11 diciembre, 2014, Por: Sergio Madrid Zubirán
La Ciudad de México, aunque desde el mapa parece una sola mancha gris, tiene una enorme superficie forestal y rural. Esta área, llamada “suelo de conservación”, es crucial para el bienestar de la urbe, porque regula los cauces de agua y evita inundaciones, porque provee de agua potable a quienes habitan el Distrito Federal y ofrece un espacio de recreación. Sin embargo, está permanentemente amenazada por el descuido de sus bosques y por los asentamientos irregulares. Hablamos con Lucía Almeida Leñero, del Laboratorio de Ecosistemas de Montaña de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que dirigió una investigación sobre el tema que acaba de publicarse en la revista Land Use Policy.
La investigación se titula “Somos los pulmones de la ciudad: pagos por servicios ambientales en las faldas de la ciudad de México”. La lideró Ángela Caro Borrero bajo la supervisión de Almeida, y es una evaluación del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en la comunidad de Magdalena Atlitic y en la de San Nicolás, en la delegación Magdalena Contreras del Distrito Federal. Una primera versión, anterior al proceso de arbitraje al que se sometió para su publicación en la revista puede leerse aquí.
Sus conclusiones señalan varios aspectos a corregir en la aplicación del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, al menos en el Valle de México. En primer lugar, señaló Almeida al explicar las conclusiones del equipo que lideró Caro Borrero, “la mayoría de la gente no sabe de dónde viene el dinero y lo confunde con lo que viene de otros programas”. En segundo lugar, “lo que se paga es insuficiente, y la gente lo considera como un regalo, que además llega a fin de año”. Por último, “las autoridades comunales no lo están usando con transparencia y la gente no conoce las obligaciones que están asumiendo al recibir esos pagos”. Además, estos bosques enfrentan problemas muy similares a otros en los que impera una veda forestal, como la prevalencia de plagas y la extracción ilegal de recursos forestales, como la tierra de monte, la leña y la madera.
Mientras tanto, las amenazas contra estos ecosistemas y contra lo que queda de vida rural en la Ciudad de México van aumentando. “El valor de esas tierras es muy grande y el riesgo de que ocurra lo que en otras partes de la ciudad es muy real. Es posible que, sin las medidas adecuadas, pase lo mismo que en la delegación Cuajimalpa, en la zona de Santa Fe y otras del DF, que la mancha urbana se comió las barrancas y los bosques”. Como apunta Caro Borrero, “los programas de pago por servicios ambientales podrían no resolver el problema de expansión de la mancha urbana por sí solos, aún si los pagos aumentaran para cubrir el costo de oportunidad de la tierra en ese contexto”.
La ventaja de este estudio es que no sólo atina al señalar los problemas que asuelan los bosques de la ciudad de México, sino que también apunta también algunas soluciones. En primer lugar, Caro Borrero y sus colegas llaman a emprender un “proceso legítimo, firme y efectivo de gobierno del territorio, liderado por el gobierno y que incluya a todos los niveles administrativos y actores relevantes, incluyendo a las comunidades de los alrededores y a todos los que contribuyen legal e ilegalmente a la situación que se vive hoy”.
En segundo lugar, señalan Caro Borrero y sus coautores, las autoridades de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Forestal harían bien en “negociar con las comunidades locales una modificación de las reglas del programa de Pago por Servicios Ambientales y del suelo de conservación para permitir el desarrollo de planes de manejo forestal sustentable, que crearían empleos locales y podrían llevar a la certificación de la producción forestal” local.
En tercer lugar, debería haber una mayor “capacitación de los miembros de las comunidades interesados y más talleres informativos sobre el Programa, un mejor monitoreo de las actividades locales de manejo forestal y de fugas de deforestación y degradación, y una mejor rendición de cuentas por parte de las autoridades comunales”.