14 febrero, 2017, Por: Genaro Madrid
El reciente fallo de la Corte Constitucional es un valioso precedente que reconoce el derecho de los grupos indígenas sobre sus tierras.
Históricamente, los pueblos indígenas y comunidades alrededor del mundo han sostenido una lucha incansable en defensa de sus territorios. En el caso de América Latina, con una población indígena de aproximadamente 45 millones de habitantes, equivalente al 8% de la población total, esta lucha ha sido férrea y tiene una relevancia particular.
Una buena parte de los bosques y selvas latinoamericanos son habitados por indígenas. Sin embargo, muchas de estas comunidades no tienen derechos formales a estas tierras, o los tienen legalmente pero en la práctica no se les reconoce. Esto dificulta significativamente la defensa de dicho territorio frente a intereses que van en contra del bienestar de las comunidades y de los propios bosques y selvas.
A lo anterior se debe la importancia de generar precedentes a favor de la causa de dichas comunidades; en Colombia recién se registró un triunfo histórico en este sentido. La Corte Constitucional de este país falló a favor del pueblo Embera Chami, perteneciente al Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. La sentencia no solo otorga registro provisional sobre estas tierras y obliga a que en el lapso de un año estas sean delimitadas y tituladas formalmente, también reconoce el derecho de este pueblo a continuar con sus prácticas ancestrales de extracción mineral y, en cambio, prohíbe las actividades de las compañías mineras.
Al respecto, Viviane Weitzner del Forest People Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques), celebró:
Es una decisión histórica para los pueblos indígenas de Colombia y del mundo entero. Reconoce la legitimidad de la autorregulación indígena de los recursos del subsuelo dentro de sus territorios, retirando la etiqueta de ilegal a una actividad de importancia espiritual, cultural y económica que se ha estado desarrollando durante siglos sin usar sustancias nocivas. La Corte está instando al Estado a hacer más para proteger los derechos territoriales indígenas, aplicando normas internacionales a la demarcación y titulación de las tierras y garantizando que la futura toma de decisiones incluya el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del cabildo.
Si bien existen numerosos estudios e informes que advierten el papel decisivo de las comunidades indígenas en la conservación de los bosques y selvas, un factor fundamental para que estas puedan desempeñarlo es la certeza en la tenencia de la tierra. La falta de ésta complica, o incluso impide, tanto la protección como el aprovechamiento de estos territorios. Precisamente por eso celebramos la relevancia de este fallo, un caso histórico en Colombia y, sin duda, una decisión ejemplar para el resto del mundo.
* Imagen: Alexander Rieser.