4 julio, 2023, Por: Gerardo Suárez
En la primera sesión del seminario sobre el ‘Tren Maya’: perspectivas jurídicas, socioambientales y comunitarias, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e instituciones (SUSMAI) de la UNAM, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), los ponentes refirieron que el megaproyecto ha sido ampliamente señalado por ocasionar severos impactos al ambiente y vulnerar derechos de comunidades y pueblos originarios que no fueron consultados en los términos que mandata el Convenio 169 de la OIT para otorgar su consentimiento para la realización de la obra.
Estas irregularidades han sido señaladas y denunciadas por académicos, organizaciones y comunidades; más aún, diversos abogados han interpuesto recursos legales para salvaguardar los derechos de las personas que habitan en las regiones impactadas por el proyecto y para frenar los impactados causados por la forma en que se están llevando a cabo las obras (apresuradamente, sin un proyecto integral que considere los impactos, extrayendo material por todos lados, improvisando cambios en el trayecto, entre otros).
Sin embargo, “aunque los amparos presentados en diversos momentos han obtenido el mandato de los jueces de suspender las obras del proyecto, estas no han sido acatadas por las autoridades responsables y posteriormente han sido desestimadas”, lamentó Jorge Fernández, abogado de la Fundación para el Debido Proceso (DFPL), en su participación en la primera sesión del seminario ‘Tren Maya’: perspectivas jurídicas, socioambientales y comunitarias.
Jorge Fernández también explicó que “hemos estado en una etapa de claroscuros con las decisiones del Poder Judicial” con respecto a los amparos promovidos en contra del proyecto Tren Maya, “ya que se emitieron suspensiones a la obra, pero que no fueron efectivas y luego se empezaron a revocar esas suspensiones con criterios que representan una involución en la aplicabilidad del principio precautorio”, añadió.
En su intervención, Viridiana Maldonado, del CEMDA, coincidió en que pareciera que el poder judicial está perdiendo independencia para juzgar y parece estarse alineando a los intereses del gobierno federal.
Detalló que en los argumentos y pruebas de que el megaproyecto genera violaciones a los derechos y afectaciones ambientales no han sido reconocidas cabalmente por los juzgados.
La especialista refirió que los aspectos procedimentales en el manejo y valoración de las pruebas han sido un obstáculo para detener las obras del megaproyecto Tren Maya, “porque los jueces no han valorado todas las pruebas ni las han analizado a detalle. Como es el caso del Informe de Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, en que expertos señalan los efectos negativos y las afectaciones que generará el proyecto y no ha sido considerado por los jueces federales”.
Lamentó que el juez tampoco ha querido pronunciarse sobre la presentación de las pruebas periciales para determinar los daños que generará el proyecto. “No toma en cuenta los análisis e informes de la academia ni avanza en los criterios de prevención y precaución ni quiere analizar a fondo las pruebas periciales que se le ponen a la vista”.
Viridiana Maldonado detalló que “se debe acreditar el daño inminente e irreparable para decretar la suspensión del proyecto, pero eso es emplear criterios reduccionistas van en contra del principio precautorio”.
Y en esa misma lógica, planteó que en los juicios para la suspensión de las obras del Tren Maya también se ha desestimado el desmote en terrenos forestales para la construcción del proyecto, y eso corresponde a un delito federal. “No hay voluntad para analizar los planteamientos de fondo y pareciera que el poder judicial va perdiendo independencia”, aseveró la abogada del CEMDA.
También acusó que “las autoridades del poder judicial se han enfocado en solicitar las manifestaciones de impacto ambiental y con ese procedimiento dan por cumplida la normatividad y la ley, siendo que esos documentos presentan inconsistencias y que no toman en cuenta de manera unificada las afectaciones del megaproyecto”.
Además, puntualizó que las autorizaciones sobre las manifestaciones de impacto ambiental han sido fragmentadas y se han elaborado al vapor, “sin entrar a un análisis profundo de las afectaciones y se requiere que los juzgados tengan una visión amplia de la problemática y que analicen a detalle las afectaciones del megaproyecto”.
La fragmentación del ecosistema que está ocasionando la mega obra del ‘Tren Maya’ genera pérdidas y afectaciones en el medio ambiente, como la disminución de los servicios ecosistemas que proveen estos ecosistemas y mermarán las formas de vida de las personas que habitan en esas regiones, explicó Viridiana Maldonado.
En la misma sesión del seminario, Daniel Castrejón, investigador de PODER, señaló que para la construcción de la mega obra se han asignado contratos multimillonarios a empresas nacionales e internacionales muy grandes que han tenido señalamientos de violaciones de derechos humanos y que el propio Grupo de Trabajo sobre empresas y Derechos Humanos de la ONU ha emitido pronunciamientos para que el gobierno mexicano y las empresas contratadas para el proyecto lleven a cabo medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente.
Detalló que hay faltas en la debida diligencia en el involucramiento de las empresas y el gobierno en el desarrollo de este proyecto. “La debida diligencia en derechos humanos tiene que ver con principios rectores sobre el respeto de los derechos humanos que deben cumplir las empresas, es decir que deben tomar medidas para prevenir, mitigar y dar respuestas a señalamientos sobre afectaciones a derechos humanos. Cosa que no han hecho, por el contrario su respuesta ha sido cerrar aún más el acceso a la información sobre el desarrollo del proyecto”.
Por su parte, Mónica Huerta, abogada de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), expuso en su intervención en el seminario que durante todo el proceso de desarrollo del megaproyecto ‘Tren Maya’ se ha vulnerado el derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana.
Explicó que “las autoridades tienen la obligación de entregar información pública sin justificar o acreditar el interés personal por acceder a esa información. Sin embargo, muchas veces las autoridades ponen trabas y ocultan los datos y eso constituye una violación al goce de ese derecho”.
En el caso del ‘Tren Maya’, acusó que “se ha pretendido hacer todo al vapor, desestimando las observaciones, evadiendo los procesos de participación ciudadana e ignorando las observaciones que formularon varios grupos de la sociedad como investigadores, académicos y expertos. Sus manifestaciones de impacto ambiental avanzaron ignorando toda la evidencia y los señalamientos formulados por expertos y por ciudadanos de a pie”.