10 diciembre, 2019, Por: Gerardo Suárez
El ejido de Cruz de Ocote, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, tiene una larga tradición forestal. Desde hace 30 años los ejidatarios han manejado su bosque y esto les ha permitido generar empleos e ingresos para sus familias.
Actualmente, el ejido cuenta con una certificación nacional de manejo forestal que acredita que cumplen con todas las disposiciones legales y llevan a cabo prácticas de buen manejo, lo que garantiza la conservación del bosque y de los servicios ambientales que éste genera en un largo plazo.
De este bosque de Cruz de Ocote nacen varios ojos de agua que abastecen a la gente del ejido y de otras comunidades vecinas que se dedican a la producción agropecuaria. “Lo que nosotros hacemos es cultivar el bosque”, destaca Isabel Ojeda, presidenta del comisariado ejidal de Cruz de ocote.
El sustento de esta comunidad, así como el arduo trabajo de manejo y conservación del bosque, que implica labores de reforestación, aclareo, podas, apertura de brechas cortafuego, monitoreo de fauna, vigilancia y tratamientos para combate de plagas están en grave peligro, pues sin notificarles, la Secretaría de Economía otorgó una concesión minera sobre todo su territorio a la empresa Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals.
En la superficie de esta concesión se pretende construir la mina Ixtacamaxtitlán, lo que acabaría con todo el bosque de Cruz de Ocote, implicaría la reubicación de los pobladores de este ejido y la pérdida de los medios de vida de la gente que depende del manejo forestal. Además, implicaría la perdida de los manantiales indispensables para la provisión de agua de Cruz de Ocote y las comunidades vecinas.
“Lo primero que perderíamos sería los manantiales y sin el agua se pierde todo lo demás. Nuestro bosque es prácticamente el único con el que cuenta el municipio de Ixtacamaxtitlán; además, nos quedaríamos sin nuestra principal fuente de ingresos y toda la población perdería los servicios que les brinda esté bosque como la captura de carbono, aire limpio, abastecimiento de agua y regulación de la temperatura,” subraya Isabel Ojeda, primera mujer en ocupar en cargo de presidenta del comisariado ejidal en Cruz de Ocote.
Hace seis años, el ejido se enteró, por las comunidades vecinas, que prácticamente todo su territorio había sido concesionado a un particular para llevar a cabo actividades mineras. Las autoridades del gobierno federal no les notificaron de manera oficial que su predio había sido concesionado. Tampoco les preguntaron si estaban de acuerdo con esa decisión.
“Cuando empezamos a preguntar nos dijeron que comenzarían a trabajar en actividades de exploración y hace un par de años se confirmó la presencia de oro y plata, por lo que la empresa dueña de la concesión ya está haciendo todo lo posible por instalar su mina”, detalla Isabel Ojeda.
Sin embargo, el ejido no se quedó de brazos cruzados y comenzaron a movilizarse para impedir el despojo arbitrario de su territorio y sus recursos naturales. Actualmente participan en movilizaciones y se han articulado con otros grupos comunitarios de la sierra poblana en defensa del territorio frente a la amenaza de la minería. “No queremos esta actividad extractivista que solo beneficia a unos cuantos, y nos deja todo contaminado e inservible”, refiere la comisariada ejidal.
A mediados de 2019, como parte del proceso para conseguir la autorización de la Semarnat para el desarrollo del proyecto minero, se llevó a cabo una asamblea informativa en torno a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la minera en la que pobladores, académicos y expertos de la sociedad civil evidenciaron que el documento de evaluación de impacto ambiental presentaba muchas inconsistencias y que la minera oculta los verdaderos impactos negativos ambientales y sociales que generaría su mina en Ixtacamaxtitlán.
Este proyecto minero de extracción de oro y plata implica el uso de miles de toneladas de explosivos y de millones de litros de ácido cianurado para el beneficiado de los minerales, lo cual implica la remoción de millones de toneladas de escombros, la contaminación del suelo, la pérdida de cobertura vegetal, la contaminación de cuerpos de agua superficiales y acuíferos. Además de la reubicación de todos los pobladores que habitan las zonas en las que se construirá la mina.
Esta grave problemática que enfrenta el Ejido Cruz de Ocote y muchas otras comunidades y ejidos de la región que se encuentran concesionadas a la actividad minera sin su consentimiento “es una arbitrariedad que viola los derechos de nuestras comunidades y todo por beneficiar a un pequeño grupo empresarial que se va a llevar todos los minerales y nos van a dejar pura contaminación, resalta Isabel Ojeda Alvarado.
