16 febrero, 2022
El 16 de febrero de 1996 el Estado mexicano se comprometió a crear un marco jurídico constitucional para garantizar el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público e incluir el ejercicio y la implementación de su derecho a la libre determinación y autonomía y el reconocimiento del derecho sobre sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales. Tal promesa permanece incumplida.
A la fecha, se han sucedido cinco presidentes, diez legislaturas, incluida la cuarta transformación, y esa deuda histórica continúa. Si bien hubo una reforma sobre el tema en 2001, no incorporó estos derechos, apegados al espíritu de San Andrés.
La desprotección del marco legal vigente ha derivado en un sinnúmero de conflictos violentos que han llevado a la cárcel a personas defensoras que luchan por la autonomía indígena, como los casos de los compañeros José Antonio y José Luis, de la comunidad purépecha de Nahuatzen, recientemente puestos en libertad por orden de la SCJN y tras la movilización permanente de su comunidad.2 O el caso del Pueblo Otomí de San Francisco Magú, donde varios de sus integrantes hoy son criminalizados por aplicar sus sistemas normativos de tenencia de la tierra para el manejo de un centro cultural comunitario.3 Otra lamentable situación es la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, afectada por una contrarreforma promovida por el gobierno de esa entidad que les retiró la protección legal para llevar a cabo la labor de seguridad comunitaria que han brindado por más de 25 años. 4
También nos alientan experiencias como las de comunidades zapotecas de Valles Centrales, articuladas en la COPUDA, que después de décadas de lucha han visto cumplida su demanda histórica por hacer valer su manejo tradicional del agua, causa a la que entregó su obra la hermana Carmen Santiago, Fundadora de la organización Flor y Canto, a quien rendimos un sentido homenaje tras su dolorosa partida.5
En adición a los agravios cotidianos en contra de los derechos colectivos, se suma la permanencia de políticas y leyes neoliberales de las últimas décadas, como la Reforma Energética, la Ley Nacional de Aguas, el art. 27 constitucional reformado y la Ley Minera, a la cual se añade el reciente Acuerdo del Ejecutivo sobre proyectos del orden federal. Todo este entramado legal constituye un atentado hacia la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios y bienes comunes, al justificar, la ocupación de los mismos, por considerar “preferentes”, de “utilidad pública” e incluso de “seguridad nacional” varias de estas actividades y proyectos.
El 28 de septiembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acto celebrado con los pueblos Yaqui, ofreció disculpas por los crímenes de Estado cometidos en contra de sus antepasados. En el mismo acto abordó la necesidad de reparar el daño cometido y presentó el Plan de Justicia Yaqui; encuentro en el que además recibió de las autoridades yaquis la propuesta de Reforma Indígena que busca recuperar los compromisos establecidos en los Acuerdos de San Andrés.
Sin embargo, dicha reforma está aún frenada, a pesar de que fue promovida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en un proceso participativo y con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes y hombres y mujeres de todos los pueblos indígenas y afromexicanos del país y a pesar de que tanto la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos6 han instado al Estado mexicano a fortalecer el derecho a la libre determinación de los pueblos.
En este 26 aniversario de los Acuerdos de San Andrés reiteramos nuestra exigencia al Presidente de la República, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso para que la Reforma Constitucional pendiente sea una realidad y se honre el espíritu de estos acuerdos.