El Acuerdo Regional se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y para su entrada en vigor debe ser ratificado por 11 Estados, requisito que se cumple con la ratificación de México.
Si bien este instrumento internacional ya fue ratificado en México con su publicación en el Diario Oficial de la federación el 9 de diciembre, aún falta que el gobierno mexicano deposite esta ratificación ante Naciones Unidas para avanzar en su implementación.
En México, como en otras regiones, la forma en que se imponen megaproyectos sobre territorios comunitarios, en particular de la industria minera, ha generado numerosos conflictos socioambientales, en los que se han presentado casos de asesinatos, hostigamiento y persecución de defensores ambientales. De acuerdo con el reporte de la organización Global Witness, la minería “está relacionada con los asesinatos de 50 personas defensoras en 2019. Las comunidades que se opusieron a proyectos intensivos en carbono en la producción de petróleo, gas y carbón tuvieron que enfrentar amenazas permanentes. Con el objetivo de allanar el camino para productos como el aceite de palma y el azúcar, los ataques, los asesinatos y las masacres fueron utilizadas como tácticas disuasorias.”
La ratificación de México del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú-, luego de un proceso de dos años desde su constitución en Escazú, Costa Rica, es un paso muy importante para el país y la región en materia de participación social, acceso a la información y la justicia en temas ambientales, pero el reto más importante es garantizar su adecuada implementación. Es fundamental que esa ratificación sea presentada ante Naciones Unidas, a fin de avanzar en la implementación de este tratado que nos dará nuevas herramientas para defensa de los territorios y la protección de los defensores y defensoras.
El objetivo de este acuerdo regional es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.”
Hay que resaltar que este Acuerdo es el único con carácter vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20); además es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
En el marco de la Segunda Reunión de los Países Signatarios del Acuerdo de Escazú, que se efectuó este 9 y 10 de diciembre, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martha Delgado, dijo que “lo más pronto posible la ratificación de México del Acuerdo será depositada ante la ONU, para formalizarla”, lo que sin embargo aún no ha ocurrido, a pesar de que la funcionaria resaltó que el Acuerdo “es una vía idónea para materializar instrumentos importantes, reforzar la democracia, la participación ciudadana y la justicia ambiental, y de manera interseccional en todas las comunidades. La participación de la sociedad civil es muy importante. El Acuerdo de Escazú se ha convertido en un referente de cooperación. Ahora el desafío será su implementación”.
De acuerdo con el reporte de Global Witness, Defender el mañana (2020), “la crisis climática posiblemente sea la mayor amenaza existencial que enfrentamos hoy en día. A medida que se intensifica, exacerba muchos de los serios problemas vigentes en la actualidad. La desigualdad económica genera que las comunidades locales estén desproporcionadamente expuestas a la fuerza de las inundaciones e incendios, generando una desigualdad aún mayor.”
Añade que las personas más afectadas por el cambio climático y los impactos asociados a este fenómeno son quienes menos responsabilidad tienen en el mismo. “A menudo, las comunidades más pobres son las que tienen una mayor probabilidad de vivir en medio de tormentas, en costas propensas a inundaciones y en lugares regularmente afectados por la sequía.”
El avance en México de megaproyectos de inversión en infraestructura, minería, turismo y agroindustria generan incertidumbres justificadas, sobre todo cuando no se llevan a cabo de acuerdo con los protocolos y procesos que establece el marco legal, cuando no se ofrece la información suficiente sobre los posibles impactos sociales y ambientales, y cuando violan los derechos de las comunidades en las que se instauran.
En este sentido, el Acuerdo de Escazú deberá contribuir a garantizar los derechos a un medio ambiente sano, a la información y a la participación en la toma de decisiones sobre estos proyectos y el medio ambiente. México tiene la responsabilidad de destrabar su entrada en vigor a la brevedad.
