalmente en las regiones en las que se instalan los proyectos mineros se generan escenarios de conflictividad y recrudecimiento de violencia.
Por todas estas afectaciones a sus territorios las comunidades y pueblos indígenas han emprendido movimientos de resistencia para la defensa contra las empresas y proyectos mineros. A pesar de que el marco legal es sumamente favorable a las empresas mineras que tienen un gran poder económico y de presión para la captura de las instituciones, muchas comunidades han logrado de detener y expulsar a las empresas mineras, como la comunidad de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, Puebla.
Algunas otras comunidades y municipios enteros han declarado sus territorios libres de minería y de cualquier tipo de proyecto extractivista que pueda dañar su territorio, salud, ecosistemas y medios de vida. Acacoyagua en Chiapas; Libres en Puebla; Zanatepec en Oaxaca; y San Luis Acatlán en Guerrero son algunos de los municipios que se han declarado libres de minería, lo cual implica que no autorizarán el cambio de uso de suelo para actividades mineras.
A estos municipios se suma Miacatlán, Morelos, que este 8 de agosto -en la conmemoración del natalicio del general revolucionario Emiliano Zapata- se ratificó como municipio libre de minería. En el auditorio del ayuntamiento el presidente municipal, junto con su cabildo, presentaron el acuerdo por el que se declara al municipio como libre de minería.
Este acuerdo es muy importante para la comunidad, ya que es un respaldo paras impedir que le municipio otorgue el cambio de uso de suelo a la empresa minera Esperanza Silver, quien tiene 6 concesiones mineras con una extensión acumulada de 14 mil 300 hectáreas en la región poniente del estado de Morelos y varias de esas concesiones caen sobre el territorio de Miacatlán, así como en los municipios vecinos de Xochitepec, Coatetelco y Temixco.
La investigadora y académica, Lilian González Chévez explica que es muy importante que el municipio haya decretado a Miacatlán como libre de minería porque para que la minera pueda iniciar sus actividades de explotación requiere de tres autorizaciones: la primera es la concesión que le otorga la secretaría de Economía; la segunda es la aprobación de la manifestación de Impacto ambiental por parte de la Secretaría de medio Ambiente y Recursos naturales -que ha sido negada- y luego necesitan la autorización del cambio de uso de suelo por parte del municipio y con esta declaratoria el edil ya no los autorizará.
La investigadora forma parte del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto de Metales, quienes, junto con las comunidades, ejidos y otros movimientos sociales de la región, han trabajado arduamente en la prohibición de la minería en la entidad por los severos impactos negativos que genera esta actividad extractiva al ambiente y a la salud de las personas.
El proyecto minero de la empresa Esperanza Silver, de capital canadiense, se encuentra en fase de exploración. Inicialmente su proyecto de extracción de oro y plata se centraba en un tajo en los cerros del Jumil y Colotepec en Temixco, pero ya anunciaron que comenzarán a hacer exploración en otros cinco puntos de los polígonos que tienen concesionados y que impactarían a los municipios de Coatetelco y Xochitepec. Afortunadamente, explica Lilián González que Xochitepec ya también se declaró municipio libre de minería y Coatetelco está en proceso de hacer lo mismo.
El Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto, que forma parte de la Colectiva Cambiémosla Ya y que impulsa la reforma en el marco legal minero para salvaguardar los derechos de las comunidades y proteger el ambiente, refiere que el municipio de Temixco no se ha declarado libre de minería porque la empresa minera les prometió inversión en obra pública. Se están dejando engañar porque las mineras no generan bienestar para la población son solo dadivas para obtener los permisos de explotación.
La investigadora señala que la declaratoria de Miacatlán de municipio libre de minería también es importante porque ha hecho que las acciones de la empresa minera en la bolsa caigan. Llevan más de 10 años ganando dinero sin haber extraído ni un gramo de oro porque se dedican a la especulación financiera y esto ocurre con todas las concesiones.
La reciente reforma a la Ley de Minería del país prohíbe el traspaso de títulos de concesión minera sin autorización de la Secretaría de Economía, esto permitirá terminar con el mercado negro de concesiones que favorecía la especulación y que les generaban enormes ganancias a los titulares sin tener que invertir y sin generar beneficios para el país ni para los dueños de los territorios concesionados.
