30 septiembre, 2024
En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. Los cárteles tienen un poder político concentrado, siempre operan en clave de contrainsurgencia y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
Con distinta intensidad de acuerdo a diferentes momentos, los cárteles actúan en nuestras comunidades y territorios:
En estos momentos Chiapas arde a causa de la violencia, las comunidades de la Zona Fronteriza, de la Selva Lacandona, de La Frailesca, de los Altos, han sido arrasadas por los cárteles del crimen organizado para imponer el control sobre los territorios indígenas y la población.
En estos territorios ocupados los cárteles actúan muchas veces vinculados a grupos o caciques locales que conocen a las personas y la región, explotan las minas, talan clandestina e indiscriminadamente el bosque, cobran derecho de piso, obligan a los hombres jóvenes y adultos a incorporarse a sus filas para participar con ellos en todas las actividades criminales e incluso asesinar a sus hermanos. Fuerzan a las mujeres a darles de comer y cumplir sus caprichos. Instalan retenes y deciden sobre quién entra y quién sale, controlan el abasto de productos básicos e impiden su acceso a las cabeceras municipales. Amenazan, golpean y matan a quienes no quieren obedecerles y han realizado masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos y de población inocente, de tal forma que comunidades enteras o personas señaladas tienen que exiliarse para salvar su vida, dejando sus viviendas, animales, cosechas y todas sus pertenencias.
Los desplazados se refugian en comunidades vecinas, en las ciudades cercanas e incluso en comunidades de Guatemala. A partir del terror los cárteles despejan los territorios para utilizarlos en su único beneficio, para el tráfico de personas, drogas, armas, etcétera.
En regiones de Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla, las organizaciones criminales se adueñan de los bienes naturales de las comunidades, destruyen los bosques y los incendian, explotan las minas, roban combustibles, acaparan el agua, obligan a la población a defenderlos y les utilizan como escudo humano frente a sus enemigos. En ocasiones atacan con drones a las comunidades durante horas, como en Ostula, Michoacán, matan a las autoridades, enfrentan a las policías comunitarias y desaparecen a sus defensores para adueñarse de sus territorios.
Todo esto ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los cuarteles del Ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen.
Las autoridades estatales y federales minimizan la violencia o culpan a los pueblos de ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la seguridad de la población.
Los megaproyectos que promueve el gobierno como el Corredor Interoceánico, el Tren mal llamado Maya, el Proyecto Integral Morelos, ubicados en territorios de los pueblos originarios, se construyen sin su consentimiento. Al ser catalogados como de seguridad nacional fueron exentos de regulaciones, y se impide que la población ejerza sus derechos.
El Tren mal llamado Maya despoja al pueblo maya de sus tierras y bienes naturales, favorece la especulación inmobiliaria, el acaparamiento de tierras para turismo, las agroindustrias y la urbanización. Parte por la mitad comunidades, deforesta miles de hectáreas de selva, afecta cuevas y cenotes, contamina el agua subterránea, destruye vestigios arqueológicos. Las resistencias mediante procesos legales han enfrentado decenas de obstáculos y aunque los amparos y suspensiones se han conseguido legalmente, el Estado los viola, las obras continúan y provocan el ecocidio —tras el escudo de una consulta indígena amañada— en una de las selvas mejor conservadas de México.
El devastador giga-proyecto Corredor Interoceánico que aglutina un conjunto de megaproyectos extractivos, agroindustriales, energéticos y de ensamble amenaza la cultura y el tejido social de 13 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, a la par que coloca en grave riesgo la naturaleza de una de las regiones más biodiversas de México. Los opositores al Corredor Interoceánico han sido criminalizados y reprimidos por defender sus tierras ante la imposición de distintos proyectos de infraestructura como son los polos de desarrollo, la ampliación de la escollera de Salina Cruz, las plantas de energía eólica y solar, los derechos de vía, etcétera. El control del territorio del Corredor Interoceánico (incluyendo sus tramos Z, FA, K y G) está en cruenta disputa por los Cárteles CS y CJNG,
Samir Flores Soberanes, luchador social nahua, fue asesinado en 2019 por oponerse al Proyecto Integral Morelos en tanto que sus compañeros han sido encarcelados y perseguidos en distintos momentos. Este proyecto que aún no se ha echado a andar atenta contra la salud y los recursos vitales, como el río Cuautla, de un poblado dedicado a la siembra y a la ganadería.
Las minas, presas hidroeléctricas, plantas de energía eólica y fotovoltaica, la explotación de hidrocarburos y demás proyectos extractivos trastocan la vida de las comunidades. La oposición a estos proyectos es enfrentada por el Estado con la división comunitaria, con el reparto de programas sociales o dejando hacer al crimen organizado, muchas veces articulado también a los intereses de las empresas concesionarias.
