6 enero, 2015, Por: Sergio Madrid Zubirán
En su mensaje en cadena nacional del 4 de enero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “a partir del primer día de este año las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya cuentan con un trato fiscal preferencial”. Se refería a la medida anunciada al respecto en el Diario Oficial de la Federación el primer día del 2015, pero se trata apenas de una “deducción adicional en el impuesto sobre la renta… por la adquisición de maquinaria y equipo” para las actividades primarias.
Esta deducción sobre el ISR aplicable solamente a la compra de bienes nuevos de activo fijo para actividades primarias en los tres estados significa apenas un primer paso para dar cumplimiento a la promesa hecha por el presidente Peña Nieto en el marco de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Entonces, anunció diez medidas sobre seguridad pública y prometió publicar “un decreto que le dará un trato fiscal diferenciado a los productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca” vinculados al campo.
La medida celebrada por el presidente Peña Nieto queda muy lejos de lo necesario para que los productores forestales y dueños de recursos forestales, en su mayoría comunidades y ejidos, puedan salir adelante económicamente y generar más y mejores empleos en las regiones rurales de estos estados.
Como encontró un estudio publicado recientemente por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el régimen fiscal que enfrentan los productores forestales no es acorde con las condiciones de inseguridad, marginación y falta de capital en que trabajan. La dificultad para expedir comprobantes electrónicos y ajustarse a los requerimientos que surgieron de la reciente reforma fiscal, la falta de infraestructura y comunicaciones de una gran parte de las comunidades forestales del sur del país, así como la informalidad de muchas de las relaciones económicas presentes en esas regiones dificulta enormemente el cumplimiento de las obligaciones de los productores forestales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Este desfase entre la realidad de las comunidades rurales y de los bosques mexicanos con las exigencias fiscales que enfrentan, hace también muy difícil competir con los productos importados y en el mercado internacional. Por poner tan solo un ejemplo, en contraste con lo que ocurre en México, los productores forestales de Brasil y Estados Unidos sí gozan un marco fiscal distinto, en el que tienen acceso a créditos de muy fácil acceso, deducciones ciegas y exenciones.
Para que las regiones forestales de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas se desarrollen verdadera y plenamente, y para que los bosques de México contribuyan al desarrollo rural y nacional, es necesaria una verdadera reforma fiscal que adecúe la normatividad a la realidad. Un primer paso importante sería la adopción de la “utilidad presunta” para el cálculo de impuestos y el establecimiento de un sistema simplificado para el cumplimiento de trámites y requisitos ante el Servicio de Administración Tributaria que reduzca los costos de cumplir con la ley y contribuya a la rentabilidad de las empresas forestales comunitarias.