27 enero, 2020, Por: Gerardo Suárez
El narcotráfico tiene enorme presencia en la Sierra Tarahumara: es una zona de siembra y de trasiego de droga desde hace años. A ese escenario se suma que, desde mucho tiempo atrás, hay un conflicto en esta región por los intentos de despojo de territorios de los pueblos indígenas, para distintos propósitos, entre ellos, el acceso al recurso forestal, particularmente por parte de grupos caciquiles, plantea el investigador del Centro INAH Chihuahua, Horacio Almanza Alcalde.
El académico menciona que esta conflictividad tiende a incrementarse, debido a que ahora las comunidades indígenas están más informadas y están dispuestas a organizarse para defender sus derechos y territorios, y la respuesta de los grupos caciquiles y del crimen es la violencia contra los líderes de los movimientos de resistencia.
La criminalidad contra los indígenas defensores del bosque se ha dado por mucho tiempo en Chihuahua, principalmente en la zona del triángulo dorado que cuenta con muy buenas condiciones de bosque.
Un caso antiguo, comenta Horacio, es el del padre de Isidro Baldenegro, Julio Baldenegro Prieto, quien también fue asesinado por su labor de defensa del bosque.
Añade que a estos casos se suma el de Julián Carrillo, en octubre de 2018, otro defensor rarámuri de los bosques y el territorio.
El investigador del centro INAH en Chihuahua detalla que “para proteger y salvaguardar los derechos de las comunidades es fundamental fortalecer el estado de derecho y tener un sistema de justicia confiable.”
“El combate frontal, policiaco o con medidas coercitivas ante el crimen organizado, no es una opción efectiva para mitigar la violencia en la Sierra Tarahumara, porque ya hemos visto que esta estrategia solamente aviva el clima de violencia”. Una alternativa sería combatirlos a través del combate al lavado de dinero y al tráfico de armas, porque estos dos elementos, el dinero y las armas, “los hacen muy fuertes, incluso superan a la fuerza del Estado”.
Almanza Alcalde apunta que “hay que ver el asunto de fondo, con la presencia y poder de estos grupos caciquiles, acompañados de la corrupción y la impunidad durante mucho tiempo, si estas condiciones permanecen en la región difícilmente va a haber una política que logre minimizar la violencia en los territorios de la Sierra”.
Desafortunadamente, se trata de un estado paralelo, en la Sierra Tarahumara, “la presencia y control de los grupos delictivos no permite que florezcan otro tipo de proyectos orientados a la sustentabilidad ambiental, porque inevitablemente entrarían en conflicto por los intereses locales por el bosque.”
Las principales amenazas que enfrentan las poblaciones indígenas en la Sierra Tarahumara tienen que ver con el territorio, porque ahí es donde se encuentran los recursos naturales. “Quien tiene un terreno en la Sierra, lo tiene porque se lo quitó a los pueblos indígenas”, subraya el investigador.
Explica que los procesos de despojo de tierras de los pueblos indígenas de la Tarahumara “tienen que ver con recovecos legales, con mecanismos para lograr, sin mayor conflicto, apropiarse de tierras que pertenecen a comunidades indígenas”.
Recientemente ocurrió un proceso de despojo de tierras a comunidades indígenas en la zona de Bocoyna y en Guadalupe y Calvo.
En Bocoyna el interés del despojo vino por las inversiones en el desarrollo de proyectos turísticos, sobre todo a partir del establecimiento del proyecto turístico Barrancas de Cobre. En la zona del triángulo dorado, el interés está centrado en apropiarse del recurso forestal. El bosque de esta región es mejor que en otras zonas de la Sierra y hay mucha presencia de grupos del narcotráfico que tienen una gran vinculación con grupos caciquiles.
La explotación forestal está a cargo de poblaciones mestizas, quienes tienen el control del corte y la extracción de la madera. Ésta es una de las actividades que ha generado mayores procesos de despojo de territorio y de recursos a las comunidades indígenas. Las tierras muchas veces pasaron a manos privadas, con presencia y solapamiento oficial. Estos grupos, aunque sean minorías, tienen controlado el proceso de extracción de la madera.
Almanza Alcalde comenta que “siempre ha habido momentos en los que fracasan los intentos de regular el aprovechamiento del recurso forestal, pero lo que estamos viviendo ahorita es increíble; todo el tiempo salen y salen camiones llenos de madera y los aserraderos están llenos. El narcotráfico ha encontrado en el aprovechamiento de la madera una fuente recursos económicos muy redituable”.
Detalla que “mucha gente dice que la presencia incremental de grupos criminales en la explotación del bosque tiene que ver con caídas en precios y mercados de opiáceos y otras drogas, mientras que la madera les es un negocio más redituable”.
Ante una situación, y ante la ausencia de un estado de derecho, ellos tienen el camino libre para sacar toda la madera que quieran. “No tenemos ni idea del daño que están causando porque no hay nadie que lo esté supervisando.”
Al igual que el turismo y el aprovechamiento forestal, la minería ha generado mucha destrucción y despojo de tierras y recursos de comunidades indígenas. Almanza señala que “la connivencia de los gobiernos con los grandes capitales ha favorecido el desarrollo de estos proyectos mineros.”
El interés turístico también está teniendo un auge en los municipios de Urique y Bocoyna y ha generado conflictos en distintas comunidades. Aunque “es importante señalar que, por primera vez, estos conflictos se judicializaron y las comunidades están recuperando la posesión sobre la tierra”. Sin embargo, el desarrollo económico sigue buscando ganar más control sobre la tierra y los recursos naturales para generar más dinero.
La semilla nativa de maíz también está bajo asedio, por los intentos de gobierno, a través de presiones corporativas de introducir semillas mejoradas y transgénicas al territorio. “Hay una correlación entre suelos, bosques y semillas nativas para las comunidades indígenas, y los megaproyectos afectan de manera directa esta interrelación fundamental de los pueblos,” subraya Horacio Almanza.
Hay una gran urgencia en avanzar en términos legislativos para lograr el resguardo de derechos de las comunidades indígenas.
En el congreso de Chihuahua hay una propuesta de Ley de consulta de pueblos indígenas, pero debemos ser muy cuidadosos y vigilar que esta iniciativa sea muy fuerte, sólida, para que no sirva para legitimar la realización de estos megaproyectos como suele ocurrir cuando se realizan estos ejercicios en otras regiones.
En México las consultas son procesos altamente manipulados por las empresas y los gobiernos. “Un claro ejemplo es el caso de la empresa que construyó el gasoducto que pasó por toda la Sierra Tarahumara. En esa consulta hubo resultados diferenciados y solo una comunidad logró que no pasara el gasoducto sobre su territorio, las demás tuvieron que negociar o recibir indemnizaciones para que pasara el gasoducto,” refiere el investigador.
Sugiere que “tenemos que lograr una ley sólida; además de contar con la participación de observadores civiles y organizaciones que se mantengan vigilantes de que estos procesos se lleven conforme al derecho internacional.”