7 abril, 2017, Por: Gerardo Suárez
“En la naturaleza esta la preservación del mundo”, dijo alguna vez Thoreau. Cada vez es más evidente que la conservación de los ecosistemas será la gran inversión del futuro. Que los bosques, en buena medida, dictarán el destino de las sociedades y es vital defenderlos.
La lucha por la conservación de los ecosistemas forestales ha encontrado un gran aliado en el manejo sustentable y comunitario de sus recursos. Por ejemplo, México almacena más de 4 mil millones de toneladas de carbono en sus bosques. De esta cifra, poco más de la mitad se encuentra en territorios comunales. A su vez, representa más de la mitad de las reservas de carbono almacenadas en todo Mesoamérica.
El reconocimiento de los derechos a la tierra ha conseguido estos y otros logros en México y en el mundo. Es el caso de la reducción de la deforestación –y, por consecuencia, la reducción de emisión de gases derivados de este proceso, cuya cifra corresponde al 11% de las emisiones anuales mundiales–. Al respecto, en el estudio Asegurando derechos, luchando contra el cambio climático, el World Resources Institute concluye que “cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales no tienen derechos jurídicos, o estos derechos son débiles, sus bosques tienden a ser vulnerables a la deforestación”. El estudio también enuncia que los derechos forestales y su protección gubernamental tienden a reducir la deforestación, y por consecuencia, las emisiones de dióxido de carbono. Así, por el contrario, las acciones gubernamentales que excluye u omiten estos derechos, podrían generar elevados niveles de dióxido de carbono y contribuir a una taza alta de deforestación.
El documento emite unas serie de recomendaciones que los gobiernos y responsables de elaborar políticas forestales, deberían reconocer y tomar en cuenta a la hora de proponer regulaciones forestales. Se trata de cinco puntos básicos para construir marcos jurídicos y estrategias que, en vez de onerosos y restrictivos, resulten en una suerte de defensa y apoyo para los involucrados en este sector:
1. Conceder a los pueblos indígenas y las comunidades locales el reconocimiento jurídico de los derechos a sus bosques.
2. Proteger los derechos forestales legales de las comunidades.
3. Apoyar a las comunidades con asistencia técnica y capacitación.
4. Hacer partícipes a las comunidades en la toma de decisiones sobre las inversiones que repercuten en sus bosques.
5. Remunerar a las comunidades por los beneficios climáticos y de otro tipo que se derivan de sus bosques.
Históricamente los gobiernos han dudado de la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades rurales para manejar de forma sostenible sus bosques. Se impidió que los aprovecharan y se gastaron fortunas en estrategias diversas que resultaron más costosas y menos efectivas. Derivado de una vasta cantidad de estudios de campo como el mencionado, y gracias a compromisos internacionales como el Acuerdo de París y las Metas de Aichi, este paradigma es ya obsoleto.
Actualmente son muchos los países que están apostando a reconstruir comunidades locales que practiquen un manejo responsable de sus recursos, a la par que se mitiga el cambio climático, se enfrentan obstáculos para asegurar la alimentación de todos y se generan ingresos locales y nacionales.
Hoy es innegable que las comunidades forestales son un factor clave en el camino hacia un planeta sostenible.