9 abril, 2018, Por: Gerardo Suárez
Existe una contradicción evidente entre los compromisos internacionales en materia de cambio climático contraídos por México y las políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano que afectan al sector forestal.
México presenta un enorme potencial productivo y de captura de carbono, puesto que el 60 por ciento de la superficie nacional corresponde a ecosistemas forestales. No obstante, la intervención gubernamental en las regiones forestales ha sido errática y ineficaz para detener los procesos de deforestación impulsados por los grandes desarrollos y proyectos vinculados con la minería, el turismo y la agroindustria.
La administración gubernamental saliente se planteó reactivar la producción forestal para que las comunidades rurales encontraran alternativas de empleo alrededor del manejo del bosque, sin embargo, sus metas no se cumplieron; en cambio, tuvieron enormes avances las concesiones mineras sobre territorios forestales así como la siembra y cultivo del aguacate, el agave, la soya y la palma africana sobre terrenos que pocos años antes estuvieron cubiertos por bosques.
De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de México, elaborado y recientemente actualizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los bosques y selvas del territorio mexicano absorben 148 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que representa un 20 por ciento de las emisiones totales del país.
Las emisiones de gases de efecto invernadero de México, actualizadas a 2015, suman 685 millones 959 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Por lo cual, descontando el volumen mitigado por los bosques y selvas, las emisiones netas generadas en nuestro país ascienden a 535 millones toneladas.
Por esta razón, la directora general del INECC, María Amparo Martínez Arrollo, señala que el manejo y conservación de los bosques y selvas debe de ser un eje rector de la política ambiental, debido a su importancia en términos de mitigación del cambio climático.
De acuerdo con la más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones, las actividades económicas que generan más emisiones de gases de efecto invernadero en el país son el sector energético con el 64 % –incluye actividades de quema de combustible y transporte—, con 480 millones de toneladas de CO2e; y en segundo lugar se encuentra el sector ganadero, que emite 71 millones de toneladas, lo cual representa el 10 por ciento de las emisiones totales del país.
Cabe señalar que la ganadería es uno de los principales factores que propician el cambio de uso de suelo en los territorios forestales, poniendo en riesgo la capacidad de mitigación de emisiones de México. Existe una abierta contradicción en política pública en tanto que las actividades ganaderas reciben una cantidad mayor de apoyos gubernamentales comparados con los que se ofrecen para incentivar el manejo y aprovechamiento forestal sustentable.
Ante las disparidades existentes entre los diferentes programas de incentivos gubernamentales, no sorprende que los propietarios de terrenos forestales opten por implementar otro tipo de actividades productivas distintas a la silvicultura sostenible, como son la agricultura y la ganadería, en detrimento de la conservación de bosques y selvas.
A pesar de los beneficios en términos ambientales y sociales que representa el manejo sustentable de los recursos forestales no existe un esquema de compensación apropiado para las comunidades que gestionan y conservan los bosques. La administración gubernamental en los últimos años eliminó, dentro de los ejes de política forestal, el impulso al manejo forestal comunitario. Un eje de política que permitió que en el pasado que mas de 900 ejidos y comunidades integraran su propia empresa forestal y se pudiera avanzar en una estrategia que logró poner bajo protección y manejo sustentable a mas de 8 millones de hectáreas de selvas y bosques.
Las actividades de conservación que realizan miles de ejidos y comunidades en sus territorios genera servicios ecosistémicos de calidad, como la absorción de carbono, la recarga de mantos freáticos, la conservación del suelo y la biodiversidad, la regulación de la temperatura e incluso la preservación de la belleza escénica. Por ello resulta de enorme importancia que las políticas forestales en México incluyan al manejo forestal comunitario como uno de los elementos fundamentales.