8 junio, 2020, Por: CCMSS
El Proyecto Tren Maya va más allá de la construcción de una nueva vía de comunicación; se trata de un amplio reordenamiento territorial en la Península de Yucatán, que incluye la creación de nuevos polos de desarrollos, parques agroindustriales, ciudades y desarrollos turísticos e inmobiliarios.
A pesar de que ya arrancaron oficialmente las obras y se asignaron contratos por más de 71 mil millones de pesos, hasta este momento el Gobierno Federal no ha hecho público el proyecto ejecutivo; y no posee una autorización por parte de la autoridad de impacto ambiental que permita dar certeza a la sociedad sobre los posibles efectos de este megaproyecto. Por esta razón, y otra muchas, el Proyecto del Tren Maya ha sido severamente cuestionado por diversos sectores, entre ellos, las comunidades indígenas de la península de Yucatán, académicas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía de a pie.
“Resulta difícil de entender que, quien debe ser ejemplo a seguir en el cumplimiento de las disposiciones legales y de las instituciones de gobierno, dé el banderazo de inicio a un proyecto que no se ha legitimado ambientalmente”, consideró la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) acerca de esta situación.
En un comunicado reciente, la AMIA afirma que un proyecto de esta naturaleza no puede, bajo ninguna circunstancia, estar exento de la evaluación del impacto ambiental ya que:
a. De los 1500 kilómetros aproximadamente que se pretenden desarrollar, apenas en el 18% hay vías existentes. El resto se debe construir desde cero.
b. Las vías existentes fueron construidas hace más de 150 años y su trazo y especificaciones no se ajustan a las necesidades de un tren moderno de pasajeros, con velocidad de crucero mayor. Técnicamente no es posible usar lo existente.
c. El tren implica la creación de estaciones que se espera sean verdaderos polos de tráfico de turistas. Esto requiere de una demanda importante de amplias extensiones de terrenos para las estaciones, en las cuales será necesario crear áreas para pasajeros, alimentos, comercios y todo lo que una estación de pasajeros requiere para funcionar, además de los servicios turísticos que se desarrollen en cada estación.
La AMIA agrupa a más de 135 especialistas en el tema de los impactos ambientales. En su comunicado, estos especialistas afirman además que el proyecto ha sido cuestionado por la comunidad científica y por diversos organismos nacionales e internacionales, por lo que es apremiante analizar la afectación que tendrá sobre áreas naturales protegidas que serán atravesadas por los diversos tramos ferroviarios, la fragmentación de ecosistemas que esto representa, la inducción directa e indirecta de deforestación de selvas tropicales, la afectación a especies de fauna endémica o en peligro de extinción por la pérdida de hábitat, la demanda de agua y potencial contaminación de cuerpos de agua, así como la alta generación de residuos y contaminantes.
La Academia Mexicana de Impacto Ambiental advierte que “al eludir la recepción de la Manifestación del Impacto Ambiental y su correspondiente evaluación, la autoridad ambiental mexicana, de facto, está renunciando a su mandato de Ley y de ser garante del Derecho Humano Constitucional a gozar de un medio ambiente sano, renuncia que va en conjunción con la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al no llevar a cabo acción alguna para verificar que la obra que está siendo objeto del referido banderazo de salida ostenta las autorizaciones correspondientes que conforme a derecho son necesarias para este tipo de proyectos.”
El organismo lamenta que el inicio de las obras se dé sin haber llevado a cabo las acciones mínimas necesarias y elementales para legitimar la acción; “sin haber tenido una debida y adecuada Consulta Pública, en términos de Ley; sin evaluar los impactos a generar; sin proponer medidas de prevención, mitigación o de compensación; sin análisis para identificar lo más conveniente para el proyecto, en caso de que se pudiera considerar ambientalmente viable.”
La Academia plantea que existen temas de carácter social y de patrimonio cultural que deberían ser recogidos dentro de la propia evaluación ambiental del proyecto, tales como la potencial afectación y los riesgos que va a generar al patrimonio histórico y cultural, de acuerdo con la Ley de Bienes Nacionales. En los alrededores del trazo del Tren Maya, se tiene registro de 7,274 sitios arqueológicos (INAH). Asimismo, menciona que tampoco parecen importar los conflictos sociales que se pueden derivar de la tenencia de la tierra.