13 julio, 2023, Por: Gerardo Suárez
En diversos foros y espacios se ha señalado como responsables de esa pérdida de cobertura forestales a las comunidades y ejidos dueños de territorios forestales. Sin embargo, los datos arrojados en muy diversas investigaciones han logrado demostrar que la perdida de cobertura forestal actualmente es resultado de procesos de cambio de uso de suelo impulsados por la agroindustria,[2] por el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios y turísticos así como por las obras de infraestructura y las industrias extractivas como la minería y la extracción de hidrocarburos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la mejor forma para detener la deforestación y permitir la provisión de materiales y servicios ecosistémicos es dar mayor valor económico a los bosques, incentivando la conservación de los ecosistemas a través del manejo forestal sostenible y el pago por servicios ambientales.
El manejo forestal sustentable tiene que ver con las sociedades y las personas, y la necesidad de que ellas mismas puedan mantener y aumentar los servicios, beneficios económicos y la salud de los bosques para su propio desarrollo y mejor calidad de vida. Las organizaciones de base comunitaria fuertes y debidamente organizadas son claves para implementar con éxito el manejo forestal sostenible.[3]
En México más del 80 por ciento de la madera que se produce de forma legal proviene de emprendimientos comunitarios que cumplen con una compleja regulación que implica más de 25 trámites ante distintas instancias de gobierno y que representa una considerable inversión de tiempo y recursos económicos.[4]
Además de la compleja regulación para el aprovechamiento forestal, las comunidades y ejidos enfrentan otros obstáculos para la comercialización de sus productos forestales, como la falta de mercados, el gran volumen de madera importada y los enormes volúmenes de madera de procedencia ilegal que se venden a mucho menor costo y que representa una competencia desleal y desfavorable.
De los 34 millones de metros cúbicos de madera de consumo aparente que tiene el país, solo se producen 8.4 millones de metros cúbicos,[5] es decir, solo un tercio de todo lo que se requiere. El resto se obtiene vías la importación, legal e ilegal y el aprovechamiento de madera clandestina proveniente de diversas áreas del país.
Aunque las autoridades no cuentan con una cifra oficial sobre el volumen de madera de procedencia ilícita que se comercializa en el territorio nacional, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha planteado tres escenarios sobre la gravedad de la ilegalidad. En el nivel más conservador, la madera de procedencia ilícita representaría el 30% de toda la madera que se comercializa en el país; en el escenario intermedio la ilegalidad sería de un 50%, y en el pesimista, el 70% de la madera que circula en México provendría de fuentes ilegales. De acuerdo con estas estimaciones, en el 2018 más de 23.99 millones de metros cúbicos de madera que se comercializó en México habría provenido de una fuente ilegal, y habría representado un valor de 97 mil 118 millones de pesos.[6]
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también ha señalado que hasta el 70% de la madera que se consume en México proviene de la ilegalidad, producida tanto en el país como importada de otras naciones.
Una de las principales vías para evitar el consumo de productos forestales de origen ilegal es adquirir productos forestales certificados, ya sea bajo los lineamientos de la Norma mexicana 143 o del estándar del Forest Stewardship Council (FSC), que tiene reconocimiento internacional.
Para obtener la certificación del manejo forestal bajo cualquiera de estos dos esquemas es necesario acreditar la legalidad del aprovechamiento forestal, el cumplimiento de toda la normatividad aplicable, garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas forestales y realizar acciones que mantenimiento y conservación de los ecosistemas intervenidos.
La certificación permite a las iniciativas comunitarias y empresas privadas demostrar que los productos forestales que ofertan provienen de aprovechamientos legales y sostenibles. Sin embargo, el proceso de certificación, las auditorías, la implementación de controles adicionales implican recursos que encarecen, en cierta medida, la producción y esto los sitúa en mayor desventaja frente a otros productos que provienen de aprovechamientos no certificados, tanto legales como ilícitos.
Aunque durante mucho tiempo el gobierno federal financió la certificación de ejidos y comunidades, tanto en el esquema de la NMX-143 como en el del FSC, a través de la Comisión Nacional Forestal, en la presente administración esos apoyos han sido sumamente recortados. No obstante, la superficie de bosques certificados ha crecido ligeramente. Actualmente hay más de 1,391,504 hectáreas certificadas con el estándar del FSC y 967 157 hectáreas en la NOM 143.
