Recomendaciones a las instituciones gubernamentales

Recopilación de los planteamientos expresados por los representantes de comunidades forestales en los espacios de diálogo y análisis colectivo
Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible
Febrero / 2025 

Organizaciones comunitarias y sociales firmantes

Representantes de ejidos y comunidades forestales de los estados de Chihuahua, Durango, Edo de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo analizaron la problemática que enfrentan en los territorios de propiedad colectiva, así como los obstáculos que frenan las estrategias comunitarias de conservación, manejo y aprovechamiento del bosque. 

En México los territorios forestales son habitados y son propiedad mayoritariamente de comunidades campesinas e indígenas, que desde hace decenas o en ocasiones cientos de años los protegen, los conservan y defienden. La Reforma Agraria iniciada hace un siglo dotó y tituló tierras a campesinos creando los ejidos, pero además reconoció a miles de comunidades indígenas (en gran parte del país) la propiedad ancestral de sus tierras.

Gracias a la movilización de comunidades del centro, norte y sur del país, en 1986 se modificó la ley forestal con lo cual se extinguió el régimen de concesiones forestales y se otorgó el derecho exclusivo a los dueños de la tierra a tramitar a su nombre los permisos de aprovechamiento forestal. 

Este hecho permitió que miles de comunidades y ejidos tomaran el control del manejo de sus bosques y selvas y facilitó la creación de un nuevo esquema de administración de bosques conocido como “manejo forestal comunitario”, un esquema sustentado en la institucionalidad y gobernanza ejidal y comunal que favorece el aprovechamiento planificado, sostenible y colectivo de bosques y selvas, así como la conservación, protección y defensa del territorio.

En los pasados 40 años las comunidades y ejidos han enfrentado un conjunto grande de problemas sin embargo hoy día las amenazas a los territorios están poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de las estrategias de gestión del bosque. Ante estos problemas las comunidades se han organizado, para enfrentar a grupos criminales, frenar los incendios, la tala ilegal, las invasiones, la deforestación y el despojo de tierras por parte de los grandes inversores privados y sus proyectos mineros, agroindustriales o turísticos. No obstante, ese esfuerzo y resistencia las comunidades están siendo fuertemente afectados y encuentran una acción gubernamental claramente limitada e insuficiente, (y en ocasiones dañina) que deja a los territorios forestales y a las personas que los habitan en situaciones de una alarmante vulnerabilidad.

A partir de un trabajo de reflexión colectiva sobre la problemática que impacta los territorios comunitarios y el actuar de las dependencias gubernamentales relacionadas con la tenencia de la tierra y los bosque, los representantes comunitarios identificaron lo siguientes problemas:

1.  Institucionalidad ejidal y comunal: De los sexenios anteriores, el RAN y la PA arrastran prácticas burocráticas que obstaculizan y debilitan la gobernanza de los ejidos y comunidades, con enormes rezagos en los procesos de sucesión de derechos, así como de actualización de padrones ejidales y comunales. El accionar de los visitadores agrarios frecuentemente ha favorecido la corrupción, el despojo y la privatización de la propiedad social. 

2. Gestión del aprovechamiento forestal:  Los trámites en las delegaciones de SEMARNAT para gestionar autorizaciones para el aprovechamiento y saneamientos forestal, así como la documentación de transportación de productos son tardados, caros y complicados lo cual impacta negativamente la operación de los emprendimientos comunitarios vinculadas al aprovechamiento, conservación, protección y manejo del bosque, y afecta económicamente a miles de familias rurales que dependen estrechamente de esas actividades. 

3. Cumplimiento fiscal: El esquema fiscal impuesto a las empresas forestales comunitarias conlleva cargas excesivas y no considera su objeto social, ni las particularidades de la operación forestal; todo lo cual desincentiva en gran medida las iniciativas productivas comunitarias. Las empresas comunitarias no tienen un enfoque de lucro, sus acciones están enfocadas mayoritariamente a la conservación forestal, al desarrollo social, a la inversión en bienes públicos, y sus esfuerzos tienen especial impacto en la generación de servicios ambientales, como la captura de carbono, la captación y filtración del agua de lluvia, la conservación de la biodiversidad, entre otros.

