La relevancia económica que tienen los bosques para los habitantes de las regiones forestales y los importantes aportes a los servicios ecosistémicos que proveen para millones de personas no han sido suficiente razón para incrementar el presupuesto que se asigna al sector.
Del 2014 al 2022, el presupuesto que se la ha asignado a la institución que por ley tiene el mandato de impulsar la conservación y manejo forestal (la Comisión Nacional Forestal) ha sufrido una reducción de casi el 77%. El monto asignado en 2014 fue de 7.6 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto ejercido en 2022 fue de 2.4 mil millones (Conafor, 2022) . Esta tendencia se mantendrá para el 2023 si se aprueba tal como está el presupuesto enviado por el ejecutivo.
Para 2023 el Presupuesto de egresos de la federación (PEF) propuesto por la autoridad asigna un incremento del 3.8% con respecto al 2022, aumento mínimo que no compensa el valor de la inflación de 2022 que es de 7.5% (BANXICO)[1] .
El presupuesto asignado a la institución encargada de promover la conservación y manejo de los bosques es claramente insuficiente frente a las amenazas que enfrentan las regiones forestales del país con el incremento de las plagas e incendios forestales, así como la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, las enormes deficiencias en la preparación y ejecución de los programas de manejo y las presiones de diversos externos que quieren ocupar los territorios comunitarios.
Es claramente insuficiente, además, para un país que cuenta con 137.8 millones de hectáreas con cubierta forestal, de las cuales 65.7 millones de ha son arboladas (casi la mitad de la superficie forestal nacional); y en estas áreas forestales del país, viven casi 11 millones de personas, de las cuales una importante cantidad son indígenas que viven en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla e Hidalgo, en condiciones de pobreza.
La presencia de ejidos y comunidades en las regiones con bosques, selvas y matorrales permite mantener el 80% de la biodiversidad del país; cubren casi la mitad de las Cuencas Hidrológicas Prioritarias; y una parte importante de estos núcleos agrarios: 1,011 se dedican al aprovechamiento forestal que abarcan el 88% de la superficie forestal autorizada (6.5 millones de ha) y producen el 85% de la producción forestal nacional (6 millones de m3/año).
Sin embargo, los problemas que enfrentan las regiones forestales se agravan sin presupuesto y sin personal de las instituciones de gobierno presente en ellas. Por ejemplo, el crimen organizado se ha extendido a las áreas forestales y muchas comunidades y ejidos tienen problemas con los grupos delictivos que tratan de controlar estas regiones y solicitan el cobro por “derecho de piso” al saber que en estos núcleos obtienen recursos por la actividad forestal.
En otros casos, el crimen organizado controla las actividades de extracción y venta de los productos forestales, sin seguir por supuesto, ningún programa de manejo, ocasionando el deterioro de los bosques y selvas. La ausencia de la presencia institucional en muchas regiones forestales es aprovechada por los grupos delictivos que ya se extienden en las zonas de producción forestal en Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Otra amenaza que se agrava con la falta de recursos es la creciente deforestación, que sigue presentándose en diversas regiones del país. La CONAFOR reconoce que se pierden 212 mil ha al año (deforestación bruta) y prácticamente no se asignan recursos para evitar este importante factor de deterioro como tampoco se incentiva a las comunidades forestales a mantener sus recursos naturales.
La CONAFOR es responsable de conducir la Estrategia Nacional para evitar la Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+), sin embargo, no cuenta con recursos propios ni de otras dependencias del gobierno federal (como SADER, SECTUR, SEDATU, INPI, SEBIEN) para detener la deforestación que proviene de actividades agropecuarias como son los cultivos de aguacate, agave, soya, o de la ganadería extensiva; de crecimientos de desarrollos urbanos, megaproyectos, y minería entre otros. Los estados que tienen mayor problema con estas amenazas son Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.
Alcanzar la meta de tasa de cero de deforestación para 2030, tal como México lo planteó en sus compromisos internacionales y en su Ley de Cambio Climático, es prácticamente imposible en este contexto de bajo presupuesto, debilitamiento institucional y de eliminación de programas enfocados a reducir y contener la deforestación y degradación forestal.
En 2022, la CONAFOR recibió 7,131 solicitudes de apoyo por un total de 6 mil millones de pesos sin embargo, y dado el recorte presupuestal, solo logró atender una tercera parte de las solicitudes y asignar recursos para una quinta parte del monto solicitado. De esa manera Conafor apoyo económicamente actividades en 4.8 millones de hectáreas en un universo de 65 millones de hectáreas de bosques y selvas que tiene nuestro país. En México ha sido ampliamente demostrado que cuando las comunidades y ejidos manejan sus bosques y selvas, se asegura la conservación de los ecosistemas.
Hoy día se requiere una institución sólida y comprometida, capaz de contribuir al fortalecimiento de manejo forestal comunitario que permita potenciar las capacidades de las comunidades para conservar y aprovechar de manera sustentable sus recursos forestales, contribuir de manera sustantiva a mejorar las condiciones de vida de la población rural, detener la deforestación y frenar la pérdida del control territorial por la presencia del crimen organizado.
[1] https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp
