30 septiembre, 2024, Por: CCMSS
Representantes de ejidos, comunidades y pueblos indígenas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, junto con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible dialogaron con el equipo de transición para temas ambientales del gobierno electo en torno a la urgencia de redefinir la política forestal del país.
Las comunidades expusieron un conjunto de problemas que afectan la gobernanza territorial y el cuidado y protección de los ecosistemas y bienes forestales, como el crimen organizado, que es una de las principales amenazas en los territorios porque genera escenarios de inseguridad, debilita el tejido social, merma la organización comunitaria y las iniciativas productivas.
Además, resaltaron que el enorme debilitamiento que la administración gubernamental que ahora termina, le ha impuesto a la Semarnat, Conafor, Conanp, RAN, Procuraduría Agraria y a la Profepa han provocado una ausencia de la acción institucional en las regiones forestales, lo cual ha allanado el camino para que empresas turísticas, inmobiliarias y agroindustriales puedan instalar sus instalaciones y operar sin tener que ajustarse la normatividad ambiental, agudizando así los procesos de degradación y deforestación de los ecosistemas.
Resaltaron que el recorte presupuestal que han sufrido estas dependencias ha repercutido en que carezcan de personal suficiente y recursos para cumplir con las obligaciones que la ley les mandata.
La atención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a las denuncias ciudadanas por desmonte, cambio de uso de suelo o tala ilegal ha sido mínima, ya que carece de personal y el equipo necesario para trasladarse y evaluar daños, así como para proceder legalmente.
En regiones forestales, la PROFEPA ha trabajado bajo un enfoque puramente punitivo centrando sus esfuerzos en vigilar y sancionar a las comunidades y ejidos que operan por la vía legal, que cuentan con planes de manejo y autorizaciones para el aprovechamiento sustentable de recursos forestales maderables y no maderables. Y en cambio, ha dejado de perseguir a los responsables de la deforestación y el cambio de uso de suelo, como son, las empresas inmobiliarias y los talamontes.
Por otra parte, los representantes de comunidades y ejidos forestales coincidieron que en las delegaciones en los Estados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene su personal recortado, no hay delegados nombrados, y las oficinas operan con recursos tan limitados que les impide realizar supervisiones, salidas de campo y despachar con prontitud los trámites necesarios que realizan las comunidades como son la emisión de documentación para el transporte de madera, permisos, autorizaciones, y demás trámites.
Los retrasos en la gestión de autorizaciones y documentación de transporte de la madera incrementan los costos, se pierden oportunidades de mercado, se pierde competitividad y se dejan de percibir los ingresos que la comunidad requiere para el cuidado, protección y manejo planificado de los territorios forestales.
Con respecto al tema de la comercialización, las comunidades y ejidos que participaron del Encuentro resaltaron que en los últimos años los mercados están siendo inundados de productos forestales importados de Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá, así como de productos provenientes de plantaciones, que son de poca calidad y bajo precio, pero que impactan significativamente las ventas de las empresas forestales comunitarias, dónde el precio de la madera incluye los costos del cuidado, protección y conservación de los territorios forestales.
Además, circula en los mercados una gran cantidad de madera de origen ilegal que se comercializa mucho más barata porque no tiene que cubrir todos los gastos que implica cumplir con la ley y la normatividad. Estimaciones de algunos especialistas señalan que alrededor del 60% de la madera que se comercializa en México es de origen ilegal.
En el Encuentro se planteó que la necesidad de poner en marcha un conjunto de políticas públicas que frenen el mercado ilegal y a su vez incentiven el consumo de productos forestales provenientes de fuentes legales y sostenibles, preferentemente comunitarias.
Las comunidades han propuesto la necesidad de que las instituciones de las diferentes áreas del gobierno se comprometan en apoyar el manejo sustentable del bosque a través de hacer obligatoria a la obra pública a consumir productos forestales de origen legal producida por comunidades y ejidos
Las comunidades y ejidos lamentaron que el tema del manejo y conservación de los bosques y selvas no haya estado, durante la administración que ahora termina, entre las prioridades del Gobierno Federal y que, en cambio, se hayan debilitado las estrategias de enfocada a el cuidado, conservación y manejo sustentable de los bosques.
Como resultado del debilitamiento de la acción institucional, se incrementaron los procesos de cambio de uso de suelo, crecieron también las áreas afectadas por incendios y plagas y en diversas regiones forestales comunidades y ejidos retrocedieron en el control de los procesos productivas, teniendo en muchos casos que convertirse en “rentistas” o en suspender el manejo del bosque.
Además de compartir su diagnóstico con el equipo de transición, las comunidades y ejidos que participaron en el encuentro plantearon una serie de propuestas fundamentales para detener el proceso de degradación de los ecosistemas, fortalecer las iniciativas comunitarias de manejo y conservación forestal que debería incorporar en su agenda de trabajo el gobierno federal entrante:
Ejido San Diego de Tenzaens, Durango.
Comunidad San Bernardino de Milpillas, Durango.
Grupo SEZARIC, Durango
Ejido Vencedores, Durango.
Ejido El Largo, Chihuahua.
Pueblos Mancomunados, Oaxaca.
Consorcio Forestal Comunitario de Oaxaca.
San Pedro el Alto, Oaxaca.
Unión de Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), Oaxaca.
Comunidad de Ixtlán y Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ), Oaxaca.
Unión de Ejidos de Amanalco, Estrado de México.
Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.
Ejido de Noh Bec, Quintana Roo
Ejido Nuevo Becal, Campeche
Ejido Caoba, Quintana Roo
Ejido Tres Garantías, Q. Roo
Ejido Bacalar Qroo
Ejido X-Yatil Qroo
Ejido X-Hacil Qroo
Ejido Dziuché, Quintana Roo
Ejido Nuevo Guadalajara, Quintana Roo.
Bosques y Gobernanza; Chiapas.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible