7 octubre, 2019, Por: CCMSS
Con una superficie forestal de 64 millones de hectáreas, el país ha logrado la certificación de un millón 256 mil 792 hectáreas de bosques, de las cuales, el 90 por ciento son de propiedad social. Los ejidos que han recibido la certificación están ubicados en casi todas las regiones forestales; incluyendo Chiapas, Oaxaca, Durango, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Michoacán y Jalisco. Los ejidos de la Península de Yucatán también han certificado destacando los ejidos Noh Bec, Tres Garantías, Caobas y Petcacab, en Quintana Roo, así como Nuevo Becal en Campeche.
La cobertura certificada en México de poco mas de un millón de hectáreas podría parecer de poca importancia, frente al total de las 200 millones de hectáreas certificadas a nivel mundial-, pero no lo es, dado que se trata de una superficie bajo propiedad social, administrada por comuneros y ejidatarios que permite generar economías locales que impactan positivamente en los medios de vida de las poblaciones rurales.
Los ejidos y comunidades han logrado avanzar en el manejo del bosque, no obstante enormes desafíos que se deben enfrentar día a día, como la compleja y costosa tramitología que se debe cumplir para el aprovechamiento forestal, los gastos necesarios para el mantenimiento de los caminos y el control de las plagas, los costos de la vigilancia para evitar el tráfico y tala ilegal de madera; la desaceleración del sector de la construcción y, recientemente, la decisión del gobierno federal de cancelar la compra de plantas de árboles maderables a ejidos y comunidades, toda vez que el Ejército se encargará de su producción, a través del programa “Sembrando Vida”.
Sergio Madrid, director general del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) -una de las organizaciones fundadoras del FSC- explica por qué, ante tal contexto, la labor hecha por comuneros y ejidatarios es relevante y meritoria.
“Durante los últimos 25 años las comunidades y ejidos han abierto las puertas de sus empresas para someterse a una auditoría técnica externa, muy estricta, en los que se evalúa el cumplimiento de un estándar referido al manejo del bosque que incluye 10 principios y 95 criterios sumamente rigurosos. En todo este tiempo han demostrado que, pese a las dificultades para acceder a los permisos gubernamentales y al financiamiento, y teniendo y dificultades en el plano comercial, tecnológico y fiscal las comunidades han podido cumplir con el estándar internacional.
“México tiene en total 64 millones de hectáreas de bosques y selvas; de ahí, 8 millones están bajo régimen de manejo forestal maderable y esa superficie está en manos mayoritariamente de comunidades y ejidos, en un 90 por ciento, por eso el país es líder y sobresale”, resaltó.
Madrid explicó que países como Brasil y Chile tienen una mayor superficie de bosques certificada -con siete millones y 2.3 millones de hectáreas, respectivamente- sin embargo, su administración está en manos de grandes empresas transnacionales, mientras que en México el manejo de los bosques se da mediante un esquema colectivo comunitario, que prioriza enormemente la protección y la conservación de los ecosistemas, así como la atención a las necesidades y problemas de la población local lo que representa una enorme diferencia.
“El manejo forestal bajo administración comunitaria es un esquema poco frecuente en el mundo sin embargo las cosas están cambiando y ahora empiezan a surgir experiencias en diversas regiones de América Latina, África y Asia, sin embargo, México es sin duda un referente muy importante ya que el territorio forestal está mayoritariamente en manos y es administrado por comunidades. De esto no nos damos cuenta, pero así es, por ello el FSC eligió a nuestro país para celebrar su aniversario número 25”, detalló.
En efecto, el Forest Stewardship Council (FSC), se reunió en Cancún del 24 al 27 de septiembre pasado y reconoció el papel de ejidos y comunidades en la conservación de los bosques en el mundo, pero especialmente, en México, en donde además de instalar su primer oficina en Oaxaca, hace 25 años, otorgó -en 1996- el primer certificado de buen manejo de bosques al ejido de Noh Bec, ubicado en el estado de Quintana Roo.
Noh Bec un ejido de tamaño mediano en el sur del estado de Quintana Roo abarca 24 mil 122 hectáreas, de las cuales 18 mil 500 están bajo manejo. Para el comisariado ejidal, Abraham González, la clave para haber logrado certificarse, radica en la organización y en la gobernanza, que les ha permitido tener un orden, unidad y concenso.
“El hecho de estar certificados nos garantiza que estamos haciendo un buen manejo de nuestros recursos, de acuerdo con 10 principios y 95 indicadores.
“Entre los principios está que el ejido cumpla con toda la reglamentación; que no haya problemas o conflictos con los vecinos; respetar los usos y costumbres; realizar un monitoreo ambiental de manejo forestal, que indique qué tanto estamos impactando en la selva, con el arbolado que sacamos a comercializar, entre otros”, indicó.
Noh Bec trabaja en renovar, por otros cinco años, la certificación que se le vencerá en marzo de 2020. El distintivo es por el buen manejo forestal y por cadena de custodia, esto último, implica que la madera comercializada es producida sólo por el ejido. El costo promedio de la certificación alcanza los 300 mil pesos en total.
Además, están en busca de sacarle mayor provecho a la certificación.“Debemos buscar nichos de mercado en donde nuestros productos tengan un margen de ganancia superior a aquellos ejidos que no están certificados; en eso queremos concentrarnos”, agregó.
Alfonso Arguelles, representante nacional del FSC, subrayó que Noh Bec está a la vanguardia en el tema del aprovechamiento sostenible de sus bosques, pero hay otros ejidos y comunidades que también están certificados.
Manuel Herrera Santiago, director de una unión de comunidades en la Sierra norte de Oaxaca, pioneros del manejo forestal, con 30 años de experiencia, considera que certificarse es una satisfacción que dota de seguridad a los comuneros en cuanto a que su actividad cumple con estandares ambientales, sociales y económicos avalados a nivel internacional.
“Los retos para mantener la certificación son muchos; empezaré por decir que el 60 por ciento de los ingresos totales se deben reinvertir al bosque y tiene que haber una buena gobernanza y rendición de cuentas”, expuso.
Natividad Melendez Moreno, presidente de la Unión de Permisionarios “La Victoria Miravalles”, en San Dimas, Durango, coincide en que pese a la limitación de caminos e infraestructura, han logrado cumplir con los requisitos que supone la certificación.
“Nosotros estamos a 200 kilómetros de la ciudad de Durango, así que es algo costoso, pero el interés de nosotros es seguir cuidando los bosques y para nosotros es muy importante no contaminar aguas, no tirar basura y lo hemos logrado. Nos siguen auditando y eso es importante”, expresó.
Roque Estrada, integrante del comisariado ejidal Largo y Anexos, en Chihuahua, narra que son el ejido más grande México y por tanto es crucial demostrar que poseen un buen manejo del bosque.
“Tratamos de preservarlo para tener un bosque para siempre. Los retos que hemos tenido son muchos, por los lineamientos internacionales, pero nos sentimos orgullosos porque en la historia llevamos más de 15 años certificados y en esta última auditoria cumplimos al 100”, señaló.
Por la comunidad indígena de Nuevo San Juan, en Michoacán, compuesta por mil 254 miembros, Héctor Anguiano, subrayó que, por naturaleza, el grueso de las comunidades indígenas sienten un arraigo hacia la Tierra y el cuidado del medio ambiente y han buscado mantener la certificación por 20 años, al encontrarle una utilidad real.
“Notamos que ha sido herramienta para la gobernanza interna. No es lo mismo hablar de un pequeño propietario o una organización o productor forestal particular, que hablar de una comunidad indígena de mil 254 miembros y sus familias, que tienen que acatarse a una normativa.
“Tampoco es sencillo hablar de una asamblea general en donde hay más de mil personas con diferentes formas de pensar para ponerse de acuerdo y asumir una disciplina que tenga que ver con una certificación de talla internacional”, ponderó.
En su opinión, el reto más grande para el buen manejo de los bosques, tiene que ver con las personas ajenas al sitio. Nuevo San Juan es un destino turístico, en donde las y los visitantes llegan a acampar o participan de las tradiciones religiosas dentro del área boscosa o se trasladan en cuatrimotos y booguies a divertirse.
“Esa presencia humana en el bosque tiene un impacto, porque ellos no están educados como la gente de la comunidad, que es la responsable cuando llega la autoridad de la certificación”, explicó.
Por el ejido Villa del Carbón, Estado de México, José Juan Martínez es comunero y cuenta que lograron la certificación de FSC hace un año. Señala que otra dificultad con la que se topan para dar continuidad a los procesos de certificación, son los cambios de gobierno, pues se carece con una estructura que dé continuidad y no siempre las nuevas autoridades muestran el mismo interés por respaldar.
Una más es el mercado, que aún no se anima a consumir, por ejemplo, la madera que surge de procesos certificados, porque tiene un mayor costo, debido al gasto que representa dar un manejo sostenible y socialmente responsable.
“Nosotros entendemos que el bosque es un asunto de patrimonio y que tenemos que lograr que permanezca por muchas generaciones; también entendemos que al certificarlos, ayudamos a que no sólo se conserve el área forestal, sino que se rejuvenezca y permanezca: internamente nos ayuda en sistemas de gobernanza, ayuda a tener transparencia en los ejidos.
“Sin embargo, creemos que falta impulsar el tema del consumo de productor certificados, que favorezcan a productores pequeños”, indicó.
Cirilo León Pérez, presidente del comisariado de San Pablo, en la sierra norte de Oaxaca, añadió que lograr acuerdos entre la comunidad, suele ser dificil, porque hay que lidiar incluso, con usos y costumbres; no obstante, hasta ahora lo han logrado y con ello han podido certificarse al 100 por ciento.
Por el ejido “Vencedores”, en el municipio de San Dimas, Durango, José Guadalupe Reyes, dijo que están por cumplir 20 años de haberse certificado, primero, por el interés de lograr un sobre precio en sus productos, lo cual no se ha conseguido. No así, el mercado opta por consumir madera clandestina, porque es más barata, al ser ilícita y carecer de procesos que demuestren responsabilidad ambiental y social, lo cual consideró, además, “injusto”.
Manuel Víctor Rivas representa al Grupo Zesarik, empresa social compuesta por 40 ejidos y comunidades en Durango, que suman 4 mil 600 productores, que se encargan de la plantación, hasta la fabricación y venta de muebles de madera. Producen 850 mil plantas de pino, que eran vendidas al gobierno, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), lo cual quedó cancelado al entrar en vigor el programa “Sembrando Vida”.
“La producción la tienen ahora los militares. La Secretaría de Hacienda manda el recurso a la Sedena y nosotros nos quedamos en blanco. Eso, sin duda, nos perjudica. Nuestra empresa es la primera en México que genera energía electrica a través de biomasa, de desperdicios, acerrín, corteza, que usamos como combustible. En la planta de energía trabajan 560 empleados, obreros, el 40 por ciento son mujeres. Nos hemos mantenido durante 28 años y le hemos apostado a la transparencia.
“En el ramo industrial estamos atravesando por la crisis de que está cerrada la economía. Tenemos 100 trailers en bodega; se ha venido cerrando la construcción y con tristeza vemos que no existen incentivos fiscales para quienes estamos luchando por conservar nuestros bosques”, lamentó, aunque confió en que el panorama mejore.
Pese a los grandes desafios que implica la conservación, Natividad Melendez concluye que su buen manejo, es crucial, toda vez que “los bosques serán la herencia para nuestros hijos” y agrega que “con o sin ayuda del gobierno, vamos a seguirlos cuidando y manejando adecuadamente”.