26 junio, 2018, Por: Gerardo Suárez
La vigilancia y la persecución no son la respuesta para procurar la conservación de la biodiversidad. “No podemos poner a un policía o soldado detrás de cada árbol, necesitamos fortalecer la gobernanza local e impulsar los proyectos productivos de manejo de la biodiversidad”.
No solamente las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son los lugares dónde se conserva la biodiversidad; también en los paisajes productivos, con actividades de manejo y uso sostenible, ahí se encuentra más del 50 por ciento de la biodiversidad, y dónde se desarrollan esfuerzos importantes para la conservación, asegura el doctor Pedro Álvarez Icaza, coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Desafortunadamente, las zonas con mayor biodiversidad coinciden perfectamente con los municipios de alta marginación. De acuerdo con un estudio de la Conabio en el que se destacan los municipios denominados prioritarios para la conservación por su gran riqueza biológica (495 municipios), 201 de ellos están catalogados como de alta marginación; 68 municipios con marginación media y 182 con marginación baja. En estas localidades habitan más de 17 millones de personas. “Eso refleja que algo estamos haciendo mal, porque a pesar de vivir en ecosistemas con tantos recursos naturales, estas comunidades no han podido mejorar sus condiciones de vida”, lamenta.
Muchas veces, las restricciones excesivas para emprender proyectos productivos, la falta de acompañamiento técnico e inversión en infraestructura productiva, merman las posibilidades de estas comunidades (indígenas, en la mayoría de los casos), de acceder a un mejor nivel de vida.
Pedro Álvarez apunta que el manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad es la mejor forma de conservarla y enriquecerla, por ello es importante avanzar hacia esquemas de gestión con un enfoque de paisaje y no con políticas sectoriales.
Por otra parte, en México hay 182 Áreas Naturales Protegidas que comprenden una superficie de 90 millones de hectáreas, de las cuales 20 millones de hectáreas corresponden a superficie terrestre y 69 millones de hectáreas son insulares.
Este esquema de protección de la naturaleza ha permitido detener la invasión de algunas actividades extractivas que son altamente contaminantes y dañinas para el ambiente como los proyectos de hidrocarburos. Sin embargo, la minería, que es altamente dañina para el medio ambiente y la biodiversidad, aun tiene la puerta abierta para su práctica en las ANP. Asimismo, en muchas de las áreas protegidas se registran altas tasas de deforestación y de saqueo de biodiversidad por la falta de vigilancia.
El presupuesto destinado a la gestión de las ANP es de apenas un 3 por ciento del total de presupuesto destinado al sector ambiental. De hecho, en el presente sexenio el presupuesto para el sector ambiental se ha reducido en un 30 por ciento. Con el presupuesto de 2017, cada trabajador de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tendría bajo su resguardo 70 mil hectáreas. La inversión por hectárea bajo ANP es de solo $12.46 pesos.
Es necesario canalizar más recursos al rector ambiental, subraya Álvarez Icaza, pero invertirlos no solo para fortalecer la vigilancia y monitoreo de estas áreas, sino en el fortalecimiento de la gestión sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades y pueblos indígenas dueños de esos territorios; y alinear las políticas y programas de subsidios, porque muchas veces mientras una dependencia invierte en la conservación de la biodiversidad, otra institución de gobierno ofrece apoyos para actividades que merman el capital natural, como la ganadería expansiva o la agroindustria.
Al interior de las ANP habitan más de 3 millones de personas que dependen, en gran proporción, de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades de alimentación e ingreso.
En México, como en el resto del mundo, casi ya no hay paisajes ni ecosistemas prístinos, los bosques y selvas están habitados y el 70 por ciento de estos territorios arbolados son propiedad de ejidos y comunidades, que gracias a sus labores de manejo a lo largo de siglos han permitido la diversificación y domesticación de animales y plantas que son fundamentales para nuestra alimentación y salud. En este sentido, la política de conservación debe tener en el centro a las comunidades dueñas de los territorios.
Pedro Álvarez propone abordar el tema de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través de la gestión territorial con enfoque de paisaje y fortalecer la gobernanza local para avanzar hacia una producción sustentable de recursos naturales desde una perspectiva incluyente.