24 julio, 2018
Ciudad de México, a 20 de junio de 2017
– La ilegalidad en el sector forestal se concentra en los talamontes y falta de trazabilidad en las importaciones de productos forestales
– Hostigar a Empresas Forestales Comunitarias pone en riesgo el ingreso y empleo de las familias rurales
En días recientes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró varios Centros de Almacenamiento y Transformación e instalaciones industriales de Empresas Forestales Ejidales y Comunales en diversos estados del país.
El 9 de junio clausuró las instalaciones del ejido Tres Garantías, en Quintana Roo, y unos días después fue contra la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, en Amanalco de Becerra, Estado de México. La Unión está constituida por once ejidos forestales, que desde hace 36 años manejan y aprovechan sus bosques en una de las pocas regiones del país donde a lo largo de ese tiempo la cobertura forestal no ha disminuido, sino que ha aumentado.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) documentó un aumento de más de 300 hectáreas en la cobertura forestal de esa región; además de una mejoría muy importante en el estado de los bosques dentro de la cuenca de Amanalco, precisamente la manejada por los ejidos que están siendo perseguidos por la Profepa.
Según el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cerca del 70 % de la madera que circula en el país es de origen ilegal. Sin embargo, “ni esa Procuraduría ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuentan con información sobre la situación real de la ilegalidad en el sector forestal, y tampoco saben qué porcentaje de la madera ilegal proviene de otros países, o de desmontes y tala ilegal en terrenos forestales que carecen de planes de manejo, destacó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del CCMSS.
Detalló que “autoridades de otros países han detectado en reiteradas ocasiones la masiva importación de madera de origen ilegal a México, como ha quedado de manifiesto con barcos como el Yacu Kallpa, que hizo decenas de viajes cargado con madera ilegal proveniente del Amazonas, antes de ser descubierto en Tampico por la Interpol y otras agencias internacionales. El gobierno federal terminó entregando la madera a los compradores y permitiendo su entrada ilegal al mercado mexicano.”
Raúl Benet detalló que “también ha quedado de manifiesto que no existe un mecanismo efectivo para impedir que la madera ilegal llegue a obras de gobierno, a las grandes madererías y a la industria.” El Consejo Nacional Forestal (CONAF) solicitó a la Semarnat en octubre pasado, un informe sobre la situación de la documentación forestal, las guías y reembarques necesarios para mover la madera; el informe producido por la Dirección General Forestal y de Suelos fue que las autoridades carecen de información sobre lo que ocurre, sobre cuánta madera se produce de manera legal y cuánta proviene de fuentes ilegales.
Varias fuentes especializadas, como la FAO y Global Forest Watch registran que la deforestación proviene principalmente del cambio de uso del suelo forestal hacia actividades agrícolas y ganaderas. En el caso de México es principalmente por el desmonte de selvas y bosques para el cultivo de palma de aceite, soya y otros cultivos agro industriales. Las medidas y decomisos contra estos desmontes por parte de Profepa son mínimas en regiones como Chiapas o la Península de Yucatán, cuyas selvas son desmontadas a tasas aceleradas para esos fines. Lo mismo ocurre en el caso de los cultivos de aguacate en Michoacán, Jalisco y otros estados.
Benet remarcó que “a juzgar por los comunicados de prensa e informes emitidos por la Profepa, una de las principales actividades que realizan sus inspectores, junto con la Gendarmería Ambiental, para supuestamente detener la deforestación y combatir el tráfico ilegal de madera, es la persecución a ejidos y comunidades que cuentan con permisos y planes de manejo, y que por algún motivo incurren en alguna falta administrativa, la mayoría de las veces derivada de una regulación absurda, confusa y costosa.”
Por su parte, Raúl Quintero, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, indicó que la Unión que preside se abastece de madera de los únicos ejidos que cuentan con certificado de manejo forestal bajo los lineamientos del Forest Stewardship Council (FSC) en el Estado de México.
Además, dijo, “el propio titular de Semarnat, junto con el director de la Conafor, visitaron en meses pasados la región de Amanàlco y reconocieron el excelente manejo forestal que llevan a cabo las comunidades.” La propia Conafor ha destinado importantes recursos públicos para apoyar estas actividades.
Sin embargo, para la Profepa, contar con planes de manejo y certificaciones no basta, como tampoco basta demostrar que esos bosques y selvas están bien manejados y que en ellos no sólo no hay deforestación, sino que se promueve la conservación activa de la flora y fauna silvestre, el manejo integral del territorio y se favorece la conservación de los suelos y la infiltración del agua, explicó Celso Cándido, presidente del Comisariado del ejido San Lucas de Amalanlco, Estado de México.
Raúl Quintero, explicó que, en el caso de la clausura de las instalaciones de la empresa forestal ejidal de Amanalco, el motivo que manifestaron los inspectores fue la “inadecuada aplicación de los sistemas de control de entradas y salidas del producto forestal,” lo que significa que no existe una correlación precisa entre la documentación de la madera aserrada que ha salido de la industria, con el volumen de la madera en rollo que ha entrado, como legalmente debe ocurrir.
Para que esa correlación exista, dijo, “se deben aplicar de manera correcta los factores de conversión entre madera en rollo y madera aserrada, y en este caso, los inspectores de Profepa aplicaron estos factores de manera extrema, equivocada y mal intencionada.”
El índice de aserrío, que mide esa relación, tiene en nuestro país un rango de entre 47 y 57 %, y es el rango en el que se encuentra Amanalco, mientras que el que aplicaron los inspectores fue de 62 %, lo que explica por qué no encontraron la correlación esperada. Según los datos reales, si se aplica un coeficiente de aserrío de manera correcta, no se encuentra ninguna inconsistencia, y no habría motivo para la clausura.
Raúl Quintero refirió que “los inspectores de Profepa llevaban la consigna de clausurar las instalaciones, y para eso aplicaron un índice de aserrío irreal, que prácticamente nadie alcanza en todo el país.”
La Unión de Ejidos Emiliano Zapata reconoce la importancia de los controles y el apego a la legalidad, pero su representante acusó “que en este caso hay saña y mala fe”. Por lo que exigió el cese a la persecución y criminalización por parte de la Profepa contra los ejidos y comunidades que se preocupan por cuidar y manejar los bosques de manera sustentable, y demandó la apertura inmediata de las instalaciones de la Unión de Ejidos de Amanalco, para que las mil 125 familias de ejidatarios que la conforman, puedan continuar con la actividad económica que les permite realizar todas las labores de conservación de los bosques.