Representantes del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal participaron en la sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, con el objeto de presentar una serie de propuestas para enriquecer el proyecto de la nueva Ley Forestal Integral que presentó la Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso, documento que ya se encuentra en proceso de dictamen.
En la sesión, el presidente del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal (CONAF) Carlos González Vicente, junto con Emilio Cruz, de Reforestamos México y Raúl Benet Keil, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), ambos miembros de dicho Comité; expusieron que es necesario que se integren las aportaciones generadas en el Consejo, puesto que son producto de más de tres años de trabajo, de consulta a productores, responsables técnicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de los diversos órdenes de gobierno y, expertos en legislación.
Lo anterior, con la finalidad de tener un diagnóstico más certero del marco legal y regulatorio del sector forestal y una propuesta de ley integral que permita al sector forestal superar la situación de marginación y atraso en la que se encuentra.
Destacaron la necesidad de fortalecer la competitividad de las empresas forestales, particularmente las conformadas por comunidades y ejidos, que abarcan más del 80 por ciento del territorio forestal del país.
González Vicente destacó que la efectividad y competitividad de las empresas forestales mexicanas es indispensable para proveer bienes útiles y estratégicos que actualmente se importan de diversos países, y señaló que el 82 por ciento de la materia prima forestal que se utiliza actualmente en México es importada. “Cuando el 100 por ciento podría producirse en México e incluso existe un gran potencial para la exportación.”
Refirió que entre uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector es la excesiva y acuciante regulación. Por ello, destacó la importancia de que la nueva ley atienda de manera efectiva los temas de competitividad y certeza jurídica para los productores forestales; además de reducir de manera significativa la carga regulatoria innecesaria.
Por su parte, Emilio Cruz, de Reforestamos México, subrayó la necesidad de que la nueva ley forestal atienda plena y efectivamente el tema de la legalidad en el sector forestal. “Porque mucha de la madera que se comercializa en el país es de origen ilegal, lo que perjudica severamente a los bosques y a las comunidades. Se requiere un Registro Forestal Nacional que sea efectivo, confiable y transparente, que permita rastrear los productos forestales mediante un sistema efectivo de trazabilidad como el que existe en otros países.”
En cuanto a las labores de vigilancia, indicó que es necesario que la nueva ley proporcione elementos sólidos para enfrentar la ilegalidad en donde realmente ocurre, que en su mayor parte no es en los bosques, sino en los puertos y las madererías. Además, los esfuerzos de vigilancia se deberían enfocar en un 80 por ciento a los establecimientos que comercializan o importan los productos forestales, ya que ahí es donde radica el principal problema de ilegalidad.
Raúl Benet, del CCMSS, detalló que la sostenibilidad de los bosques y selvas está estrechamente vinculada al manejo forestal que realizan las comunidades y ejidos, y que su éxito depende de poder llegar a los mercados de manera competitiva.
Enumeró un cúmulo de obstáculos legales y regulatorios impuesto por la ley forestal vigente, que han sido identificados por todos actores involucrados como el principal lastre que enfrenta el sector forestal sustentable.
Para superarlos, dijo que algunos de los temas han sido propuestos por el Consejo Nacional Forestal para que la nueva ley corrija.
Raúl Benet también señaló la necesidad de reformular en la nueva ley la definición y la atención al tema de los terrenos que son agrícolas pero que tienen cobertura forestal temporal, que se conocen como “acahuales,” tierras de descanso o barbechos; porque son millones los campesinos que actualmente sufren por un mal concepto legal sobre estas tierras, además que la forma equivocada en cómo están descritas en la ley provoca un grave deterioro ambiental.
Añadió que es contraproducente e injusto exigir a los ejidos y comunidades forestales que además de tener un plan de manejo aprobado, conforme a los lineamientos de sustentabilidad, deban de contar con otras autorizaciones costosas y redundantes, como la manifestación de impacto ambiental.
Es muy pertinente, dijo, que la nueva ley incluya mecanismos para transparentar y volver más eficientes y sencillos los procesos de autorización de todas las etapas del aprovechamiento forestal, reconociendo la capacidad de las comunidades y ejidos de llevar a cabo un manejo sustentable de sus bosques, y estableciendo mecanismos flexibles que permitan reconocer las buenas prácticas y la certificación forestal como criterios válidos para para la obtención de permisos de aprovechamiento para las comunidades y sus empresas forestales comunitarias.
En la sesión también estuvo presente Dante Pérez, quien, como representante de la Comisiona Nacional Forestal (CONAFOR) ante el Consejo Nacional Forestal, respaldó plenamente las intervenciones y propuestas antes señaladas, y entregó formalmente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados los puntos destacados por los miembros del Comité de Legislación.
Para finalizar la sesión, la diputada Alma Lucía Arzaluz, responsable de la iniciativa de la nueva ley forestal, a nombre de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, estableció el compromiso de considerar los puntos presentados por el CONAF y agradeció a los presentes por su participación, invitándolos a nuevas sesiones para profundizar, aclarar y delinear, de manera puntual, algunos de los puntos propuestos para ser incluidos en la nueva ley.