28 abril, 2023, Por: CCMSS
Comunidades, movimientos, colectivos, organizaciones civiles, academia y ciudadanía de a pie lamentamos la subordinación de algunos legisladores y legisladoras a la industria minera y reprobamos su falta de compromiso con el pueblo de México, evidenciadas a partir de su decisión de aplazar la urgente e indispensable reforma al marco legal minero, dio a conocer la Colectiva Cambiémosla Ya.
Los impactos negativos de la industria minera en el país son irrefutables: devastación ambiental como los derrames en los Ríos Bacanuchi y Sonora; los daños a la salud de la población por la contaminación del suelo y el agua; el despojo de tierras y recursos naturales de las comunidades y pueblos para instaurar sus proyectos… todo, al amparo de la Ley Minera vigente, promulgada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1992.
Más de 30 años de saqueo y despojo no parecen ser suficientes para convencer a esos legisladores y legisladores a actuar con profesionalismo, ética y en favor del bien común y proceder a dictaminar y reformar la ley más violatoria de derechos, inconstitucional y neoliberal.
Dejar pasar la oportunidad de dictaminar la iniciativa de reforma al marco legal minero enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados es una clara actitud que contraviene los intereses del pueblo en beneficio de una élite que ha sistemáticamente vulnerado derechos, saqueado los bienes naturales y se ha valido de su poder económico para perpetuar sus privilegios, comprar a autoridades y dictar la política pública en la materia.
No es la primera vez que la industria actúa para aplazar y obstruir los procesos legislativos para reformar el marco legal de la actividad minera. Desde la promulgación de la Ley Minera vigente diversas comunidades han denunciado los abusos de la industria amparados por esta legislación y han emprendido movimientos de resistencia, han documentado la vulneración de derechos y han formulado propuestas de reforma a esta ley.
Las afectaciones de la industria minera a las comunidades, al agua y al medio ambiente; así como el conjunto de privilegios que le otorga la Ley Minera vigente son ampliamente conocidos, no se requiere un “parlamento abierto”, porque la industria no tiene el menor interés en contribuir al desarrollo y bienestar del país, pues de ser así deberían estar dispuestos a acatar un marco normativo que respete los derechos humanos y el medio ambiente.
Aplazar la dictaminación de la iniciativa de reforma al marco legal minero solo beneficia a las empresas mineras y a quienes se benefician de actuar del pueblo de México y deja claro quiénes son los verdaderos detractores de la nación.
¡CAMBIÉMOSLA YA!
La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio organizados para impulsar cambios profundos en la Ley Minera. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos afectados por proyectos mineros en los estados de Sonora, Morelos, Zacatecas, Puebla, Baja California Sur, Veracruz; Oaxaca; organizaciones como CartoCrítica; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comités de Cuenca del Río Sonora; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Consejo Maseual Altepetajpianij; EDUCA, El poder del consumidor; Engenera; Fundación Heinrich Böll; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Iniciativa Sinaloa; Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica; Organización Familias Pasta de Conchos; Oxfam México; PODER; Unión de Comunidades de la Sierra de Juárez; Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres y académicos y académicas de UIA, UAM y UNAM.