En este mes, en el que conmemoramos la biodiversidad, es importante resaltar las amenazas que enfrentan los ecosistemas y sus habitantes. Nuestro país enfrenta una gran pérdida de especies y la degradación severa de ecosistemas, ocasionadas por sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo y cambio climático.
México es uno de los cinco países en el mundo denominados como mega-diversos, gracias a que, en su territorio, que representa el uno por ciento de la superficie terrestre, alberga alrededor del 12 por ciento de la biodiversidad del planeta.
La biodiversidad está íntimamente ligada con la diversidad cultural, y el país cuenta con una gran riqueza y conocimientos tradicionales que los distintos grupos originarios han desarrollado y acumulado a lo largo de siglos.
De acuerdo con la Agenda ambiental 2018, diagnósticos y propuestas, de la UNAM, la diversidad y fuerza de las prácticas y conocimientos de los pueblos y comunidades mexicanas sobre su entorno natural son base de la existencia de una importante agrobiodiversidad, con numerosas plantas útiles de las cuales México es centro de origen, domesticación o diversificación.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que los costos derivados de la degradación y el agotamiento del medio ambiente ascendieron a 921 mil 814 millones de pesos en 2016.
En ese mismo año, las inversiones del presupuesto público en conservación ambiental fueron de 130 mil 770 millones de pesos, lo cual significa que tuvimos un déficit de 791 mil 44 millones de pesos para subsanar las pérdidas por la degradación ambiental en el país. Lejos de que esta brecha se cierre pronto, en los últimos 10 años, el presupuesto destinado al sector ambiental se ha reducido en un 56 por ciento.
Asimismo, se han impulsado leyes que favorecen el desarrollo de megaproyectos de infraestructura y generación de energía que van en detrimento del medio ambiente y las comunidades que habitan los territorios en los que se construyen estas obras. La ley minera, por ejemplo, en su artículo sexto establece que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.
Se añade que “el carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Las afectaciones ambientales y sociales no son una preocupación ni por asomo en esta ley.
Por si fuera poco, otras actividades productivas que son insostenibles como la ganadería expansiva y la agricultura industrial, de monocultivos, que emplea grandes cantidades de agua y agroquímicos, reciben grandes incentivos a manera de subsidios y la regulación para emprender proyectos agropecuarios es muy laxa.
En contraparte, otras actividades de manejo y uso sostenible de los recursos naturales como el manejo forestal comunitario, las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, están supeditadas a una regulación excesiva que genera altos costos de transacción y desincentivan a los dueños de estos recursos naturales a emprender estos proyectos de manejo sostenible de la biodiversidad.
Para realizar estas actividades de manejo de la fauna y de los recursos forestales es necesario elaborar un plan de manejo que requiere la contratación de un despacho o profesional prestador de servicios técnicos para su elaboración.
En el caso de las autorizaciones para el aprovechamiento forestal sustentable en selvas se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental y para el registro de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) se requiere cumplir con múltiples requisitos técnicos administrativos para lograr la autorización del aprovechamiento de diversas especies como la palma camedor. Algunos de los trámites para las autorizaciones de estos esquemas de manejo no tienen costo, sin embargo, algunos otros sí, cómo la Manifestación de Impacto Ambiental y son aún más costosos los derivados de la generación de la documentación, información y gestiones ante las oficinas delegacionales de la Semarnat, que generan gastos que pueden rebasar los 200 mil pesos, dependiendo de cada proyecto. Asimismo, los tiempos en los que se obtienen las autorizaciones pueden prolongarse hasta a dos años, incluso cuando se traten de renovaciones de las autorizaciones.
Los recortes presupuestarios y modificaciones al marco normativo en el sector ambiental han impactado en un debilitamiento de las dependencias encargadas de la vigilancia y el fomento de las actividades de manejo y conservación del medio ambiente, como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La falta de personal calificado en las delegaciones estatales dificulta y retrasa la gestión de las autorizaciones de aprovechamiento y la documentación para el transporte y comercialización de productos como los forestales. Esta es otra limitante para el emprendimiento de esquemas de manejo y conservación comunitario de la biodiversidad, que, al mismo tiempo, incentiva la ilegalidad y el clandestinaje.
Además, las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental y prevenir el deterioro ambiental y de la biodiversidad, como la Profepa, la Procuraduría General de la República y los Ministerios Públicos, carecen de personal que entienda las dinámicas de la vida silvestre.
Un reporte elaborado en 2016 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), titulado Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Reporte de la misión de UNODC a México, destaca “la apremiante necesidad de fortalecimiento de capacidades y entrenamiento especializado en materia de vida silvestre. (…) no es exclusivo para el personal de la Profepa, que cuenta con algunos funcionarios conocedores y experimentados, sino imperativo para todas las autoridades involucradas en las distintas etapas de aplicación de la ley en la materia (ambiental), ya sea a nivel administrativo o penal, sin importar su institución de adscripción”.
El reporte señala que “existen aún importantes retos para logar que los mecanismos y estructuras en esta materia (de protección al medio ambiente) puedan ser efectivos y eficientes. No basta con que existan marcos normativos e instituciones responsables de velar por el cumplimiento de los mismos y una gestión adecuada de los recursos silvestres y los bosques que aseguren su sostenibilidad y conservación. Tanto el sistema jurídico como los actores y autoridades involucradas deben funcionar de forma armónica y complementaria, y en el caso de las instituciones relevantes, no sólo promover la coordinación y colaboración intra e interinstitucional, sino llevarla a cabo de forma efectiva y eficiente, optimizando los recursos humanos e institucionales para que, en caso de existir delitos contra la vida silvestre y los bosques, éstos puedan ser solucionados y sancionados como corresponda, creando un desincentivo para que no vuelvan a ocurrir y resarciendo, en la medida de lo posible, los daños ocasionados”.
Es indispensable que se generen estímulos para fortalecer las capacidades de manejo sustentable de la biodiversidad y de los recursos naturales por parte de los legítimos dueños de los territorios, es decir, comunidades, ejidos y pueblos indígenas, pues está demostrado que son estos grupos sociales quienes mejor conservan y protegen la riqueza natural a través de sus saberes y técnicas de manejo.
A lo largo del tiempo, las labores de manejo de estas comunidades han permitido la domesticación y diversificación de un sinnúmero de especies que nos permiten alimentarnos y proveernos de materiales con cultivos como el maíz, las plantas medicinales, los animales de corral, entre muchos otros. A pesar de su enorme valor, este conocimiento no está bien documentado ni se valora en su justa medida como fuente de prácticas sostenibles, de acuerdo con la Agenda ambiental 2018.
En México el 70 por ciento de los territorios forestales son propiedad de ejidos y comunidades, y en estos territorios habita el 80 por ciento de la biodiversidad del país. De hecho, en la república las comunidades forestales han destinado, de forma voluntaria, más de un millón de hectáreas de bosques de alto valor a la conservación. Sin embargo, estas comunidades no reciben los estímulos ni compensaciones adecuadas para poder seguir realizando estas importantes acciones de manejo. En términos generales, estas comunidades que habitan las regiones de mayor riqueza natural viven en condiciones de pobreza y marginación.
Fotos: GeoConservación y Consuelo Pagaza.
