El pasado mes de septiembre la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones importantes la minuta de una nueva ley forestal. Sin embargo, para que esta ley quede formalmente aprobada se requieren, aún, de los dictámenes de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y el debate y votación en el pleno de las dos Cámaras.
En una revisión detallada de la última versión del dictamen, el Consejo Civil Mexicano ha encontrado que aún existen enormes problemas en temas cruciales. Particularmente grave es el tratamiento a la participación social, pues le suprime al Consejo Nacional Forestal, los Consejos Forestales Estatales y al Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano, su capacidad de iniciativa, supervisión y vigilancia y los deja solamente como órganos de consulta y asesoramiento, sin una fuerza efectiva; así, serán simples ornamentos o instrumentos de legitimación y maquillaje de políticas y prácticas discrecionales. Un principio constitucional básico, es la no regresividad en los derechos de la sociedad, y este dictamen pretende regresar el marco legal a una época donde la sociedad estaba proscrita de participar en el diseño, ejecución, supervisión y vigilancia de la política pública. Eso nos parece inaceptable.