4. Acceso a financiamiento:  Existen brechas y obstáculos para la obtención de recursos financieros y se cuentan con pocas alternativas desde las instituciones para promover el financiamiento que complementen los escasos subsidios gubernamentales.

5. Inspecciones ambientales: Los procesos de deforestación no se han frenado y no existe una estrategia sólida para detener el cambio de uso de suelo realizado por empresas inmobiliarias, agroindustriales y turísticas que destruyen manglares, rellenan humedales y talan la selva.

Los aprovechamientos ilegales y el consumo de madera ilegal no son controlados, ni sancionados mientras que, a las comunidades, que operan dentro de la norma, se les carga todo el peso de la acción punitiva de la autoridad.  

6. Inseguridad en los territorios:  La presencia de grupo criminales ha ido creciendo, en las regiones forestales, extorsionan a los ejidos y comunidades con pagos de derecho de piso y toman el control del territorio y el aprovechamiento forestal sin que exista una estrategia gubernamental clara para revertir ese proceso.

7. Impactos del cambio climático: El cambio climático afecta a los territorios y cada vez se presentan, con mayor frecuencia, sequías, plagas e incendios forestales, generando grandes impactos sobre la agricultura, bosques, selvas, humedales y manantiales sin que exista un programa gubernamental que establezca una estrategia seria y consistente “adaptación”. 

8. Apoyos disminuidos:  Los programas gubernamentales que coadyuvan con los esfuerzos de protección, defensa, conservación y manejo forestal de las comunidades y ejidos se han reducido notablemente en los últimos años; instituciones como CONAFOR han disminuido su capacidad para contribuir en estas actividades que son sustantivas para la permanencia de los bosques y sus servicios ambientales.

Nuestras recomendaciones al actuar de las instituciones:

Ante la grave situación que se vive en los territorios forestales las comunidades convocan a las nuevas autoridades federales, a mantener un diálogo permanente con los representantes ejidales y comunales que coadyuve y genere insumos para la implementación de una política forestal y agraria que contribuya efectivamente a reforzar la gobernanza comunitarias, la propiedad y trabajo colectivo, el cuidado del territorio y el manejo forestal comunitario.

1.-Gobernanza del territorio

Seguridad

• Es necesario que exista una coordinación y acción de las instituciones gubernamentales que permita frenar el hostigamiento que ejercen grupos criminales sobre las comunidades y sus empresas forestales debilitando la gobernabilidad comunitaria y el cuidado y defensa del territorio.  

Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional: 

• Frente al enorme rezago en la actualización de padrones de ejidatarios y comuneros que se ha generado por la desatención a la propiedad social, hoy día es urgente poner en marcha un programa especial para actualizar los padrones de miles de comunidades y ejidos dado que esa desactualización impacta negativamente la gobernanza interna y provoca problemas de participación y quorum en las asambleas, además de generar dificultades fiscales, económicos, familiares, entre otros.
• Respaldo firme de la Procuraduría Agraria a las decisiones legítimas de las asambleas ejidales y comunales especialmente referidos a la instalación de proyectos mineros, inmobiliarios, turísticos, agroindustriales o de infraestructura en sus tierras que afectan los bienes comunes.
• Se requiere que las instituciones del sector agrario establezcan el compromiso de fortalecer la propiedad social de la tierra y cuenten con personal y capacidades para brindar apoyo a las comunidades en sus procesos de gobernanza y defensa de la tierra. 
• Urgente poner en práctica la nueva reforma constitucional (artículo 2) que reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas como sujetos de derecho público, con capacidad para decidir sobre el territorio y sus recursos, y operar estrategias para fortalecer sus formas y medios de vida. 

