22 mayo, 2018, Por: Gerardo Suárez
El patrimonio natural de México se encuentra en un proceso de deterioro grave. La presión sobre los recursos y los territorios es cada vez mayor, y la legislación coadyuva que se privilegie el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, de actividades extractivas de recursos y los cambios de uso del suelo. Mientras que, las actividades de manejo sostenible de los recursos naturales, como el manejo forestal comunitario, enfrentan una regulación excesiva que orilla a los dueños de los recursos y los territorios, principalmente comunidades y ejidos, a optar por otros esquemas productivos que erosionan el suelo y depredan los recursos como la agricultura de monocultivos, el “rentismo” o la ganadería expansiva.
Ante este panorama, y en vísperas de las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) elaboró la Agenda Ambiental 2018, un documento que analiza el estado de los recursos naturales y la política ambiental del país. Además, propone una serie de medidas que podrían ayudar a superar grandes problemáticas que enfrenta el país en materia ambiental.
El documento, coordinado por la dra. Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del consejo directivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explica que en este proyecto participaron más de 40 especialistas de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro Geo), y de organizaciones de la sociedad civil como el CCMSS, entre otros.
La Agenda Ambiental aborda el tema de la gestión y problemática del agua, la biodiversidad, los bosques, el proceso de transición energética, las ciudades, los mares y costas, la minería, agricultura y los derechos humanos asociados a la gestión ambiental.
En el diagnóstico del sector forestal, se destaca un panorama de estancamiento productivo que se traduce en un déficit de la balanza comercial de productos forestales del país de 7 mil millones de dólares. De los 20 millones de metros cúbicos de madera que se consumen en México, solo se producen 7 millones.
Este déficit productivo se debe, entre otras cosas, a la excesiva carga regulatoria, “la complejidad de la tramitación de permisos y autorizaciones asociados al manejo forestal genera tiempos y costos excesivos que desincentivan a los productores legales y favorecen la ilegalidad”.
Así mismo, el sector carece de infraestructura suficiente para llevar a cabo las labores de aprovechamiento, transporte, transformación y comercialización de la producción forestal; presenta una limitada investigación científica y una reducida inversión en la generación de capacidades técnicas”, plantea el diagnóstico elaborado por el dr. Gonzalo Chapela, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y miembro del CCMSS, en colaboración con Sergio Madrid, director ejecutivo del CCMSS y la Dra. Leticia Merino.
La sobrerregulación que obstaculiza el aprovechamiento y manejo legal de los recursos forestales por parte de los dueños de los territorios forestales, principalmente comunidades y ejidos, abre las puertas al clandestinaje y la tala ilegal. “Al menos el 70 por ciento de la madera que se consume en México (14 millones de metros cúbicos de 21 millones) tiene origen ilegal” indica el análisis.
La corrupción, la falta de supervisión de los canales de comercialización y la aplicación discrecional de la regulación incentivan estas prácticas ilegales que tienen fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales, refiere el diagnostico.
Es imperativo que el sector forestal supere estos retos que lo mantienen estancado y en un proceso de deterioro y pérdida de la cobertura forestal. “Los bosques, selvas y vegetación de otros tipos abarcan más del 60 por ciento del territorio del país; representan el sustento de decenas de miles de familias, albergan una altísima diversidad biológica y prestan servicios ambientales fundamentales (captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos, hábitat para la biodiversidad)”, detalla el documento.
El análisis propone que la política forestal tenga como “ejes centrales el manejo forestal comunitario sustentable y con visión ecosistémica, paisajística y territorial; la integración de redes locales y regionales de valor; y la intervención gubernamental con enfoque territorial”.
Igual de importante, es “mejorar la regulación y la aplicación de las normas, el fortalecimiento de las empresas sociales, el control de los canales de comercialización y la demanda, la diferenciación en el mercado de productos de origen legal”. Las compras de gobierno de productos forestales de origen legal, procedentes, preferentemente de comunidades, podrían ser un aliciente para reactivar la producción legal.
Es bien conocido que las comunidades forestales del país a lo largo de los siglos han resguardado la diversidad biológica a través de sus labores de manejo y aprovechamiento sustentable. El manejo de los bosques y selvas por comunidades, ejidos y pueblos indígenas juega un papel central para la conservación de estos recursos, pues realizan labores de control de plagas y de incendios, realizan recorridos de vigilancia y de mantenimiento de los bosques. “Alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir 25% de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, bajo esquemas como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
Desafortunadamente, estas labores de manejo y conservación no son valoradas ni retribuidas a las comunidades como se debería. Las compensaciones que reciben a manera de pagos por servicios ambientales, son escasos en comparación con la importancia que tiene la provisión de agua de calidad, la captura de carbono, la retención de los suelos y la conservación de la biodiversidad.
Por ello, también se propone dar visibilidad, apoyo e incentivos a las iniciativas comunitarias de conservación; mejorar la ejecución de los programas de pagos por servicios ambientales y generar figuras de conservación como “paisajes bioculturales” con presencia de actividades productivas sustentables”, como la apicultura.