13 abril, 2016, Por: Sergio Madrid Zubirán
A pesar de que el territorio mexicano ha sufrido un fuerte proceso de deforestación durante los últimos 50 años, la superficie cubierta por bosques y selvas sigue siendo aun de gran importancia; de hecho México ocupa el 12º lugar a nivel mundial por su extensión forestal. Así pues, el país cuenta con más de 56 millones de hectáreas cubiertas por vegetación forestal que hoy en día están principalmente bajo dos regímenes de tenencia de la tierra: propiedad privada y propiedad social.
Este último régimen, el de propiedad social, es fruto de un enorme proceso de reforma agraria que siguió a la Revolución de 1910 y que permitió el reconocimiento de la propiedad ancestral de la tierra a comunidades indígenas y el reparto y titulación de tierras a campesinos solicitantes para la conformación de los ejidos. Ese proceso de reforma agraria fue llevado a gran escala, por lo que hoy día en México existen 30,000 ejidos y comunidades que tienen títulos de propiedad, de los cuales 15,000 están cubiertos en alguna medida por bosques o selvas que representan más del 60% de la totalidad de la superficie forestal del país.
Si bien durante los años treinta y principios de los cuarenta desde el gobierno se impulsaron las cooperativas forestales y el manejo de áreas de uso común, a partir de 1950 el país entró en retroceso en este sentido. Desde entonces y por más de tres décadas, los territorios de las comunidades y ejidos que estaban cubiertos por bosques de valor comercial fueron concesionados a empresas privadas y paraestatales. Sólo a finales de los años setenta y principios de los ochenta se abrió una nueva época en los montes de México. Fueron los años de lucha de las comunidades de las sierras de Oaxaca y de Durango, de las selvas de Quintana Roo y Campeche, contra esas concesiones que desde el sexenio de Miguel Alemán se habían otorgado, vulnerando los derechos de los ejidos y comunidades que los poseían y habitaban. Como fruto de esta lucha campesina se logró abrir un espacio en el gobierno federal para dar cauce a las propuestas de las comunidades: que los permisos de aprovechamiento forestal se expidieran únicamente a los legítimos dueños de la tierra.
Bajo este contexto y gracias a la apertura de algunos funcionarios progresistas fue posible avanzar hacia la construcción de lo que se ha llamado el “manejo forestal comunitario”, un modelo de conservación y desarrollo forestales que aún hoy es el rasgo distintivo del sector en el país. Se trata de la apuesta por el control comunitario de los procesos productivos, por el aprovechamiento de la madera como motor de la conservación del bosque y motor del desarrollo local, y por mantener la propiedad social de la tierra como característica primordial.
La lógica de este modelo, al menos en términos generales, ha sido clara: si los bosques son administrados por sus dueños y se toman las debidas precauciones a la hora de la extracción de la madera y otros productos forestales, los ingresos por la venta de esos productos generará incentivos para la población local para conservar y proteger los bosques, y permitirá dinamizar la economía y el desarrollo local. Al mismo tiempo, la propiedad social permitirá alcanzar las escalas necesarias para una actividad que requiere grandes extensiones y hará posible incluir a más gente en los beneficios del manejo y la conservación.
En México, los elementos clave que permitieron la construcción de ese modelo fueron sin duda la titulación de los territorios comunitarios, la propiedad social de la tierra y el reconocimiento legal al derecho de las comunidades a usar y aprovechar los recursos del bosque. Con estos elementos se han generado las bases para que el manejo de los territorios forestales por parte de grupos campesinos se convierta en uno de los motores del desarrollo de regiones campesinas y de la conservación de los ecosistemas. Comunidades y ejidos en todas las regiones de país han realizado avances significativos. En las regiones norte, centro, sur y Península de Yucatán operan más de 600 empresas forestales comunitarias con diferentes niveles de integración, y muchas de ellas tienen ya más de un cuarto de siglo de historia.
Hoy día las bases legales, el capital social generado por las comunidades y las capacidades acumuladas en tres décadas de silvicultura comunitaria dan a las regiones campesinas un enorme potencial. Sin embargo, actualmente este potencial se ha visto seriamente limitado debido a diversos obstáculos generados por la falta de un compromiso serio de parte de la administración gubernamental para el desarrollo de las comunidades rurales.