De los 105 predios certificados con el estándar del FSC, 16 corresponden a predios privados con una superficie acumulada de 97,125 hectáreas y que representan el 7% de la superficie certificada. Mientras que la superficie forestal de propiedad ejidal certificada en este esquema es de 771,610 hectáreas (55% de la superficie total certificada en el país) pertenecientes a 64 ejidos. Asimismo hay 18 comunidades certificada con una superficie forestal acumulada de 335,434 hectáreas, que equivalen al 24.1% de la superficie total.
Tabla 1. Superficie forestal certificada en FSC por tipo de propiedad.
| Tipo de predios certificados | Número de predios | Superficie acumulada (ha) | % de la superficie total |
| Particular | 16 | 97,125.08 | 7.0 |
| Ejidal | 64 | 771,610.55 | 55.5 |
| Comunal | 18 | 335,434 | 24.1 |
| Sociedades | 7 | 187,334.64 | 13.5 |
| Totales | 105 | 1391504.27 | 100.0 |
Tabla 2. Predios certificados en FSC por Estado.
| Estado | Número de predios | Superficie acumulada | % de la superficie total certificada |
| Campeche | 2 | 84,773.1 | 6.1 |
| Chihuahua | 3 | 316,291.4 | 22.7 |
| Durango | 44 | 654,579.9 | 47.0 |
| Estado de México | 7 | 13,298.8 | 1.0 |
| Hidalgo | 3 | 1,290.5 | 0.1 |
| Jalisco | 1 | 829.9 | 0.1 |
| Michoacán | 2 | 2,437.0 | 0.2 |
| Oaxaca | 13 | 107,114.6 | 7.7 |
| Puebla | 18 | 17,641.1 | 1.3 |
| Quintana Roo | 4 | 162,254.3 | 11.7 |
| Sinaloa | 1 | 3,231.4 | 0.2 |
| Tabasco | 2 | 11,642.0 | 0.8 |
| Tlaxcala | 2 | 1,825.5 | 0.1 |
| Veracruz | 3 | 14,294.9 | 1.0 |
| Totales | 105 | 1,391,504.3 | 100.0 |
Además, hay 7 certificaciones colectivas o sociedades tanto de predios particulares como de uniones de ejidos y comunidades. Las certificaciones colectivas representan el 13.5% de la superficie certificada en manejo forestal nacional con una superficie de 187,334 hectáreas. Entre las certificaciones colectivas se encuentran los predios de la Unión de Ejidos Alianza Selva Maya ubicados en los municipios de Bacalar y Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo; la Unidad de Administración Forestal Santiago Papasquiaro, S.C., que incluye a los ejidos de Ciénega de Salpica de Agua, Potrero de Chaidez, Los Ojitos y Laguna de la Chaparra, abarcando en conjunto más de 34 mil hectáreas; así como la Silvicultores Unidos de Occidente de Chihuahua A.C. que integra al Ejido Basaseachi; el predio particular Condueñazgo de Memeluchi, del municipio de Ocampo y el Ejido Tutuaca, del municipio de Temósachi, en conjunto suman un total de 44,139 hectáreas de bosque certificadas.
El esquema de certificación conjunto o en sociedades es una respuesta a la retirada del gobierno federal como principal financiador de la certificación del manejo forestal.
En un escenario de recortes presupuestales para la dependencia encargada del fomento del manejo y aprovechamiento forestal, la CONAFOR, desde el FSC “ hemos promovido la certificación y generado estrategias para reducir los costos en beneficio de los ejidos, las comunidades y los silvicultores particulares para que puedan conservar su certificación o bien para que otros predios emprendan su proceso de certificación,” explica Alfonso Argüelles, representante nacional en México del Forest Stewardship Council (FSC).
Resalta que la certificación del manejo forestal es una herramienta para que las empresas forestales comunitarias y privadas tengan acceso a mercados y a clientes que buscan asegurarse de que sus compras de productos forestales son de origen legal y sustentable.
Alfonso detalla que aunque la certificación del manejo forestal no representa en automático obtener mejores ingresos por la venta de la madera, “desde el FSC estamos trabajando y generando alianzas con diversos actores e industrias para abrir mercados que reconozcan el trabajo que realizan los productores que cumplen con toda la normatividad y que implementan buenas prácticas que aseguran la conservación de los bosques y la biodiversidad que albergan y que esto se pueda traducir en mejores ingresos”.
Con respecto al futuro de la certificación del FSC en México, el representante nacional refiere que sus metas a mediano plazo son llegar a los 2 millones de hectáreas certificadas, “esperamos que eso ocurra en los próximos cinco años y queremos que también haya muchas más empresas certificadas con el estándar de cadena de custodia, que permite dar certeza sobre la legal procedencia de los productos forestales en la cadena de transformación”.