La principal motivación del Movimiento Morelense para luchar contra la instalación del proyecto minero es porque “si la empresa obtiene su permiso de explotación, en menos de una década habrá alterado el ecosistema y degradado el suelo agrícola y silvícola; las áreas de uso común pasarían a ser privadas para la minería y se perderían lso medios de vida de muchas familias”.
Lilián Gonzáles plantea que “toda la destrucción del paisaje es solo para que las empresas saqueen el oro y los metales del subsuelo y sin pagar regalías al Estado mexicano. Del oro que se saca en México no hay un porcentaje que se quede el país, no se sabe ni cuánto oro se extrae, esto es inadmisible”.
Otra gran preocupación de la ciudadanía de Miacatlán y de los municipios vecinos es la disponibilidad del agua, porque la minería es una industria que depreda el recurso y lo contamina. La minera Esperanza Silver ya abrió su primer pozo subterráneo en Tetlama y tiene planeado abrir otros dos pozos, esto generará escasea y contaminación por eso debemos evitar que se instale en nuestra región”.
Además de la escasez del agua, los pobladores quieren evitar que las detonaciones de las actividades de explotación derriben sus casas o que tengan que ser reubicados en otros predios. Temen las afectaciones a su salud y las lesiones físicas que provocaría la actividad de la mina. Asimismo, ya están padeciendo en algunas regiones la conflictividad social porque la empresa ofrece beneficios a muy pocas personas y al resto nada, esto genera división y rompe el tejido social.
La Secretaría de medio ambiente (Semarnat) elaboró un estudio socioambiental sobre los posibles impactos negativos que traería a la región el desarrollo de la mina de Esperanza Silver y determino que generaría severos danos al ambiente y potenciales riesgos en la salud de las personas.
La investigación de la autoridad ambiental federal recalca que “los impactos ambientales por la extracción y aprovechamiento minero se traducen en la imposibilidad de desarrollar actividades económicas sustentables debido a la contaminación de la tierra y del agua superficial y subterránea. Además, al ser una actividad de alta demanda de agua, representa un potencial riesgo de escasez de este recurso en la región”.
En el evento de ratificación de Miacatlán como municipio libre de minería, celebrado en el Ayuntamiento del mismo municipio el 8 de agosto, Agustín Ávila, jefe de despacho del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) señaló que “de operar la mina en la región tendríamos una afectación muy grande al ambiente, particularmente en el agua, en cuanto a contaminación y disponibilidad”.
El funcionario federal resaltó que “tenemos que defender el derecho humano al agua. No puede estar el derecho de las empresas por encima del derecho de las personas”.
De igual forma planteó que el dictamen socioambiental que elaboró la dependencia a su cargo evidencia si operará la mina tendríamos afectaciones en los bosques, la vegetación primaria y en la biodiversidad. Se perdería la fauna y la disponibilidad de agua.
Asimismo, “la actividad de la mina provocaría mala calidad del aire y provocaría enfermedades respiratorias y se exacerbaría el incremento de la temperatura, la disminución de las lluvias y afectaciones crecientes al cambio climático”.
Además del evento de la firma de la ratificación de municipio libre de minería en Miacatlán se inauguró la exposición fotográfica “Así se ve la Minería en México” que reúne imágenes que evidencian las severas afectaciones al ambiente y a la población que causan los proyectos mineros en todo el país. Las fotografías forman parte de la Documentación Colectiva Así se ve la minería en México que coordinó la Colectiva Cambiémosla Ya.
Se montó la exposición con el objetivo de que las personas puedan darse cuenta, de primera mano, de las graves afectaciones que provocan los proyectos mineros en los territorios y para que no se dejen engañar por las falsas promesas de las empresas que pretenden saquear su territorio.
Cecilia Navarro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y de la Colectiva Cambiémosla Ya, resaltó que “se necesita valor y compromiso con la población para tomar la decisión de declararse municipio libre de minería”. Cuando llega un proyecto minero a una región dividen a la gente, el agua se agota y la que queda está contaminada; se generan fenómenos de desplazamiento forzado como ocurre en Guerrero.
La lucha desde el territorio, como la de Miacatlán y las comunidades de la región poniente de Morelos es fundamental para proteger los derechos y el territorio.