28 enero, 2024, Por: CCMSS
México desestima las soluciones con mayor beneficio ambiental y económico para hacer frente al cambio climático y poder cumplir con sus compromisos de mitigación de emisiones de CO2. El país cuenta con más de 137 millones de hectáreas de ecosistemas forestales que incluyen bosques, selvas, manglares, matorrales y otros ecosistemas que, en 2019, permitieron una absorción de 201.9 millones de toneladas de CO2 equivalentes[1], lo cual representó absorber poco más del 27% de las emisiones totales del país.
Una de las metas a las que se comprometió el país, y que está establecida en la Ley General de Cambio Climático, es alcanzar la tasa cero de deforestación para el año 2030. Sin embargo, la presente administración ha hecho muy poco para frenar este problema y México sigue perdiendo, según estimaciones conservadoras de la Comisión Nacional Forestal, más de 208 mil hectáreas cada año[2].
La mayoría de las regiones forestales de México padecen un proceso acelerado de deforestación debido a un gran número de megaproyectos inmobiliarios, turísticos, de infraestructura, mineros y agroindustriales que se instalan y operan en los territorios destruyendo la cobertura forestal.
El gobierno federal en turno no tiene una estrategia orientada a detener ese proceso destructivo que atenta contra el patrimonio natural del planeta y de los mexicanos. La Secretaría de medio Ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) solo opera un programa, con escasos recursos, que enunciativamente plantea detener la deforestación teniendo como base la lucha contra la tala ilegal, no obstante, la deforestación no es causada por la tala, sino por el cambio de uso de suelo.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, adoptar medidas para detener la deforestación y fomentar el manejo forestal sustentable es económicamente viable y generaría importantes beneficios adicionales “por su vínculo con las comunidades asociadas a su cuidado y usufructo, y también como proveedoras de servicios ambientales que contribuyen a los objetivos de mitigación y adaptación”.[3]
De lograr detener la deforestación se podrían absorber alrededor de 30 millones de toneladas de CO2 equivalentes adicionales. Asimismo, emprender medidas de fomento y fortalecimiento del manejo forestal comunitario permitiría la absorción de 35 millones de toneladas de CO2 y generaría beneficios económicos superiores a las inversiones en este sector.[4]
Sin embargo, la actual administración no cuenta con un política estructurada de fomento del manejo forestal comunitario y destina escasos recursos para el fortalecimiento de iniciativas de conservación y productivas de los ecosistemas forestales. En los últimos 8 años se han registrado severos recortes presupuestales a las instituciones del gobierno federal encargadas del fomento de manejo forestal y de la conservación de los recursos naturales.
La precariedad de las instituciones las ha obligado a recortar personal, con lo que han perdido presencia en los territorios y no pueden dar cumplimiento a sus responsabilidades de fomento, inspección y vigilancia.
La escasa presencia de las instituciones del sector ambiental en los territorios forestales ha facilitado el ingreso de los grupos criminales, que ya no solo se están apropiando del aprovechamiento, transformación y comercialización de los recursos naturales como la madera y otros productos forestales, ya están tomando el control de las asambleas ejidales y comunales, que son el máximo órgano de toma de decisiones de los núcleos agrarios.
En el documento que presentó México en 2022 ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)[5] se desataca que “el cambio climático acentúa la desigualdad, impacta desproporcionalmente a los pobres y desposeídos, a mujeres y hombres trabajadores, a comunidades indígenas, campesinas, y a migrantes. Por lo que se requiere una atención inmediata en el proyecto nacional a la problemática climática para reducir la pobreza y la extrema desigualdad económica, étnica y geográfica”.
Asimismo el informe resalta que “el proceso de adaptación es una forma de resistencia y lucha, en el que se debe empoderar a aquellos que defienden sus espacios y territorios, sus formas de vida que se ven afectadas por problemas multifactoriales que se acentúan con el cambio climático”. No obstante México se ha convertido en uno de lso países más riesgosos y letales para los defensores del medio ambiente y los derechos humanos y cada vez son más escasos los recursos para incentivar y fortalecer las iniciativas comunitarias de manejo forestal y de conservación de los bienes naturales.
En 2022 México aumentó su meta de reducción de gases de efecto invernadero de 22% a 35% para el año 2030, con respecto a su línea base, con recursos nacionales que aportarán al menos un 30% y 5% con cooperación y financiamiento internacional previsto para energías limpias[6].
