El modelo de producción de alimentos industrializado, basado en grandes extensiones de monocultivos que demandan un alto consumo de agua, agroquímicos y pesticidas está acabando con los recursos naturales y deteriorando la salud de toda la población.
El mercado agroalimentario es el mayor mercado industrial. Los volúmenes de recursos económicos y su importancia para la alimentación lo sitúan por encima de cualquier otro, incluso arriba de las industrias tecnológica y de energéticos.
De acuerdo con la doctora Silvia Ribeiro, directora para Latinoamérica de Grupo ETC, el sistema agroalimentario global está en manos de 20 grandes transnacionales que se han valido del acaparamiento de los mercados, las patentes y las nuevas tecnologías para lograr este nivel de control sobre la producción mundial de alimentos y su comercialización.
Este modelo de producción de monocultivos está desplazando a las comunidades indígenas y campesinas que históricamente han alimentado a las sociedades. Las grandes industrias están despojando de sus tierras, semillas y saberes a las comunidades locales debido al impulso de políticas de libre mercado y alta competitividad, y la imposición de modelos de producción industrializados.
Como resultado de esta imposición de un modelo de producción alimentaria de libre mercado global, el avance de los productos altamente procesados y el uso desmedido de agroquímicos y pesticidas, el mundo vive una severa crisis ambiental y de salud.
Silvia Ribeiro refiere que la mayoría de las personas mueren por alguna enfermedad estrechamente vinculada con la agroindustria, como la diabetes, el cáncer o problemas cardiovasculares.
En México la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para la agricultura y la ganadería. Año con año se derriban miles de hectáreas de selva en el sureste del país para destinar esos terrenos a la producción de monocultivos como la soya y la palma africana, en tanto que en la zona centro, el avance de las plantaciones de aguacate también está arrasando con miles de hectáreas de bosques.
Estos procesos, además de ser ilegales, violan los derechos de las comunidades locales y pueblos originarios que habitan esos territorios, afectan sus medios de vida y los despojan de sus recursos y tierras. Los campesinos pasan de ser productores a peones en esos campos, en los que trabajan prácticamente como esclavos, ya que apenas el siete por ciento de los trabajadores agrícolas en México cuenta con seguridad social.
Natasha Montes, de la organización Voces Mesoamericanas AC, indica que la falta de regulación en el sector del trabajo agrícola propicia la violación de los derechos laborales de los jornaleros. Refiere que en el país hay, al menos, 3 millones de jornaleros agrícolas, los cuales, en su mayoría, son indígenas que viven en condiciones de pobreza extrema.
Detalla que, debido al proceso de precarización del campo, las familias no tienen los recursos necesarios para producir, han perdido sus tierras y abandonado sus saberes productivos, esto los hace vulnerables ante los “coyotes” que llegan a las comunidades a reclutar trabajadores para los campos agrícolas del noroeste y bajío del país. La migración de los jornaleros deteriora el tejido social y genera conflictos en las comunidades.
De acuerdo con el Atlas de la Agroindustria. Datos y hechos sobre la industria agrícola y de alimentos 2019, elaborado por la Fundación Heinrich Böll México, “la agricultura industrial es una actividad intensiva en términos de capital, trabajo y uso de recursos naturales, como grandes extensiones de tierra y agua en todo el mundo”, que genera grandes problemas sociales y ambientales.
El documento detalla que la agroindustria “lleva al desplazamiento territorial e incluso a la desaparición de comunidades campesinas. Ha impulsado el incremento de los flujos migratorios dentro y fuera del país, la pérdida de la diversidad genética de varios ecosistemas y de la mayoría de los cultivos por la expansión de los monocultivos, acompañados por las respectivas políticas de patentes y licencias.”
El campo mexicano hoy en día, refiere el Atlas de la Agroindustria, “es el resultado de una transformación sustantiva que devino de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, cuando el Estado se retiró de las tareas de producción, distribución y consumo de alimentos a través de esquemas de financiamiento y precios de garantía”.
Este proceso trajo consigo la proliferación de capitales y empresas transnacionales y el “abandono de los pequeños productores de alimentos, materias primas y otros bienes necesarios para la población, como la medicina tradicional, los cuales garantizaban una alimentación adecuada y la conservación de la diversidad y de la calidad de los alimentos”.