Aunque no haya ya apoyos del gobierno federal para fomentar la certificación de las comunidades, ejidos y pequeños propietarios forestales, “nosotros debemos seguir impulsando el esquema de certificación, porque además de garantizar la legalidad permite a las empresas forestales hacer más eficientes sus procesos, fomenta la transparencia, beneficia a los trabajadores en términos de seguridad y acceso a servicios médicos y permite la mejora continua para la conservación en el largo plazo de los bosques, la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales.
Añade que contar con la certificación de manejo forestal “también contribuye a esclarecer mitos sobre la generación y comercialización de bonos de carbono porque todas las operaciones se tienen que transparentar en informes”. También es un aliciente estar certificado para poder acceder a los programas de subsidios de la Conafor ya que les brinda a los predios certificados puntos adicionales para obtener apoyos.
Lamentablemente en México no hay un esquema de trazabilidad de la madera, los únicos registros con los que se cuenta son las remisiones forestales y los reembarques que se llenan en el monte al momento de cargar los camiones que trasladarán la madera hacia los aserraderos. Luego, ni las madererías ni otros centros de transformación tienen obligación de documentar y acreditar la legal procedencia de la madera que utilizan en sus procesos.
Esta falta de instrumentos de trazabilidad también abre la puerta al consumo de madera de origen ilegal porque no hay forma de rastrear su origen ni de aplicar sanciones.
Aunque se han aprobado una serie de reformas para incrementar los castigos a la tala ilegal, como las reformas del 8 de mayo de 2023 al Código Penal Federal,[7] no hay acciones contundentes ni infraestructura mínima para vigilar y perseguir a los taladores ilegales.
La Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) que ha sufrido recortes presupuestales de más del 50% de su presupuesto en los últimos 6 años no tiene personal suficiente para atender todas las denuncias ciudadanas sobre tala ilegal y a duras penas se concentra en auditar a algunos de los centros de aprovechamiento que se encuentran en la legalidad.
Alfonso Argüelles plantea que la administración federal y los gobiernos de los estados deberían impulsar la conservación de los bosques desde un enfoque productivo, porque conservar sin tocar puede ser más fácil pero no hay dinero que alcance para pagar todo el tiempo. “Es un reto mayor manejar los bosques y producir pero genera mayores beneficios ambientales, económicos y sociales”, resalta.
El otro esquema de certificación del manejo forestal que también opera en México es el del cumplimiento de la Norma Mexicana 143 de Manejo Sustentable de Bosques (NMX-AA-143-SCFI-2015) que cuenta con el aval de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Así como con el FSC, la Conafor también ofrece apoyos para la certificación de predios forestales en la NMX-143, mismos que han menguado en la presente administración federal. A pesar de ello, hay 144 predios certificados que representan una superficie acumulada de 967 mil 157 hectáreas certificadas, de las cuales el 78% corresponden a bosques de propiedad ejidal y 19% de propiedad comunal. (Ver tabla 3)
Tabla 3. Predios certificados en la NMX-143, por tipo de propiedad.
| Predios certificados en NMX-143 | |||
| Tipo de predios cetificados | Número de predios | Superficie acumulada (ha) | % de la superficie total |
| Particular | 14 | 27,825.58 | 2.9 |
| Ejidal | 104 | 755,704.41 | 78.1 |
| Comunal | 15 | 183,627.47 | 19.0 |
| Totales | 133 | 967,157.46 | 100.0 |
Fuente: elaboración propia con datos de Conafor.
Con respecto a las entidades con mayor número de predios certificados en la NMX-145 destacan Chihuahua con 46 predios y una superficie acumulada de567,917 hectáreas, equivalentes a más del 58% de la superficie forestal certificada bajo esta norma. Le siguen Durango con 17 predios certificados y una superficie acumulada de 211,489 hectáreas que equivalen al 21.9% de la superficie certificada; en tercer puesto se ubica Quintana Roo con 8 predios certificados y una superficie acumulada de 65,163 hectáreas (6.7% de la superficie nacional certificada en NMX-143). (Ver tabla 4)
Tabla 4. Predios certificados en la NMX-143, por Estado.
