A las y los senadores
A las y los diputados
Al pueblo de México
Presentes
Buenos tardes a todas y todos, mi nombre es María Eugenia Gabriel Ruiz, pertenezco a la Comunidad Purhépecha de Comachuen; en esta oportunidad me presento en este foro como vocera de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, ALDEA. Para quienes integramos la ALDEA es importante que nos hayan abierto este espacio donde se legisla y traza la vida pública de los pueblos y las y los ciudadanos que conforman el México actual.
Se preguntarán por qué no vengo con mi traje purhépecha, aunque para mí representa inmenso orgullo y respeto, me vestí de luto para recordar y honrar a todos los hermanos y hermanas que han caído en la lucha por la defensa de nuestros territorios. Porque en este país, luchar por seguir existiendo como pueblos indígenas es sinónimo de criminal saboteador, nos arrancan la vida sin más. Me presento así, como sobreviviente de esa lucha contra el poder hegemónico, colonial y patriarcal. Soy una mujer que lucha por el respeto y dignidad de las mujeres y de los pueblos originarios. Desde esta tribuna honro a todas mis hermanas y hermanos que dieron y dan todo su esfuerzo por generar cambios trascendentes para mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades.
Ahora bien, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, (ALDEA), es una articulación de pueblos, comunidades y organizaciones civiles con presencia en 17 estados de la República. Quienes la integramos, nos unimos por una necesidad compartida de transformar las estructuras de desigualdad e injusticia que durante años han mantenido en la marginación y la pobreza a los pueblos indígenas en nuestro país.
Nuestra lucha es por la memoria, por nuestros antepasados y por la posibilidad de tener un futuro digno con apego a nuestras relaciones con la naturaleza, erradicando las prácticas patriarcales, con equidad, justicia y oportunidades para mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños. A través de ALDEA habla nuestra memoria ancestral que reclama ser escuchada y respetada. Nos hemos planteado luchar hasta que los derechos de los pueblos indígenas estén plasmados de manera íntegra en la Constitución, saldando así la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, dando cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, que desde ALDEA refrendamos y demandamos aquí:
1. Reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
2. Garantía efectiva del derecho a la libre determinación y a la autonomía.
3. Reconocimiento y garantía efectiva de los sistemas normativos y de seguridad propia de los pueblos.
4. Reconocimiento, garantía y protección efectiva del derecho pleno a las tierras y territorios indígenas.
5. Reconocimiento y garantía para decidir las propias formas de vida y de cambio por el bien común.
6. Pleno respeto y garantía del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas.
7. Garantizar la participación de los pueblos y comunidades en todos los niveles de toma de decisión del estado.
8. Establecer un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos, en condiciones de respeto e igualdad.
9. Participación plena de las mujeres indígenas en la toma de decisiones y el ejercicio efectivo de todos los derechos.
10. Respeto y garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos y comunidades indígenas.
ALDEA nos une para exigir el reconocimiento a nuestra autonomía y libre determinación, para no seguir en la ilegalidad, como algunas personas que están en este recinto lo han dicho, para defender nuestros territorios, nuestras creencias, y nuestra cultura en un marco de respeto mutuo y cuidado de los bienes naturales.
Exigimos el reconocimiento como sujetos de derecho público. No queremos seguir siendo tutelado por el Estado ni pedir permiso para ser quienes somos. Lo que necesitamos es un marco normativo que nos garantice el ejercicio de los derechos colectivos, con el que podamos decidir el rumbo de nuestras comunidades, defender nuestra vida, nuestro territorio y nuestras culturas, sin ser criminalizados. Por eso, estamos hoy aquí, juntos y juntas en este espacio, sumando fuerzas y luchando por garantizar los derechos que nos corresponden.
No es fácil ejercer la autonomía; en la mayoría de los estados de la República Mexicana, nos encontramos en desventaja legal ya que no tenemos garantizada una legislación que nos reconozca, y, por el contrario, nos condenan al despojo, a la persecución y criminalización enfrentándonos a la corrupción, la inseguridad, la violencia y la complicidad de las autoridades con la delincuencia organizada en nuestros territorios.
Sin embargo, no nos detendremos. Lo que nos llama a actuar por la dignidad, esto es algo poderoso que se vuelve una luz en nuestro camino. Estamos creando una fuerza que teje y traspasa fronteras, nos da la posibilidad de crecer y es una inspiración para otras comunidades y pueblos.
Gracias a esta alianza, hemos avanzado y aprendido de las experiencias y luchas por la autonomía de diferentes pueblos. Por ejemplo, de los hermanos y hermanas zapatistas de Chiapas quienes se levantaron en armas para visibilizar las desigualdades, e iniciaron la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas, de las comunidades de Michoacán que luchan por la paz y la defensa de los bosques como Cherán, Arantepakua, Nahuatzen y Ostula, entre otras; de los hermanos y hermanas de la Tosepan Titataniske en Puebla, de Azqueltan, en Jalisco, y muchos más.
También vemos con preocupación cómo las comunidades que intentan organizarse son perseguidas y violentadas con el único fin de disuadirlas de continuar en su lucha por la libre determinación; como ejemplos de esta situación están las comunidades y pueblos de Atenco, San Francisco Magú, Tepetlaoxtoc y Amanalco, en el Estado de México, y de Carapan y Ocumicho en Michoacán, a los cuales se nos exigen certificados de identidad indígena expedidos por el gobierno para ser considerados pueblos indígenas.
Así mismo, la categoría de encargatura de orden o tenencia es una figura que nos impone el Estado, con lo que nos trata como menores de edad o ciudadanos de segunda siendo esto una traba más para garantizar el respeto a nuestro derecho a la libre determinación, En otros casos, la voracidad de los megaproyectos destruye los bienes naturales de los que dependemos para vivir, como sucede con todos aquellos que proliferaron con las políticas neoliberales de las pasadas administraciones, como el caso de la presa la Parota y el otorgamiento desmedido de concesiones a empresas mineras para imponer sus proyectos en las comunidades sin respeto a su libre determinación y sin su consentimiento. Lo que también hoy se replica con los grandes proyectos de infraestructura del actual gobierno como el Tren Maya o el Corredor Transístmico y el decretazo para imponer sus megaproyectos por encima de obligaciones internacionales de derechos humanos.
Otro caso preocupante es la criminalización y violencia contra defensores del territorio, como es el caso del estado de Campeche donde 2 compañeras de la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya han sido criminalizadas por funcionarios federales, solo por exigir justicia y denunciar la corrupción de Fonatur.
No queremos dejar pasar la exigencia de la libertad de nuestro compañero zapoteco Pablo López, quien lleva 12 años privado de la libertad, criminalizado por el estado de Oaxaca por defender los bosques y la vida y la del compañero Vicente Suástegui, quien está desaparecido desde hace un año por ser opositor a la Presa La Parota.
¡YA BASTA!
Queremos relacionarnos con el Estado en condiciones de igualdad, ser reconocidos como sujetos de derecho público y desde ahí contribuir al bien común, a la construcción de la paz social y a promover la participación informada de jóvenes, mujeres, niñas y niños. Es por ello que, desde aquí, todas y todos juntos exigimos:
¡QUEREMOS LA REFORMA YA! ¡LOS DERECHOS INDÍGENAS NO PUEDEN SEGUIR SIENDO POSTERGADOS, POR ESO ESTAMOS AQUÍ
¿O cuánto tiempo más necesitan señores senadores y diputados, senadoras y diputados? ¿Cuántas muertes más?
