25 julio, 2018
Ciudad de México, 27 de febrero de 2017
– Necesario desechar este dictamen y convocar a un proceso transparente y participativo
Un amplio grupo de organizaciones, productores y académicos del sector forestal cuestionó el dictamen aprobado de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados con el cual la propuesta de nueva ley forestal presentada por el Partido Verde Ecologista será puesta a votación en el Congreso, sin previa consulta al sector.
En conferencia de prensa, representantes de organizaciones civiles y de productores forestales indicaron que hace dos semanas más de cien organizaciones hicieron un llamado a los diputados para que antes de aprobar el dictamen de nueva ley forestal se convocara a un proceso de consulta con el objeto de recoger las propuestas del sector y avanzar así a la generación de un marco regulatorio eficaz que en verdad atienda la problemática regulatoria que enfrentan las regiones forestales del país. Sin embargo, no hubo respuesta positiva por parte del partido promovente.
En conferencia de prensa, Gonzalo Chapela, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), resaltó que el dictamen aprobado el pasado 21 de febrero por la COMARNAT “no tiene prácticamente ningún avance en comparación con la ley vigente de 2003. En contra parte, presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para mejorar el marco jurídico del sector.”
Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) precisó que el dictamen aprobado “deja de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo forestal comunitario. Además, invade facultades porque centraliza el poder en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) al dejarla como responsable de coordinar las acciones de cambio climático, elaborar los reglamentos de los consejos estatales y reducir el comité mixto del Fondo Forestal Mexicano a un mero asesor, con lo cual deja a su discreción la toma de decisiones y asignación de recursos, como los del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).
“Se debe garantizar la consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, por ello es necesario que la iniciativa sea sometida a un amplio debate entre todos los actores involucrados. De acuerdo con los principios que rigen el derecho ambiental expedir una iniciativa de ley en estos términos supondría contravenir el principio de no regresión, lo cual está prohibido,” subrayó.
Por su parte Raúl Benet, del CCMSS, señaló que el dictamen aprobado representa un retroceso en materia de participación ciudadana, “porque en lo que concierne al Consejo Nacional Forestal (CONAF), y a los Consejos Estatales, se reducen al mínimo sus funciones, hasta dejar a estas instancias en figuras decorativas, sin fuerza, a voluntad de los funcionarios.”
Añadió que este dictamen de ley forestal ha dejado de lado nuevamente la insistente demanda de las organizaciones de productores de simplificar los procesos administrativos de tramitación de permisos y autorizaciones para el manejo y aprovechamiento forestal. “La ausencia de una mejora regulatoria efectiva, ha desincentivado la producción forestal legal que ha caído más de 40 por ciento en los últimos 17 años, a pesar del permanente aumento del consumo nacional de productos forestales. El dictamen de ley plantea cambiar la ventanilla para la gestión de trámites de la Semarant a la Conafor, sin embargo, toda la normatividad que define los requisitos, costos, tiempos y procedimientos no se cambian y se mantienen los múltiples y complicados trámites que tienen que realizar las comunidades y ejidos una vez y otra vez para renovar un permiso de aprovechamiento.”
“Este dictamen omite la creación de un Sistema Nacional de Salvaguardas, como un instrumento de la Política Forestal en concordancia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la vinculación con ordenamientos internacionales,” subrayó Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf). Resaltó que “incluso deja de lado el mandato expreso de un acotado Sistema de Información de Salvaguardas, comprometido por México en los Acuerdos de Cancún, derivados de la COP 16 de Cambio Climático.”
En cuanto al tema de la oferta de la madera ilegal, cuyas estimaciones van desde el 30 hasta el 70 por ciento del total de la producción maderable en México, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil subrayaron que el dictamen de nueva ley forestal no mejora en nada la regulación de madererías y aduanas, que son donde se origina la mayor parte del tráfico ilegal.
En el documento de análisis sobre el referido dictamen de ley forestal presentado por las organizaciones, se evidencia que “no se promueve un abordaje integral del problema de la madera de origen ilegal mediante planes y programas regionalizados ni se dota de atribuciones suficientes a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para coordinar su acción con énfasis en la prevención, la modernización de la trazabilidad, la participación comunitaria en la vigilancia y la lucha contra la corrupción.”
“La enorme cantidad de temas que deja fuera esta iniciativa de reforma a la ley forestal hace necesario desechar este dictamen y comenzar a trabajar, sin prisa y de manera detallada en una reforma a la ley del sector forestal que sí responda a las necesidades del sector,” concluyeron los representantes de los organismos sociales.
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Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF); Silvícola Ocote Real; Silvicultores y Productores Agropecuarios Quetzalpapalot; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO); Unión de Ejidos Sierra Norte de Puebla.