16 enero, 2023, Por: CCMSS
En esta obra, el autor analiza los factores que explican el éxito del modelo mexicano del manejo forestal comunitario; entre estos considera algunas de las políticas promovidas desde el gobierno mexicano, la reforma agraria que reconoce la propiedad ejidal y comunal de la mitad de las áreas forestales del país, y el manejo histórico de estas comunidades y ejidos de sus recursos comunes explican la existencia de más de dos mil empresas forestales comunitarias en México, caso único en el mundo, que permiten el manejo de los paisajes forestales con justicia social para sus propietarios y beneficios ambientales para el resto de la sociedad mexicana.
México es el país con mayor propiedad reconocida a comunidades y ejidos después de Papúa Nueva Guinea, y este reconocimiento se encuentra establecido en la Constitución Mexicana y en la Ley Agraria. En 2012, más de 30 mil ejidos y comunidades ocuparon 100 millones de hectáreas de las que el 51% corresponde a bosques.
La obra explica el origen de las empresas forestales comunitarias (EFC) en México y analiza las políticas públicas alrededor de los bosques, comunidades y empresas forestales comunitarias desde los primeros gobiernos después de la Revolución Mexicana hasta el gobierno de Peña Nieto. En la Ley Agraria de 1922 destaca que por primera vez se establecieron los dos tipos de propiedades sociales que se reconocían hasta el momento: la dotación de tierras a campesinos sin tierra (ejidos) y la devolución de tierras a comunidades indígenas con títulos coloniales.
En el periodo cardenista se dan los primeros intentos para que la población rural a través de cooperativas realizara aprovechamientos colectivos de los bosques, aunque también fue el periodo del establecimiento de los primeros parques nacionales y vedas forestales. Entre 1942 y 1946, ante el declive de los esfuerzos cardenistas, se establecen 450 contratos de compra venta entre ejidos y comunidades con industrias y propietarios privados. En los años que van de 1940 a 1950 se declaran vedas en Durango, Chihuahua y Veracruz.
A pesar de los controles del Estado mexicano sobre los bosques del país, surgieron algunos esfuerzos reformadores para promover el aprovechamiento de los bosques por parte de las comunidades en los años cincuenta del siglo XX, y desde el Centro Coordinador del INI en la Región Tarahumara se impulsa el manejo forestal comunitario en 16 comunidades del municipio de Guachochi y se organizó la Unión Ejidal de Empresas Forestales de la Tarahumara.
Por otra parte, entre la década de los sesenta y ochenta, las políticas públicas forestales de esos años promueven las concesiones de grandes áreas forestales a empresas privadas y paraestatales, sin la intervención de los propietarios de los bosques: comunidades y ejidos. Al terminar el primer periodo de estas concesiones que se daban por 25 años, las comunidades de Oaxaca se levantan en contra de la continuación de las concesiones a principio de los ochenta y logran que el gobierno de Miguel de la Madrid suspenda los decretos para que esas empresas dejen de explotar los bosques oaxaqueños.
Este fenómeno de lucha contra las concesiones continuó en Durango, Chihuahua, Guerreo y Quintana Roo, y los ejidos y comunidades se hicieron cargo de sus bosques hasta llegar a la reforma de la Ley en 1986 que reconoce que los únicos que podrían aprovechar sus recursos forestales eran los verdaderos propietarios de los terrenos forestales: comunidades y ejidos.
Bray reconoce la importancia de las políticas impulsadas por la Dirección General de Desarrollo Forestal (DGDF) de la SARH a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta en favor de apoyar la constitución de EFC y organizaciones de ejidos y comunidades a nivel nacional.
En 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se reforma la Ley Agraria y se abre el mercado de tierras para estimular su compra en ejidos, mientras que Ley Forestal también se modifica para desregular la documentación que se usa para el transporte de las materias primas, lo cual generó una mayor venta de madera ilegal; asimismo, se generó un marco legal para las plantaciones forestales, se establecieron grupos de trabajo en los ejidos y se reconoció la pequeña propiedad forestal. Con el Tratado de Libre Comercio que abrió el mercado de madera entre los tres países firmantes; México fue el país más vulnerable ante esta situación.