| Estado | Número de predios certificados | Superficie acumulada (ha) | % de la superficie certificada |
| Chiapas | 2 | 4,726.5 | 0.5 |
| Chihuahua | 46 | 567,917.3 | 58.7 |
| Durango | 17 | 211,498.2 | 21.9 |
| Estado de México | 3 | 1,147.6 | 0.1 |
| Guanajuato | 1 | 3,184.2 | 0.3 |
| Guerrero | 2 | 7,991.4 | 0.8 |
| Hidalgo | 11 | 7,240.5 | 0.7 |
| Jalisco | 9 | 30,778.6 | 3.2 |
| Michoacán | 4 | 8,910.4 | 0.9 |
| Nuevo León | 2 | 2,249.0 | 0.2 |
| Oaxaca | 1 | 4,422.7 | 0.5 |
| Puebla | 11 | 4,356.2 | 0.5 |
| Querétaro | 1 | 976.8 | 0.1 |
| Quintana Roo | 8 | 65,163.6 | 6.7 |
| San Luis Potosí | 5 | 22,953.0 | 2.4 |
| Sinaloa | 2 | 11,656.0 | 1.2 |
| Tamaulipas | 2 | 7,413.0 | 0.8 |
| Tlaxcala | 1 | 1,268.0 | 0.1 |
| Veracruz | 4 | 2,316.8 | 0.2 |
| Yucatán | 1 | 987.9 | 0.1 |
| Totales | 133 | 967,157.5 | 100.0 |
Fuente: elaboración propia con datos de Conafor.
La certificación de manejo forestal es una herramienta útil para hacer más eficientes, ordenados y transparentes los procesos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales. Lograr la certificación de una iniciativa comunitaria de manejo de su bosque implica un gran esfuerzo de gobernanza interna para la toma de decisiones colectivas en beneficio de toda la comunidad.
México cuenta con más de 11 mil ejidos y comunidades con más de 200 hectáreas de bosques y/o selvas en sus territorios que bien podrían ser aprovechados de forma sustentable para la generación de empleos e ingresos, sin embargo, en la gran mayoría de los casos no cuentan con los recursos económicos y técnicos necesarios para poner en marcha sus iniciativas productivas.
La dependencia de la administración federal encargada del fomento del manejo forestal, la Conafor, está cada vez más debilitada por la insuficiencia presupuestaria y de personal, factores que en gran medida limitan su actuar y la consecución de sus mandatos y metas.
Además, este debilitamiento del sector ambiental contribuye al abandono de las comunidades forestales que enfrentan cada vez más presiones sobre sus territorios y recursos naturales tanto de grupos criminales como de inversionistas que pretenden apropiarse de lso recursos y el territorio.
En vez de facilitar las condiciones necesarias para que más ejidos y comunidades rurales emprendan sus proyectos de manejo y aprovechamiento forestal, cada vez se hace más compleja la normatividad, se incrementan las sanciones penales y se desincentiva la organización comunitaria.
La administración federal prefirió apostar por los apoyos individualizados para la siembra de árboles frutales y maderables de Sembrando Vida, programa que no cumple con el ordenamiento de que la ley le da al ejecutivo de promover el manejo forestal comunitario. El programa de “Sembrando Vida” es un programa de apoyo a agricultores para el establecimiento de sistemas agroforestales, no es un programa que impulse la recuperación de áreas forestales”.[8]
[1] Comunicado CONAFOR, Se reduce en 26% la tasa anual de deforestación. CONAFOR, México, 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/prensa/se-reduce-en-26-la-tasa-anual-de-deforestacion
[2] FAO, El estado de los bosques del mundo 2022, 2022. Disponible en: https://www.fao.org/3/cb9360es/cb9360es.pdf
[3] FAO, Manejo forestal sustentable en América Latina y el Caribe, 2021. Disponible en: https://www.fao.org/americas/prioridades/bosques/es/
[4] Madrid, Lucia y Hernández, Karol. 5 propuestas para una tramitología forestal más eficiente que facilite el manejo sustentable de los bosques, CCMSS, México, 2021. Disponible en: https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/5-PROPUESTAS-PARA-REDUCIR-LA-TRAMITOLOGIA-OK-OK-FINAL.pdf
[5] CONAFOR, Estado que guarda el sector forestal en México 2021, México, 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/documentos/estado-que-guarda-el-sector-forestal-en-mexico-2021#:~:text=Conforme%20a%20lo%20establecido%20en,de%20la%20sociedad%20mexicana%2C%20para
[6] INEC, Estimación de las Pérdidas económicas por la tala ilegal en México, México, 2022,. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/781684/162_2022_Perdidas_Economicas_por_Tala.pdf
[7] Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal, en materia de tala ilegal, México, 2023. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5688046&fecha=08/05/2023#gsc.tab=0
[8] Anta, Salvador, “Sembrando Vida” no es un programa de desarrollo forestal, CCMSS, 2022, México. Disponible en: https://www.ccmss.org.mx/sembrando-vida-no-es-un-programa-de-desarrollo-forestal/