19 septiembre, 2017, Por: Gerardo Suárez
Una vez más, la integridad de la biodiversidad mexicana, y de los pueblos originarios que la habitan se está viendo comprometida debido al desarrollo de un megaproyecto de extracción minera. En el corazón del Istmo de Tehuantepec, la comunidad de San Miguel Chimalapa, ha luchado durante años porque la empresa privada no consuma la riqueza natural de su territorio, uno de los más ricos del país.
Históricamente Chiapas y Oaxaca han logrado las mayores disputas por la tierra, debido a que se trata de regiones que concentran recursos naturales en calidad y abundancia. Sin embargo, los pueblos que habitan dentro de este micromundo ampliamente biodiverso siguen viviendo en condiciones de pobreza y, frecuentemente, experimentan violaciones de derechos humanos y colectivos.
Chimalapas (conformado por las regiones de San Miguel y Santa María) ha sufrido de ambas problemáticas porque su pueblo se ha visto ultrajado por empresas privadas en múltiples ocasiones. Esta región, —abundante en diversidad biológica y recursos naturales—, es la herencia que las etnias zoque y olmeca han protegido desde tiempos anteriores a la colonia. Según investigaciones del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, hombres y mujeres de estos territorios se negaron a perder su espacio durante la conquista, y en 1687 decidieron “comprarle a la Corona española sus propias tierras para lograr su reconocimiento jurídico”.
Desde el siglo XIX y a la fecha, esta comunidad ha estado en constante lucha. Primero por el despojo de tierras incitado por el gobierno federal con excusa de la “Ley de desamortización de bienes de manos muertas” que, posteriormente, lograron recuperar pero divididas en las dos regiones que hoy conforman los Chimalapas. En la década de los 90, según el CECCAM, grupos de madereros y los gobiernos federal y de Chiapas, llevaron a vivir a Chimalapas a indígenas tsotsiles (muchos expulsados de su propio territorio por conflictos interreligiosos) y ahí se les dieron tierras para fundar núcleos agrícolas que competían y se sobreponían a las tierras comunales. Esto desencadenó fuertes y violentos conflictos entre zoques y tsotsiles. A la par, la tierra estaba siendo explotada por narcotraficantes, grupos dedicados a la tala, y funcionarios que se estaban haciendo ricos, mientras nadie se daba cuenta: tan solo la fachada eran los terribles conflictos entre indígenas.
Hoy en día, Chimalapas enfrenta un nuevo adversario, y es que desde 2008, más de 7 mil hectáreas han sido otorgadas en concesión a la minera canadiense Minaurum Gold, según el especialista Carlos Manzo. Advierte también, que el impacto de las actividades mineras en la zona no ha sido evaluado por la SEMARNAT, ni alguna otra instancia, por lo menos regional. El área, que ya había sido afectada en términos ambientales por múltiples proyectos —entre ellos empresas madereras, una refinería, una presa y parques eólicos—, es considerada una de las más ricas en el país y en el mundo en términos de biodiversidad.
En palabras del especialista Carlos Manzo, el funcionamiento del cuerpo de agua que ahí se encuentra asemeja “al de un corazón que impulsa torrentes acuíferos y de oxígeno que, más allá de la metáfora, limpian las inmundicias que a su paso encuentran entre desechos de refinerías y aguas negras antes de llegar y depositar éstos en los ríos, sistemas lagunarios y océanos.” Desechos de refinerías y aguas negras son limpiados antes de ser depositados, por la propia afluente en lagos, lagunas y los océanos Atlántico y Pacífico. La minería consume el agua como recurso y también la contamina.
Esto pone en riesgo a un ecosistema completo y a la salud de los habitantes de la región. Por otro lado, la actividad minera tiene como consecuencia el daño a la tierra. Terrenos infértiles y resecos, pérdida de flora y fauna, deforestación, reconfiguración de la morfología del terreno; además, disminución en la actividades de agricultura, ganadería y silvicultura, que, practicadas sustentablemente, podrían asegurar la vida digna —y por muchas generaciones— de las comunidades a quienes históricamente corresponden estos territorios. El impacto ambiental que representan las actividades mineras en Chimalapas es descomunal, y la derrama económica que deja a los comuneros zoques y de otras etnias se resume al mínimo.
A pesar de esto, la minería es por ley, una actividad de utilidad pública, por lo que prepondera frente a otras como la agricultura. Además todo terreno puede ser expropiado para la realización de la actividad minera. En palabras de Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del CCMSS: “la prioridad que le otorga el gobierno a la actividad minera, reflejada en la ley vigente en la materia, es una decisión arbitraria, que muestra el nulo respeto que los gobernantes le profesan a la vida y a los derechos de las comunidades rurales e indígenas”.
Afortunadamente, las comunidades se están movilizando, y lo han hecho así desde hace siglos, con una lucha pacífica, pero muy activa. Recientemente, esta comunidad participó en el Foro Nacional “El extractivismo o la vida” en Ixtepec, Oaxaca, organizado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre otras agrupaciones. Sus soluciones son realistas y justas. Están en contra de la imposición de las llamadas Zonas Económicas Especiales, por ser un “modelo industrial de apropiación y despojo”. Por otro lado se oponen a formar parte de la inercia económica que ignora los derechos humanos. Tienen planteado seguir tomando decisiones en conjunto, apoyar el empoderamiento de las mujeres, volver al estilo de vida de la milpa y seguir trabajando para decidir el futuro de su propia comunidad.
Al centro de todo, sitúan el concepto de la “comunalidad.” Y no por ello sus planteamientos se vuelven exclusivos para los comuneros de la región, pues los zoques han recibido generosamente a familias y miembros de comunidades externas y ahora todos luchan juntos en defensa de su territorio.
La vida no está siendo cuidada; ni la de las comunidades ni la del entorno y las especies que lo habitan. La única forma de terminar con este problema es empezar a poner primero los derechos humanos y los de la tierra, que existen, y en la teoría legal funcionan, pero no están siendo respetados.
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Fuentes de consulta:
* “Desastre minero en comunidad indígena oaxaqueña”, Raúl Benet, Aristegui noticias, Año 2017, México.
* “Chimalapas: la defensa del territorio y de los bienes naturales como un factor de identidad indígena”, Miguel Ángel García Aguirre, CECCAM, Año 2015, México.
* “Guie’ Ladxido’ El extractivismo acecha en Chimalapas”, Carlos Manzo, La Jornada, Año 2017, México.
* “Resumen del foro nacional en Ixtepec, Oaxaca ‘El extractivismo o la vida'” Red Mexicana de Afectados por la Minería, Año 2017, México.