La violencia también se ejerce desde los proyectos agroindustriales que compiten con la milpa de los campesinos temporaleros y con los apicultores. Los invernaderos de berries, las huertas de aguacate, las hortalizas de exportación, las megagranjas de puercos, reses y pollos, las plantaciones de soya transgénica, no sólo acaparan la tierra destruyendo selva o bosque para establecerse, también acaparan el agua de manera formalmente legal mediante concesiones que les otorga la Conagua —en tanto que a los campesinos se las niega— o de forma ilegal desviando las corrientes de los ríos, arroyos o manantiales, construyendo pozos profundos y ollas de agua sin licencia, extrayendo agua de presas y lagos. Además utilizan el bombardeo de nubes con cañones antigranizo para ahuyentar la lluvia. El uso de agrotóxicos afecta a los cultivos, apiarios y poblaciones vecinas, y los desechos tóxicos de las granjas contaminan los ríos y cenotes y envenenan el ambiente. La inundación de tecnologías digitales para la agricultura implica dependencia, espionaje y mayor saqueo de minerales, tierras y agua.
Las manifestaciones sociales fueron criminalizadas por el gobierno en tanto que el dominio del crimen organizado se amplió y se mantiene en la impunidad. Los intereses de las empresas se protegieron y toleraron sus violaciones ambientales y sociales. Las penas de años de prisión o montos de reparación de daño para quienes resisten son excesivas y desproporcionadas y tienen el objetivo de castigar y disuadir de organizarse a quienes defienden sus territorios y se oponen a los despojos.
La reforma indígena que posiblemente se apruebe en el paquete de 20 reformas presentadas por el presidente de la república no tiene que ver con los Acuerdos de San Andrés, ni con la iniciativa acordada en los foros convocados por el INPI. Es una reforma poco significativa que no toca los derechos fundamentales que los pueblos indígenas reclaman como son el derecho al territorio o a la representación política fuera del sistema de partidos.
Las promesas que este gobierno que termina le hizo a los pueblos indígenas no se cumplieron. Por el contrario, la invasión de nuestros territorios creció de manera alarmante ampliando los alcances de los cárteles del crimen organizado.
Por ello:
A pesar de este entorno de invasión y despojo de nuestros territorios los pueblos indígenas y comunidades rurales resistimos y fortalecemos nuestra identidad. Protegemos la propiedad social de nuestras tierras y elaboramos nuestros estatutos ejidales y comunales, mantenemos nuestras asambleas y cargos comunitarios. Establecemos policías y guardias comunitarias, para nuestra seguridad. Promovemos el trabajo colectivo solidario, practicamos nuestra agricultura campesina, la apicultura y la pequeña ganadería. Cuidamos nuestras semillas, manantiales, cenotes, lagos, lagunas, ríos, playas, montes, bosques y selvas, vigilamos y protegemos nuestro territorio. Celebramos nuestras fiestas y ritos. Conservamos nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra identidad.
Somos pueblos originarios que habitamos este territorio antes de la existencia del Estado – nación. Somos pueblos, comunidades y barrios con otro proyecto de futuro y de Nación Exigimos un alto inmediato a la violencia en nuestra contra y el respeto de nuestros territorios.
México, 1 de agosto de 2024
Nacional: Red en Defensa del maíz; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano; Maderas del Pueblo del Sureste AC; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas (COTRIC), Chiapas: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Colectivo de Defensores del Territorio en la Región Sierra Fronteriza de Chiapas; DESMI; Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC); ZODEVITE; Coordinación Regional Bachajón por la Defensa del Territorio Chilón Chiapas del Congreso Nacional Indígena; Organización de Agricultores Biológicos; Los Lagos de Colores; Instancia Pastoral de la Madre Tierra; Grupo 67 de Amnistía Internacional; Robina Soria; CORECO A.C. (Comisión para la Reconciliación Comunitaria, San Cristóbal; Espacio de Mujeres de la Sexta Jovel. Chihuahua: SINE-COMUNARR. Ciudad de México: Organización de Interpretes y Traductores en