Foro de comunidades y ejidos forestales: Por una política gubernamental comprometida con la gestión comunitaria de los bosques y selvas y la propiedad social


30 septiembre, 2024, Por:

Foro de comunidades y ejidos forestales:  Por una política gubernamental comprometida con la gestión comunitaria de los bosques y selvas y la  propiedad social

Representantes de ejidos, comunidades y pueblos indígenas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, junto con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible dialogaron con el equipo de transición para temas ambientales del gobierno electo en torno a la urgencia de redefinir la política forestal del país.

Las comunidades expusieron un conjunto de problemas que afectan la gobernanza territorial y el cuidado y protección de los ecosistemas y bienes forestales, como el crimen organizado, que es una de las principales amenazas en los territorios porque genera escenarios de inseguridad, debilita el tejido social, merma la organización comunitaria y las iniciativas productivas.

Además, resaltaron que el enorme debilitamiento que la administración gubernamental que ahora termina, le ha impuesto a la Semarnat, Conafor, Conanp, RAN, Procuraduría Agraria y a la Profepa han provocado una ausencia de la acción institucional en las regiones forestales, lo cual ha allanado el camino para que empresas turísticas, inmobiliarias y agroindustriales puedan instalar sus instalaciones y operar sin tener que ajustarse  la normatividad ambiental, agudizando así los procesos de degradación y deforestación de los ecosistemas.

Resaltaron que el recorte presupuestal que han sufrido estas dependencias ha repercutido en que carezcan de personal suficiente y recursos para cumplir con las obligaciones que la ley les mandata.

La atención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a las denuncias ciudadanas por desmonte, cambio de uso de suelo o tala ilegal ha sido mínima, ya que carece de personal y el equipo necesario para trasladarse y evaluar daños, así como para proceder legalmente.

En regiones forestales, la PROFEOPA ha trabajado bajo un enfoque puramente punitivo centrando sus esfuerzos en vigilar y sancionar a las comunidades y ejidos que operan por la vía legal, que cuentan con planes de manejo y autorizaciones para el aprovechamiento sustentable de recursos forestales maderables y no maderables. Y en cambio, ha dejado de perseguir a los responsables de la deforestación y el cambio de uso de suelo, como son, las empresas inmobiliarias y los talamontes.

Por otra parte, los representantes de comunidades y ejidos forestales coincidieron que en las delegaciones en los Estados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene su personal recortado, no hay delegados nombrados, y las oficinas operan con recursos tan limitados que les impide realizar supervisiones, salidas de campo y despachar con prontitud los trámites necesarios que realizan las comunidades como son la emisión de documentación para el transporte de madera, permisos, autorizaciones, y demás trámites.

Los retrasos en la gestión de autorizaciones y documentación de transporte de la madera incrementan los costos, se pierden oportunidades de mercado, se pierde competitividad y se dejan de percibir los ingresos que la comunidad requiere para el cuidado, protección y manejo planificado de los territorios forestales.

Con respecto al tema de la comercialización, las comunidades y ejidos que participaron del Encuentro resaltaron que en los últimos años los mercados están siendo inundados de productos forestales importados de Brasil, Chile,  Estados Unidos y Canadá, así como de productos provenientes de plantaciones, que son de poca calidad y bajo precio, pero que impactan significativamente las ventas de las empresas forestales comunitarias, dónde el precio de la madera incluye los costos del cuidado, protección y conservación de los territorios forestales. 

Además, circula en los mercados una gran cantidad de madera de origen ilegal que se comercializa mucho más barata porque no tiene que cubrir todos los gastos que implica cumplir con la ley y la normatividad. Estimaciones de algunos especialistas señalan que alrededor del 60% de la madera que se comercializa en México es de origen ilegal.

En el Encuentro se planteó que la necesidad de poner en marcha un conjunto de políticas públicas que frenen el mercado ilegal y a su vez incentiven el consumo de productos forestales provenientes de fuentes legales y sostenibles, preferentemente comunitarias.

Las comunidades han propuesto la necesidad de que las instituciones de las diferentes áreas del gobierno se comprometan en apoyar el manejo sustentable del bosque a través de hacer obligatoria a la obra pública a consumir productos forestales de origen legal producida por comunidades y ejidos

Las comunidades y ejidos lamentaron que el tema del manejo y conservación de los bosques y selvas no haya estado, durante la administración que ahora termina, entre las prioridades del Gobierno Federal y que, en cambio, se hayan debilitado las estrategias de enfocada a el cuidado, conservación y manejo sustentable de los bosques.

Como resultado del debilitamiento de la acción institucional, se incrementaron los procesos de cambio de uso de suelo, crecieron también las áreas afectadas por incendios y plagas y en diversas regiones forestales comunidades y ejidos retrocedieron en el control de los procesos productivas, teniendo en muchos casos que convertirse en “rentistas” o en suspender el manejo del bosque.