En el medio rural, las inversiones del Estado para los renglones de infraestructura, investigación y financiamiento están siendo concentrados en regiones de alta productividad como el Bajío, o el sinaloense Valle del Fuerte, y van dirigidas al impulso de empresas intensivas en capital, que concentran la riqueza y deterioran el medio ambiente con el uso permanente de herbicidas, insecticidas y fertilizantes. En cambio, para regiones campesinas la apuesta gubernamental es pobre y asistencial. Las instituciones de gobierno valoran poco las economías campesinas y las califican de no-competitivas y no sustentables.
En consonancia con lo anterior, las regulaciones para el aprovechamiento de los recursos del bosque son excesivas, complicadas y generan costos muy altos para la operación de las empresas forestales comunitarias. El manejo legal del bosque implica cumplir con múltiples requisitos, variados trámites y diversos pagos. Esta sobrerregulación que padecen los productores forestales se alimenta también de los múltiples lineamientos técnicos y administrativos que se tienen que cumplir para mantener los permisos gubernamentales.
Además las políticas hacia las regiones forestales están poniendo su prioridad al tema de la conservación pasiva de los bosques, en lugar de impulsar la producción sustentable. Esto, sumado al fuerte sesgo asistencialista de los programas de apoyo al campo, entorpece los esfuerzos por hacer de la silvicultura comunitaria el motor del desarrollo en las regiones forestales.
Frente a la problemática arriba descrita, las comunidades rurales están siendo impactadas de manera importante. Si bien mas de 600 ejidos y comunidades operan sus propias empresas forestales comunitarias, muchas de ellas se encuentran enfrentando serios problemas técnicos y financieros. Además, existen cerca de 1,800 ejidos que tienen un permiso de aprovechamiento pero que no han logrado aún avanzar hacia la conformación de sus propias empresas y están reproduciendo un esquema rentista que les reditúa muy pocos beneficios en términos ambientales, sociales y económicos. Al contrario, estos esquemas rentistas han provocado un fuerte deterioro a los recursos forestales y no se han generado capacidades ni oportunidades para integrar a los jóvenes, a las mujeres y a los avecindados.
Pese a todo ello, en nuestro país la oportunidad sigue ahí, y son muchas las comunidades forestales que mantienen su apuesta por el desarrollo sustentable. Aprovechando su tozudez, multiplicando sus capacidades, apoyando su resistencia en defensa de los recursos naturales, es posible conservar los bosques y alcanzar mejores condiciones de vida.
En este marco el Consejo Civil genera propuestas de cambios en las políticas públicas orientadas a abrir oportunidades que permitan aprovechar esta fuerza para el desarrollo de las regiones campesinas. Sería un grave error desperdiciar las capacidades de la población rural, dejar que se diluya el capital humano y permitir que se erosione la propiedad social. Para aprovechar la capacidad de la población rural debe consolidarse una estrategia gubernamental que apueste de manera efectiva por las comunidades locales y por el manejo sustentable de bosques y selvas. Esto permitirá realizar el potencial del país en la materia y desarrollar economías locales, generando ingresos y alternativas productivas en lugares donde hay pocas opciones, y conservando recursos y servicios ambientales imprescindibles para todos.
El CCMSS contribuye a generar un proceso de cambio en la relación del Estado con las regiones forestales, que permita a las instituciones poner el énfasis de sus programas en la activación el aprovechamiento del bosque bajo administración comunitaria pero promoviendo la participación activa de los jóvenes, avencindados y mujeres. Además el CCMSS incide en el diseño e implementación de las políticas públicas para promover la eliminación del clientelismo de la práctica gubernamental, para lograr que la inversión en capacidades reemplace al asistencialismo, y para que la regulación sea rediseñada de tal forma que verdaderamente favorezca el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales, y no para que añada más trámites a una lista de por sí larga.
Con esto creemos que estamos contribuyendo a construir un país que aspira a un futuro próspero en lo económico, más incluyente en lo social y más sustentable en lo ambiental.