7 abril, 2015, Por: Sergio Madrid Zubirán
El Observatorio Global de los Bosques (GFW, Global Forest Watch) acaba de publicar los datos más recientes sobre pérdida de cobertura forestal en todo el mundo, correspondientes a 2013, y el panorama no es alentador. El mundo perdió 18 millones 585 mil hectáreas de cobertura forestal ese año, una superficie equivalente al doble de Portugal, y México perdió 192,941 hectáreas.
Es importante resaltar que no se trata de pérdida de bosques, sino de pérdida de cobertura forestal. Esto quiere decir que puede haber una parte de la superficie que se reportó como perdida que en realidad no dejó de ser bosque, sino que perdió cobertura por procesos naturales como incendios o plagas, o porque se aprovechó la madera de esa área, y que se recuperará en el futuro cercano. El GFW no presentó los datos de recuperación de cobertura forestal para 2013, por ser éste un proceso de largo plazo que no se puede medir en apenas un año.
Todo indica, sin embargo, que la tendencia sería similar aunque se restaran a las pérdidas las hectáreas recuperadas. Si se mantienen las tendencias que se han registrado siempre que se tienen datos completos, el grueso de la superficie perdida es superficie deforestada. Así, en lo que va del siglo XXI México ha perdido dos millones y medio de hectáreas de bosques y ha recuperado solamente 633 mil. Esto arroja un balance negativo de un millón 840 mil hectáreas de bosques perdidas entre 2000 y 2012, lo que equivale al tamaño del estado de Hidalgo.
Es difícil saber con certeza cuáles son las causas detrás de estos procesos, que van desde la degradación de los bosques debido a su abandono, hasta el cambio de uso de suelo para la agricultura y el turismo, o el crecimiento de pueblos y ciudades. Hay indicadores que señalan a la expansión de la agricultura industrial como causante de las pérdidas registradas, sobre todo en lugares de reciente expansión, como la Península de Yucatán. La minería a cielo abierto, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, está también entre los causantes.
Lo que sí sabemos con certeza en México están sentadas las bases para impulsar el manejo forestal sustentable y que éste es muy efectivo contra la deforestación. Sabemos también que, a pesar de eso, México ha adoptado una política contradictoria al respecto y con ella impide su crecimiento, permitiendo el avance de la deforestación.
Dos terceras partes de los bosques de México están en manos de ejidos y comunidades agrarias. Esos ejidos y comunidades han mostrado a lo largo de los últimos treinta años que el manejo forestal sustentable es nuestra mejor herramienta contra la deforestación. Esto es así por varias razones. En primer lugar, la extracción de productos del bosque le da valor a los usos forestales frente a otras alternativas, como la agricultura o la ganadería. En segundo lugar, el manejo forestal genera los recursos suficientes para emprender las tareas de combate a incendios y plagas, con lo que se mantiene la buena salud de esos ecosistemas. En tercer lugar, el aprovechamiento de lo que el bosque ofrece genera las instituciones y los recursos para combatir la tala ilegal y frenar la deforestación.
A pesar de esas virtudes, que han hecho de México un modelo a nivel internacional, gobierno y legislación han construido un aparato regulatorio que mina el manejo forestal sustentable. Por un lado, los trámites para obtener y renovar los permisos de aprovechamiento suman medio centenar, y dejan un enorme margen a la discreción de quien ocupe la ventanilla en ese momento. Por el otro, el marco fiscal del país impide el desarrollo de empresas fuertes, pues no está adaptado a la realidad y las carencias del campo. Por otra parte, estos dos factores, combinados con el libre comercio, acaban por hacer aún más difícil la situación, pues los productores forestales nacionales deben competir con países que, al contrario, impulsan sus empresas forestales con regímenes fiscales especiales y con regulaciones muy favorables.
Si México sigue perdiendo bosques a este ritmo, no podrá desarrollarse ni salir de la pobreza. Para lograrlo debe mejorar su marco regulatorio, eliminar las trabas a la producción y adaptar su marco fiscal a la realidad del campo.