Para alcanzar estos compromisos el gobierno federal plantea que las soluciones basadas en la naturaleza serán el centro de la estrategia y por ello “México acrecentará sus acciones y la canalización de recursos de forma prioritaria para la conservación de sus ecosistemas, y para el desarrollo de programas basados en una economía solidaria y sustentable, que fomenten la participación de hombres y mujeres en la recuperación de nuestro capital biocultural, de los bosques, de la biodiversidad de México, y que al mismo tiempo que capturan de carbono y generan mayor bienestar para la población en nuestro país”. No obstante lo anterior, los presupuestos de los últimos 8 años no se corresponden con estos objetivos.
Con respecto a las Áreas Naturales Protegidas, la actualización de la NDC del país se compromete a decretar más de 2 millones de hectáreas (ha) de nuevas ANP, así como un millón de hectáreas bajo el esquema de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, y 40 mil 785 hectáreas restauradas.
Con los recientes decretos del gobierno federal de 20 nuevas ANP, México pasó de contar con 182 ANP en 2018, a 225 en 2024, que equivalen a una superficie de 93.9 millones de hectáreas bajo protección federal, a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp),[7] con lo cual se dio cumplimiento a este compromiso de la NDC.
Tabla 1: Presupuesto asignado a las dependencias federales del sector ambiental de 2020 a 2024.
| DEPENDENCIA | PEF 2020 | PEF 2021 | PEF 2022 | PEF 2023 | PEF 2024 |
| SEMARNAT | $ 1,927,601,091.00 | $ 1,779,920,980.00 | $ 2,071,744,771.00 | $ 2,109,183,226.00 | $ 2,235,560,157.00 |
| CONAFOR | $ 2,586,244,132.00 | $ 2,362,348,480.00 | $ 2,440,956,124.00 | $ 2,533,227,211.00 | $ 2,672,163,291.00 |
| CONANP | $ 869,536,230.00 | $ 866,383,279.00 | $ 887,345,822.00 | $ 930,376,724.00 | $ 983,546,964.00 |
| PROFEPA | $ 793,069,656.00 | $ 742,103,128.00 | $ 776,476,505.00 | $ 830,341,358.00 | $ 896,074,850.00 |
| CONAGUA | $ 22,985,300,858.00 | $ 24,921,682,257.00 | $ 33,916,348,853.00 | $ 68,485,412,459.00 | $ 62,674,613,591.00 |
| IMTA | $ 204,976,453.00 | $ 201,234,605.00 | $ 211,414,912.00 | $ 220,751,899.00 | $ 234,231,457.00 |
| INECC | $ 178,021,115.00 | $ 167,671,330.00 | $ 175,568,409.00 | $ 185,921,733.00 | $ 196,244,130.00 |
| ASEA | $ 324,701,242.00 | $ 306,848,290.00 | $ 316,000,179.00 | $ 332,050,677.00 | $ 353,048,029.00 |
Sin embargo, la publicación de los decretos contribuye muy poco para asegurar la conservación de los bienes naturales, debido a la precariedad presupuestal con la que opera tanto la CONANP como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 contempla una bolsa de $983 millones de pesos para la CONANP, que equivale a un gasto de 15 pesos por hectárea para atender los 95 millones de hectáreas en más de 225 ANPs que tendrá a su cargo la Comisión.
En el marco del día mundial por la reducción de emisiones de CO2, el Consejo Civil mexicano para la Silvicultura Sostenible plantea que sin una política decidida, bien estructurada y acompañada de presupuestos y personal suficiente que garanticen el fortalecimiento de las iniciativas de conservación y manejo de los recursos naturales de las comunidades que habitan y protegen los ecosistemas, el país corre el riesgo de seguir agravando los problemas de degradación ambiental e incumplir el compromiso internacional de cero deforestación.
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[1] INECC, (2021). Presenta INECC el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990 – 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/articulos/presenta-inecc-el-inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero-1990-2019-284532?state=published
[2] CONAFOR, (2022). Se reduce en 26%la tasa anual de deforestación. Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/prensa/se-reduce-en-26-la-tasa-anual-de-deforestacion
[3] INECC. (2021). Estimación de costos y beneficios asociados a la implementación de acciones de mitigación para el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones comprometidos en el Acuerdo de París. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756201/157_2021_Costo_Beneficio_Mitigacion_Acuerdo_Paris.pdf
[4] Ibid.
[5] SEMARNAT, (2022). Contribución Determinada a Nivel Nacional. Actualización 2022. Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Mexico_NDC_UNFCCC_update2022_FINAL.pdf
[6] Ibíd.
[7] CONANP, (2024). Cumple Gobierno de México su compromiso de conservación al llegar a 225 Áreas Naturales Protegidas. Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/prensa/cumple-gobierno-de-mexico-su-compromiso-de-conservacion-al-llegar-a-225-areas-naturales-protegidas-355055