25 agosto, 2021
El derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi ocurrido el 6 de agosto de 2014, es el desastre ambiental minero más grande de la historia en México, y un caso de impunidad y de falta de reparación para las comunidades afectadas y organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora.
El derrame ha tenido afectaciones graves a la salud de las comunidades a lo largo de la cuenca, a su tejido social y al medio ambiente, con impactos diferenciados en las infancias, adolescentes, y las mujeres.
En estos 7 años de impunidad, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes hemos presenciado cómo las autoridades de todos los niveles: local y federal, así como las personas que han participado en campañas y puestos políticos, y el empresariado, han negado la existencia de la contaminación, los abusos a los derechos humanos y la falta de acceso a la justicia.
El derecho humano a la salud no es el único derecho afectado en el caso de estas comunidades, sino que se han violado otros derechos: el derecho a la vida, el derecho al agua y saneamiento, a un medio ambiente sano y la participación en los procesos que las impactan. Asimismo, hacemos eco del llamado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos, reparar de forma integral los daños causados en las comunidades y en el medio ambiente.
En el marco del décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado para que las autoridades mexicanas de todos los niveles y poderes adopten medidas de reparación para el caso de las comunidades del Río Sonora: agua limpia, un plan de remediación para el medio ambiente, un plan de activación integral del campo, la reactivación del Fideicomiso Río Sonora, y la rendición de cuentas de la empresa responsable: Grupo México. Urgimos a que trabajen de manera articulada y coordinada para dar esas respuestas e instamos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que dicte las medidas cautelares para proteger a las comunidades afectadas, como lo han solicitado formalmente.
Es fundamental que la reparación para las comunidades del Río Sonora sea integral y que se establezcan medidas que garanticen la no repetición; así como legislación y mecanismos de debida diligencia obligatoria para asegurar que las actividades de las empresas no afecten negativamente a las comunidades con sus operaciones y desproporcionadamente a poblaciones que han sido vulneradas históricamente.
Mujeres, hombres, niñas, niños y todas las personas de las comunidades del Río Sonora y de México tienen derecho a la justicia. No más simulación.
¡Basta de #7añosDeImpunidad! ¡Reparación del daño! ¡Garantía de no repetición! ¡Agua limpia para los ríos Sonora y Bacanuchi!
Para suscribir aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXE8FY9RhroYe2VCX3AaeF7f9If-dZsuTFl3d-CrY-Mk4jWgg/viewform
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Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESCA)
Fundar Centro de Análisis AC.
Greenpeace México A.C.
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Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT)
Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.
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Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
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Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México
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