Posteriormente, con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap), se promovieron los primeros programas de pagos directos a los productores forestales como el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales (PRODEPLAN) y el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales en México (PROCYMAF).
El PROCYMAF fue apoyado por el Banco Mundial, orientado a fortalecer el capital social de comunidades y ejidos forestales, primero en un estado como Oaxaca y posteriormente en otras entidades del país. Por primera vez en la historia de los programas de apoyo al sector forestal, con el PROCYMAF se apoyaron actividades como las evaluaciones rurales participativas, los ordenamientos territoriales comunitarios, los intercambios de comunidad a comunidad y los estatutos comunitarios.
Durante el gobierno de Vicente Fox se creó la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con la que los programas anteriores continuaron y se añadieron otros como el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y el Programa de Fortalecimiento a Asociaciones de Silvicultores (PROFAS).
En la administración de Calderón las acciones para el sector forestal tuvieron continuidad y fue el periodo con mayor presupuesto; sin embargo, la mayor parte se destinó a las acciones de reforestación. En este periodo se estableció la Gerencia de Desarrollo Forestal Comunitario (GDFC), heredera del PROCYMAF, se amplió el programa a todo el país y se dio un fuerte impulso a las acciones para enfrentar el cambio climático a través de la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+).
El último periodo analizado en el libro, es el gobierno de Peña Nieto, en el que prácticamente desaparecen los programas de apoyo a la silvicultura comunitaria y se implementa la Estrategia Nacional para el Incremento de la Producción y Productividad Forestal (ENAIPROS). En este lapso comienza a disminuir el presupuesto asignado al sector forestal cuya tendencia se mantiene hasta el momento.
Bray realiza un estudio comparativo de dos casos emblemáticos de EFC: San Pedro El Alto Zimatlán, de Oaxaca, y el Balcón en Técpan, de Guerrero. Presenta evidencias de los logros más importantes de estas empresas y cuál es la situación actual de cada una de estas. La primera se mantiene gracias a su gobernanza comunitaria y la segundo ha enfrentado una crisis, producto de la violencia generada por el crimen organizado en su entidad.
De acuerdo con Bray, uno de los factores que explican la permanencia de las EFC en México es que, a pesar del precio relativamente alto de la madera en el país, dada su buena calidad la industria nacional la prefiere con relación a la madera importada. La industria nacional consume 50% de la madera importada.
Entre las barreras que enfrentan las EFC están los bajos precios de la madera importada que se ve favorecida por la producción en plantaciones y bajos costos de producción; el costo de los caminos forestales que recae principalmente en las empresas comunitarias, así como la alta carga fiscal que deben de pagar al sistema tributario, como es el impuesto sobre la renta que alcanza el 30% de sus ingresos.
Además de la calidad de la madera mexicana existen otros mecanismos que ayudan a mantener la resiliencia de las EFC como son: la organización comunitaria, la existencia de importantes reservas de madera en los bosques comunitarios, el desarrollo de buenas prácticas en su manejo, y la existencia de trabajo colectivo no remunerado como el “tequio” en comunidades forestales de Oaxaca, así como la capacidad de autofinanciamiento en diversos grados que tienen las EFC.
Finalmente, Bray propone que el modelo de manejo forestal comunitario es una oportunidad para promover como “buenas semillas del Antropoceno” ya que los bosques comunitarios y sus EFC son el mejor caso del mundo en desarrollo de sistemas socioecológicos que han avanzado hacia la resiliencia, la adaptación y mitigación al cambio climático con comunidades independientes.
“Las empresas forestales comunitarias de México: éxito en los comunes y las semillas de un buen antropoceno” fue publicado en español por la editorial “La Cigarra”, con apoyo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Fundación Ford y el Institute for International Education.