10 diciembre, 2022, Por: CCMSS
A 30 años de la promulgación de la Ley Minera, la más laxa de Latinoamérica y que ha generado un gran número de conflictos socioambientales en el país, que es inconstitucional y violatoria de derechos de los pueblos indígenas, es impostergable que los legisladores impulsen un proceso de reforma de esta ley para alinear el marco legal con los compromisos adquiridos por México en materia de derechos de los pueblos originarios y para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y el pleno respeto de los derechos humanos.
La Colectiva Cambiémosla Ya, que está integrada por comunidades, movimientos, organizaciones y academia, demanda a los legisladores a que “asuman su responsabilidad de hacer respetar los derechos y modificar cuanto antes una ley tan perniciosa como la Ley Minera”.
Sin duda una de las leyes que ha resultado más perjudicial para las comunidades rurales, indígenas y campesinas ha sido la Ley Minera decretada en 1992 y que sigue vigente. Esta ley, que forma parte de una serie de leyes preparatorias para la entrada en vigor del TLCAN en México, otorga una gran cantidad de privilegios a las empresas mineras en detrimento de los derechos de las comunidades, del bien público y de la protección del medio ambiente.
Esta ley propició que franjas gigantescas del territorio nacional se concesionaran sin siquiera notificar a las comunidades dueñas de los territorios. Jorge Peláez, director de la Clínica Jurídica Berta Cáceres e integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, resalta que a partir de la aprobación de la Ley Minera hubo un paso brutal a la explotación minera, pues en un periodo de 30 años se extrajo más oro que el que se produjo durante todo el periodo colonial.
Más que regular a la industria, esta ley le confiere una gran cantidad de privilegios que contravienen los derechos de los pueblos. De hecho, enfatiza Jorge Peláez, “ninguna concesión minera se otorgado con el consentimiento de alguna comunidad indígena”.
Además de no haber sido consultadas con los legítimos dueños de los territorios, las concesiones mineras emitidas por el gobierno federal con las comunidades dueñas de los territorios, se ha generado un “mercado negro de concesiones con las que se solo se genera especulación financiera”. No hay transparencia en el mercado de concesiones mineras y esa información debería ser pública, plantea Beatriz Olivera, directora de Engenera.
México es el único lugar en el que las concesiones para exploración y explotación minera están juntas y que esto debería estar divido. Es decir, explica Olivera, “se deberían expedir concesiones solo para exploración por un periodo de 2 años y luego realizar el proceso de obtención de concesiones para explotación minera con una vigencia no mayor a 15 años, que es el tiempo suficiente para llevar a cabo esos trabajos”.
La Ley Minera vigente contempla el otorgamiento de concesiones mineras por 50 años y prorrogables por otros 50 años más, lo cual “es excesivo y solo fomenta la especulación financiera en mercados bursátiles”.
La industria minera en México argumenta que generan una gran cantidad de empleos e ingresos para el país con su actividad, sin embargo, los datos están muy alejados de ello. Un análisis de la Colectiva Cambiémosla Ya señala que, “los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que en el 2019, los ingresos que obtiene el Estado por la actividad económica del sector de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.13% de la recaudación total del gobierno federal; en 2020, la minería aportó 0.32% y en 2021 aportó 0.97%. Es decir que su contribución es marginal para las finanzas públicas por lo que no es una actividad “de utilidad pública” como lo señala la propia Ley Minera.
La Colectiva Cambiémosla Ya resalta que, junto con especialistas, ha formulado 4 iniciativas de reforma de la Ley Minera, mismas que ya han sido presentadas en la Cámara de Diputados y publicadas en la Gaceta parlamentaria en el periodo de septiembre a noviembre. Sin embargo, la Colectiva señala que “se observa una falta de compromiso y voluntad de los legisladores para llevar a cabo estas reformas fundamentales, ya que estas iniciativas presentadas ni siquiera han sido turnadas a comisiones para su dictaminación”.
Lamentan que las autoridades y legisladores permitan que se sigan vulnerando los derechos de las comunidades y ocasionando afectaciones al ambiente, que muchas veces son irreparables, a causa de la minería. En vez de impulsar un proceso de reforma de la Ley Minera.
“No hay motivo para no querer reforma esta ley profundamente neoliberal. Si se prohibiera la minera en México no habría repercusiones económicas, ni al empleo significativas, ya que las utilidades que genera esta industria son marginales para las finanzas públicas del país”, argumenta la Colectiva Cambiémosla Ya.
En lo que va del presente periodo de sesiones, se han presentado cuatro iniciativas de reforma a la Ley Minera, elaboradas por la Colectiva. “Las modificaciones propuestas en las iniciativas de reforma están sustentadas en las obligaciones que tierne el Estado mexicano en materia de Derechos humanos y derechos indígenas tiene el Estado mexicano”, refiere Cambiémosla Ya.
Los cambios fundamentales que se proponen en las iniciativas ya presentadas en el Congreso tienen que ver con retirar el carácter de preferente y de utilidad pública que hoy tiene la minería (exceptuando el litio) sobre cualquier otro uso del territorio (art. 19 de la ley minera).
Modificar el régimen de prohibiciones a la actividad minera, estableciendo restricciones a la actividad minera en áreas naturales protegidas, cerca de cuerpos de agua, cerca de núcleos poblacionales y de zonas sísmicas, así como prohibir la minería a cielo abierto, la minería submarina y la minería en pocitos de carbón. (Adición del artículo 15 bis a la ley minera)
Separar las concesiones mineras actuales en una concesión para exploración y una para explotación y garantizar el derecho de las comunidades indígenas y equiparables a ser consultadas y a otorgar su consentimiento de manera previa, libre e informada a los proyectos mineros. Asimismo, busca recortar la duración de las concesiones mineras que actualmente es de 50 años extensibles a 50 años más y reducir la extensión de la concesión minera (reforma a los artículos 13, 13 Bis 15, 19 fracción I, VII y XII, 22, 23, 27 y 46 fracción VI de la Ley Minera).
Garantizar que la información reservada de los proyectos mineros sea puesta a disposición del público en virtud de que México ratificó el Acuerdo de Escazú (reforma de la fracción IX del artículo 7 de la Ley Minera).
Con estas cuatro iniciativas se recogen cinco de los temas centrales que deben ser modificados en la Ley Minera, de acuerdo con los aspectos más graves identificados por parte de la Colectiva Cambiémosla Ya.