Procuraduría de Protección al Ambiente: 

• Sancionar de manera efectiva el cambio de uso de suelo realizado por empresas turísticas, inmobiliarias y agroindustriales que son las verdaderas causantes de la pérdida de cobertura forestal. 
• Reconocer a los ejidos y comunidades como coadyuvantes en control de ilícitos y generar mecanismos que doten de legitimidad de actuación a ejidos y comunidades, 
• Suspender acciones de acoso a las comunidades que manejan legalmente el bosque dado que por faltas menores se sanciona a las comunidades con la paralización (en ocasiones por años) de las autorizaciones de aprovechamiento del bosque.
• Poner en marcha una estrategia enfocada a frenar el mercado de madera ilegal a través de la operación de garitas en las carreteras para la supervisión de camiones que transportan madera, así como inspecciones a madererías, centros de almacenamiento y transformación. 
• Mejorar los sistemas actuales de trazabilidad dentro de la cadena de mercado de la madera, que permita establecer controles sobre el mercado ilegal.

2.- Impulso al manejo y aprovechamiento forestal sostenible

Dirección de Gestión Forestal / SEMARNAT

• Mejorar sustantivamente el sistema de gestión y control forestal para hacerlo accesible y funcional (autorizaciones, remisiones forestales).
• Ampliar la cobertura de servicios y tramites de la ventanilla electrónica y fortalecer las capacidades de comunicación para simplificar la consulta de bases de datos.
• Fortalecer la capacidad operativa de las delegaciones estatales de esta Secretaría que permitan a las comunidades contar con una entidad aliada en sus esfuerzos por el cuidado y conservación de los bosques. 

CONAFOR

• Fortalecer las gerencias estatales de CONAFOR, que les permita además de la administración de los programas de subsidios, impulsar acciones vinculadas con el freno a la deforestación, la adaptación al cambio climático y el impulso al manejo forestal comunitario.
• A partir de la colaboración estrecha con las comunidades, poner en marcha una estrategia integral para el control de plagas y enfermedades que permita frenar los daños que provoca la “actuación fuera de tiempo”.
• Poner en marcha una estrategia de prevención y control de incendios con la participación formal de brigadas capacitadas de los ejidos y comunidades. 
• Retomar el tema de manejo territorial como coadyuvante al manejo forestal (desde ordenamientos, manejo de suelos, PFN, entre otros).
• Retomar la relación bosques y agua como una dualidad implícita, que permita poner al manejo forestal comunitario como un elemento fundamental de la estrategia de restauración y regeneración de cuencas.
• Dentro de los programas de la institución, incluir un mecanismo que permitan otorgar recursos económicos para consolidar estrategias de adaptación al cambio climático mediante un enfoque de manejo de paisaje.

3. Incentivos Económicos y Fiscales

• Implementación de un esquema fiscal especial para las empresas forestales comunitarias, que tome en cuenta las particularidades y realidades de la ruralidad y el trabajo y esfuerzo de las comunidades por proteger el territorio frente a amenazas como los incendios, la tala y el cambio de uso de suelo, así como sus aportaciones a la infraestructura social (escuelas, clínicas, etc.)
• Compras de gobierno que favorezcan la adquisición de productos de madera que sean de origen legal y provenientes de comunidades forestales.
• Revisión y documentación de los impactos que genera sobre los bosques manejados en México, la importación de productos forestales maderables y no maderables de tal manera que se pueda argumentar el establecimiento de límites.
• Esquemas flexibles de acceso al crédito y a otras formas de financiamiento no crediticio, especialmente el capital de riesgo, para iniciativas comunitarias, incentivando el manejo forestal sustentable.
• Apoyar económicamente los esfuerzos comunitarios de protección y conservación de los bosques y selvas, a través del programa de pago por servicios ambientales y el estímulo a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación y otras modalidades de protección de los bosques y de la biodiversidad.

Organizaciones comunitarias y sociales firmantes