El ejido de Cruz de ocote cuenta con una superficie de mil 200 hectáreas y abastece de agua a al menos 5 comunidades, tanto para uso doméstico como para sus sistemas de riego. En el ejido, gracias a las actividades de manejo se generan 40 empleos directos permanentes, y otro más cuando se llevan a cabo actividades de extracción de madera.
El valor ecológico del ejido es muy alto, porque “contamos con muchas especies de flora y fauna, incluso tenemos presencia de un ave, que nosotros llamamos “totola” y que está en la Norma Oficial Mexicana de especies en peligro. No podemos permitir que el proyecto minero nos arrebate nuestro territorio y nuestros recursos”, indica la presidenta del comisariado ejidal.
Destaca que “tenemos muchas actas y acuerdos de asamblea, incluso certificadas ante el Registro Agrario nacional (RAN) de que nuestro territorio es libre de minería. Desde Cruz de Ocote decimos no a la mina, sí a la vida, por el respeto de nuestros derechos y nuestros recursos naturales”.
A diferencia de muchos ejidos y comunidades del país, en Cruz de Ocote las mujeres y los jóvenes tienen una participación directa y muy importante en las actividades de manejo de los recursos naturales. Actualmente, en el comisariado ejidal participan tres mujeres, hecho poco frecuente en los núcleos agrarios. “Todo el trabajo entre hombres y mujeres es muy respetuoso y todos seguimos las reglas y cumplimos con nuestras obligaciones.”
Claudia Paola López Ramírez, secretaria del comisariado ejidal, lamenta que por los intereses de unos cuantos en saquear los recursos de su territorio todo su esfuerzo por conservar el bosque se venga abajo.
Además de sus actividades al interior del ejido, Claudia participa activamente en las movilizaciones para impedir que la minera de la canadiense Almaden Minerals se asiente en su territorio, acude a las movilizaciones, reuniones y ante las diversas secretarías de estado para impedir que este proyecto los despoje de su territorio.
Como mujer, comparte, “para mi es muy importante que haya más espacios de participación para jóvenes y mujeres en nuestra comunidad. Tenemos muchas ideas y capacidades para mejorar las condiciones de nuestro ejido”.
“Me gusta que se valore mi participación y que me permitan ocupar cargos en el comisariado ejidal. Además, es un orgullo porque puedo ser un buen ejemplo para mi hija y para otros jóvenes, que vean que si se puede llevar una buena vida aquí en nuestro ejido y que tienen que interesarse en todo lo que tenemos y las actividades que realizamos tanto con el bosque como en otras actividades productivas”, refiere Claudia López.
Para fomentar la participación de los jóvenes el comisariado ejidal en funciones organiza talleres y encuentros. “Invitamos a los jóvenes a que participen, conozcan y valoren todo lo que tenemos en Cruz de Ocote”.
Hacia adelante, en el ejido están trabajando en abrir un proyecto de ecoturismo, ya cuentan con cabañas y senderos en los que los paseantes pueden apreciar lo bien conservado del bosque y la belleza escénica de los manantiales. No obstante, si las autoridades dan luz verde al proyecto minero en Ixtacamaxtilán, todo este trabajo de organización y conservación del bosque se va a la basura.
Gracias al artículo 6 de la Ley Minera de nuestro país, que otorga a la actividad minera un carácter preferente por encima de otras actividades y la define como de “utilidad pública”, los ejidos y comunidades que dependen del manejo forestal y que hoy están amenazadas por el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios sin su consentimiento se cuentan por miles en nuestro país. De acuerdo con nuestro análisis Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería (disponible en www.6k4.b95.myftpupload.com/amenaza-la-mineria-las-comunidades-forestales-analisis-del-ccmss/), elaborado en noviembre del 2017, de los 11,843 núcleos que tienen actividades forestales, en el 42% hay concesiones para actividades mineras. De hecho, 44% de los proyectos mineros en exploración y desarrollo en México hasta finales de 2017 se encontraban en bosques y selvas.
El manejo forestal sí es una actividad de utilidad pública, pues es fuente de desarrollo local, genera opciones de trabajo para los jóvenes y permite conservar los recursos naturales y los beneficios que éstos nos brindan a largo plazo. En contraste, la extracción minera, en particular mediante tajo a cielo abierto, genera conflictos sociales y división entre los habitantes de las regiones afectadas, contaminación, escasez de agua, desplazamiento de comunidades, destrucción de ecosistemas, pocos empleos y por poco tiempo, entre otros impactos.
Por eso, es fundamental apostar por Cruz de Ocote y por las comunidades que manejan sus territorios de manera sustentable. Y si eso implica cambiar el marco legal de la actividad minera, ¡cambiémoslo ya!
