México necesita una reforma legal de fondo para sus bosques y selvas

La actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), publicada en febrero de 2003, surgió como una ley progresista que reconoció los derechos de las personas que habitan las regiones forestales sobre las tierras y sus recursos. Sin embargo, con el paso de los años se han hecho evidentes vacíos, imprecisiones y mandatos erróneos que se han traducido en fuertes obstáculos y barreras para cumplir con su objetivo.

Ante la necesidad de reformar la LGDFS para adecuar la regulación del sector forestal, durante 2013 y 2014 el Consejo Nacional Forestal (Conaf) y la organización Globe México realizaron reuniones de trabajo, consultas y foros de revisión de la ley que incluyeron a productores, comunidades y dueños de bosques y plantaciones, industriales, comerciantes, académicos, especialistas, organizaciones no gubernamentales (incluido el CCMSS), prestadores de servicios técnicos, y funcionarios de la Comisión Nacional Forestal y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Como resultado de este proceso se produjo una iniciativa para la promulgación de una nueva ley general de desarrollo forestal sustentable que fue presentada el pasado 23 de abril y turnada a la Comisión de Medio Ambiente de la misma Cámara para ser discutida en el Congreso. Dicha iniciativa tiene como objetivo regular de forma adecuada el uso, conservación y restauración de los recursos forestales, el establecimiento de plantaciones forestales y los aprovechamientos maderables y no maderables. Además, también busca eliminar los vacíos e imprecisiones de la actual ley para evitar la discrecionalidad en la actuación de las autoridades. A pesar de que debería ser una prioridad, esta iniciativa no fue discutida en el Congreso antes de que terminara el último periodo de sesiones.

Consideramos que no debería ser detenida más tiempo ni ser substituida por una iniciativa proveniente solo del gobierno federal, ya que se estaría perdiendo una enorme oportunidad que cuenta con amplio consenso social y sectorial para mejorar el marco regulatorio que hoy desincentiva el manejo de los bosques y de las selvas, destruye a la industria forestales, genera pérdida de empleos en regiones rurales y tampoco contribuye a reducir la deforestación y los cambios de uso de suelo.

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