Las propuestas

Además de compartir su diagnóstico con el equipo de transición, las comunidades y ejidos que participaron en el encuentro plantearon una serie de propuestas fundamentales para detener el proceso de degradación de los ecosistemas, fortalecer las iniciativas comunitarias de manejo y conservación forestal que debería incorporar en su agenda de trabajo el gobierno federal entrante:

1. Gobernanza y Fortalecimiento Institucional del Sector Forestal

  • Política forestal diferenciada de acuerdo con cada región forestal.
  • Necesaria una institución fuerte que guíe la política forestal, con presupuesto y personal suficiente con capacidad de contribuir de manera efectiva a enfrentar la grave problemática que enfrenta los territorios forestales comunitarios.
  • Se requiere una Procuraduría Agraria y un Registro Agrario Nacional con personal, capacidad y compromiso con la propiedad social, que brinde apoyo a las comunidades en sus esfuerzos por fortalecer la gobernanza, el tejido social y la defensa de la tierra.
  • Fortalecimiento y profesionalización de la PROFEPA, de tal manera que suspenda sus acciones de hostigamiento a las comunidades que manejan el bosque y se enfoque en perseguir la tala ilegal y castigar el cambio de uso de suelo realizado por empresas turísticas, inmobiliarias y agroindustriales. Además, con capacidad para poner en marcha una estrategia de freno a los mercados de madera ilegal, concentrándose en la revisión de los centros de consumo de madera.
  • En la Dirección de Gestión Forestal de Semarnat y en las Delegaciones se requiere mejorar sustantivamente el sistema de gestión y control forestal para hacerlo accesible y funcional (autorizaciones, remisiones forestales).
  • Descentralización de responsabilidades y atribuciones mediante un esquema desarrollo de capacidades de las entidades federativas.
  • Coordinación y acción institucional eficaz para frenar el del crimen organizado que hostiga a las empresas forestales comunitarias y arrebata a las comunidades el control del territorio Articulación de políticas de desarrollo forestal con las de desarrollo agropecuario, para evitar la deforestación y asegurar un manejo integral de los territorios rurales.

2. Incentivos Económicos y Fiscales para el Sector Forestal Comunitario

  • Implementación de un esquema fiscal especial para las empresas forestales comunitarias.
  • Compras de gobierno que favorezcan la adquisición de productos de madera provenientes de comunidades forestales.
  • Revisión y documentación de los impactos que genera sobre los bosques manejados en México, la importación de productos forestales maderables y no maderables de tal manera que se pueda argumentar el establecimiento de límites.
  • Esquemas flexibles de acceso al crédito para iniciativas comunitarias, incentivando el manejo forestal sustentable.
  • Apoyar económicamente los esfuerzos comunitarios de protección y conservación del bosque, a través del programa de pago por servicios ambientales y el estímulo a las áreas voluntarias destinadas a la conservación.

3. Manejo Forestal Sustentable y Desarrollo Comunitario

  • Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para guiar la política de aprovechamiento y conservación.
  • Incorporación de nuevas comunidades al manejo forestal sustentable, promoviendo la gestión comunitaria de los recursos forestales.
  • Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para enfrentar los efectos del cambio climático, incluyendo el manejo del fuego, las plagas y las sequías.
  • Política para el sector forestal diseñada juntamente con las comunidades, con objetivos y metas verificables.
  • Apoyo a una Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación y Degradación Forestal, centrada en los esfuerzos de manejo y conservación comunitaria.

4. Información, Monitoreo y Transparencia

  • Garantizar la información forestal de calidad y continua para la toma de decisiones, incluyendo datos sobre deforestación, comunidades forestales, producción maderable y no maderable.
  • Monitoreo y seguimiento de los avances en las metas de manejo forestal sustentable, deforestación y protección comunitaria.

Organizaciones comunitarias y sociales firmantes

Ejido San Diego de Tenzaens, Durango.
Comunidad San Bernardino de Milpillas, Durango.
Grupo SEZARIC, Durango
Ejido Vencedores, Durango.
Ejido El Largo, Chihuahua.
Pueblos Mancomunados, Oaxaca.
Consorcio Forestal Comunitario de Oaxaca.
San Pedro el Alto, Oaxaca.
Unión de Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), Oaxaca.
Comunidad de Ixtlán y Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ), Oaxaca.
Unión de Ejidos de Amanalco, Estrado de México.
Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.
Ejido de Noh Bec, Quintana Roo
Ejido Nuevo Becal, Campeche
Ejido Caoba, Quintana Roo
Ejido Tres Garantías, Q. Roo
Ejido Bacalar Qroo
Ejido X-Yatil Qroo
Ejido X-Hacil Qroo
Ejido Dziuché, Quintana Roo
Ejido Nuevo Guadalajara, Quintana Roo.
Bosques y Gobernanza; Chiapas.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

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