Servicios Comunitarios A.C. Colima: Unidos por Armería. Estado de México: Demetria Cano Álvarez de Red de mujeres que Luchan en el Oriente; 26 de agosto de 1972, San Pedro Atlapulco, Estado de México. Guerrero: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Jalisco: Colectivo por la Autonomía. Baja California: NCCP Mexicali. Morelos: Jorge Velázquez Escalvazeta; Asamblea de la resistencia Amilcingo, Morelos; Casa Tecmilco. Oaxaca: CEDIAO; Yunhiz Espacio Alternativo; Colectivo Matza de San Miguel Chimalapa; UCIZONI; Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoot; Servicios del Pueblo Mixe; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT; Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH- ESPADAC); Mujeres de Lachatao en defensa de la tierra y territorio; UNOSJO; Guardianes del Mar de San Mateo del Mar; Mungier Ndyuck (defensores del mar) San Dionisio del Mar; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI; Santiago Tlatepusco; Joel Aquino, Víctor Aquino, Yalalag. Puebla: Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla y Tlaxcala; Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Pue-Hgo. Quintana Roo: Colectivo de semillas Muuch’ Kanan I’inaj, Bacalar; Colectivo Xa’aybej. Sonora: H. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación Yaqui. Veracruz: Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Yucatán: Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xìimbal; Selvame del Tren; Colectivo de comunidades indígenas Chenes. Asociación de estudiantes e investigadores Carlos Pellicer Cámara. Internacional: Grupo ETC.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Ofelia Medina, Begoña Lecumberri de Fideicomiso para la salud de los niños indígenas; Jorge Santiago; Historiador Felipe Echenique March; Arqueóloga Rebeca Yoma Medina; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH); Alma Rosa Rojas; Arqueóloga Elsa Hernández Pons; Roger Maldonado y Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos A.C.; Historiador Antonio García de León; Arqueólogo Sergio Gómez Chávez del INAH; Concepción López Silvia, Lourdes Gutiérrez, Patricia Miller, Roger Maldonado, Gabriela Ortiz Cosío del Colectivo Coníferas San Cristóbal de las Casas; Carolina Perea Ríos; Erika Ordaz; Joel Ortega Juárez; Xuma, Centro de Defensa y Justicia Social;; Politóloga Mariana Ramírez Manzano; Dra. Johana Fernanda Sánchez Jaramillo; Pilar Noriega García; Abogada y Antropóloga Florencia Mercado; Dr. Héctor Javier Sánchez, investigador de Ecosur; Martha Figueroa Mier; Dr. Fernando Valadez Pérez, del Colectivo contra la tortura y la impunidad; Arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer; Bolfy Cottom; Fernando García Masip, de UAM-Xochimilco; Peter Rosset de Ecosur; Marcos Arana Cedeño, médico del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos; Arqueóloga Juana Moreno Hernández; Francisco Javier Guerrero Mendoza; Rosa Angélica Caballero Cerda; La Revuelta, Grupo de trabajo de economía feminista de Abya Ayala; Demetria Cano Álvarez; Katia Núñez Patiño, profesora UNACh; María García Castillo Ramírez, profesora jubilada del SNPICH-INAH; Psicoanalista Fanny Salinas; Ana Cristina Vásquez Carpizo; Ángeles Cruz; Acrtiz y directora de cine Ñuu Savi; Guillermo Castillo Ramírez (UNAM); Jorge Alonso Sánchez de CIESAS; Fernando Castro Campos (CJPSM A.C.); María Cecilia de la Paz Vázquez Ahumada – INAH Puebla; María de las Mercedes Palencia Villa – CUCSH U de G; Psicoanalista Mario Bejos Lucero; Amparo Sevilla DEAS-INAH; Voces Unidas de Puerto Morelos; Antropóloga Silvia Alvarado; Jesús López López; Israel D. Negrón; Iván Sebastián; Eduardo Díaz; Nicolás Moreno; María Jesús Eva Barbosa; Cintya Janet Yah Uc; Lucía López Hernández; Juana López Hernández; Alfredo Martínez Vázquez; Elena Coral Mota Green; Sebastián Moreno; Bryan Arizmendi; Santiago Hernández Ramírez; Romel González Díaz; Rocío Martínez Jiménez; Consuelo Gómez; María del Carmen Hernández Díaz; Jerónima López Hernández; Rosario B. Canal Castillo; Valentina Leduc Navarro; Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas COTRIC; Comunidad multitrueke Mixiuhca; Historiadora de la educación Dra. Elsie Rockwell
Colombia: Colectivo Colónbia; Descubrimiento de Europa; Rodrigo Parada Ortiz; Vilma Rocío Almendra Quiguanas; Emmanuel Eduardo Rozental Klinger; Pueblos en Camino Abya Yala. Alemania: Julian Manek; Florencia Mercado; Kaffeekollektiv Aroma zapatista; Argentina: Red de Solidaridad con Chiapas de Rosario, Argentina; Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires; Colectivo Corazón del Tiempo, Puelmapu/Nor Patagonia; Espacio de Aprendizaje y Desaprendizaje Autónomo desde la Sexta, Córdoba; Cátedra de Sociología Política – UNCo. Puelmapu, Patagonia; La Chispa Prensa Argentina- México; Mercedes Simoncini, Rosario Santa Fe; Ramona Mercado Agroecológico, Córdoba; Bélgica: CafeZ; Geneviève Michel (grupo CafeZ); Natalia Hirtz (investigadora Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative GRESEA, Bruselas); Casa Nicaragua; Chile: Abya Yala Rompe el Cerco; Espacio Político Cultural Casa Roja (La Serna, Chile); Escuelita Popular Teresa Flores; Colectivo Fuga de Tinta; Huerta Comunitaria Hector Venegas; Estados Unidos Global Justice Ecology Project; José Quiroga MD, Medical Director, Program for Torture Victims, Los Ángeles, California; Clark University; Community College of Rhode Island; Finlandia: Colectivo Armadillo Suomi Del pueblo Sammi; Francia: Maestra y sindicalista a Sud-Soliaries Cybèle David; YALA Colecriva; Nantes; Association France Amérique Latine; Dianne Rocheleau- Malaret; Luis Malaret; Papillon comunidad de aprendizaje; Grecia: Calendario Zapatista; Italia: Nodo Solidale; Filippo Taglieri, Helene Gautier, Fabrizio Novelli, Rebecca Rovoletto de Ecotono Aps; Convocatoria Ecologista Taranto; Ecopol Palermo, Studenti Palermitani; Laboratorio Studentesco Autonomo; Gas Lucca; Dsitretto Economia Solidale Alto Tirreno; Scienza Radicata; Maria Adele Cozzi (Marzabotto), Mut Vitz 13 (Marseille) Associazione Ya Basta Êdî Bese (Noreste de Italia); Tatawelo Italia; Associazione Italia- Nicaragua, Associazione Ita-Nica di cooperazione e volontariato; Maurizio Marchi Rosignano Marittimo; Nino Quaresima (Roccastrada – GR; Nadia Saracco (Gavorrano) Luciano Guidi (Barga); Stefano Seghetti (Collesalvetti); Firenze: Pierluigi Tedeschi; Cesare Dagliana; Maria Pia orpaci (Garbagna), Mariza Falcon (Scorze VE). Roma: Claudio e Rita Romanini; Gaia Capogna; Giuseppe Tornincasa; Capannori: Federica Cecchi; Matteo Donatini; Marinella Pucci; Aldo e Brunella Zanchetta; Nicoletti Roberta; Nutini Isabella; Franco Fantozzi; Matteo Msini; Laura Falchi; Paola Nesi; Lucca: Cooperativa Sociale Solidando Lucca; Gruppo di Acquisto Solidale; Susanna Masoni; Gentosi Albo; Guglielmo Sonnenfeld; Maria Gemma Urbani; Paola Matteucci; Annunziata Milite; Ugo Barra; Delia Barra; Massimo Casali; Simona Casciarri; Sofia Buchetti; Bianca Maria Bigongiari; Martini Manuela; Oriana Spaziani Rispoli; Patrizia Martinelli; Marina Lorenzi; Barbara Giammattei; Andrea Cesaretti; Cinzia Bianchi; Manuela Martinelli; Elio Pardini; Gabriella Buchignani; Barbara Lastrucci Livorno: Massimo Maggini; Sonia Bibbolini; Stefano Giari, Diana Panicucci; Milano: Patrizia Gioia; La Spezia: Mirella Ghirlanda; Roberto Bugliani; Arnaboldi Luigi; Paolo Luporini; Pisa: Federico Giusti; Lfila Lisa D’Angelo; Maria Grazia Petronio; Alice Galeotti. Marzabotto: Paiano Addolorata; Rasia Danillo; Bologna: Daniela Conti; Chiara Sibona Passini e Diego Rufillo Passini; Barga: Paolo Fusco; Mattia Cucchi; Maria Elena Bertoli; Mattia Galeotti. Rosignano Marittimo: Arcaica (Associazione neo-primitivista) Ilaria Burresi; Comitato Transparenza, Manuel Murgia, Francesca Fabbiani, Elzbieta Pekala, Roberto Repeti, Carlo Carriero, Tiziano Biagiotti, Chiara Feri, Anna Santinelli. País Valenciano: Pallasos en Rebeldía; Portugal: Francesco Biagi, Lisboa. Uruguay: Colectivo Contraimpunidad. Estado español: Centro de documentación sobre zapatismo – Cedoz (Estado español); Yretiemble – espacio de apoyo al Congreso nacional indígena desde Madrid (Estado español); Lumaltik Herriak y Txiapasekin (País Vasco); Colectivo la Tasquiva de Andalucía, España; Asamblea Plaza de los pueblos en Madrid España; Las Caracoleras de Olba de Teruel; Lola Cubells, Valencia; Silvia Grünig (Barcelonna, ES) Suiza: Olas de rebeldía, Ginebra; Europa: Mujeres y Dicidencias de la Sexta en la Otra Europa Red de Redes.