12 julio, 2017, Por: Gerardo Suárez
El reciente caso de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin) en Guerrero, un pueblo indígena que ganó su segundo amparo a favor de su territorio, es un ejemplo loable de que gracias a la organización comunitaria, la lucha por los derechos a la tierra y territorio puede ser plenamente ganada.
En México, la política minera ha favorecido históricamente al sector privado. Al ser una actividad de utilidad pública, la minería es considerada por ley, preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos, y/o sobre cualquier otra actividad económica social y cultural. De manera que, actividades como la agricultura, el turismo, la ganadería, la pesca y cualquier uso tradicional que se le dé al territorio por parte de las comunidades indígenas y locales, quedan en segundo plano, así lo advierte el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Por todo esto, hoy en día prevalece la interrogante sobre si los beneficios del sector privado en esta actividad se encuentran por encima de los derechos humanos y protección al ambiente. Y con ello también parece confirmarse que la Ley Minera en México está atentando contra los derechos humanos.
A lo largo del territorio mexicano, existen numerosos conflictos que muestran a la extracción minera y de hidrocarburos como primordiales adversarios de los ecosistemas y de los derechos de los pueblos. El reciente caso de los habitantes de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin), que ganaron un amparo en contra de la Declaratoria de Libertad de Territorio, es uno de ellos.
La historia de esta comunidad de las montañas de Guerrero, en el municipio de Malinaltepec, es muy extensa, ya que no es la primera vez que se organizan de manera ejemplar para defender su territorio. El reciente fallo a favor de la demanda de esta comunidad es, en realidad, el segundo ganado en los últimos años.
Luego de que, en 2011, el gobierno federal otorgara concesiones a la empresa privada dentro de estos territorios –principalmente a la empresa minera Hochschild, que opera con capital inglés–, la comunidad indígena de Me’phaa de Júba Wajíin puso en marcha todo un proceso legal para impedir el saqueo de su tierra considerada sagrada por sus habitantes.
El territorio de este y otros 19 pueblos indígenas que habitan la zona de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, ha sido objeto de interés de numerosas empresas privadas, debido a los 42 yacimientos mineros aquí encontrados. Según el Centro de Derechos Humanos de la montaña, Tlachinollan, a lo largo de 50 años el gobierno federal ha otorgado 38 concesiones a empresas privadas para actividades de extracción minera. Desde 2011 y a la fecha, 17 comunidades agrarias de la región han expresado su descontento, principalmente porque en ningún momento se hizo valer su derecho inalienable a la consulta previa e informada. Advierte Valerio Mauro Amado, comisariado de bienes comunales de Me’phaa que:
Un amparo similar promovido por la comunidad de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin), había sido ganado ya en 2014 por sobreseimiento. Sobre aquellos predios que habían sido concesionados (concesiones de las que posteriormente se desistió la empresa para evitar que la Corte entrara al análisis de inconstitucionalidad de la ley minera), la Secretaría de Economía encontró el modo de obtener nuevamente permisos de extracción, con una Declaratoria de Libertad de Terrenos promovida por la propia Secretaria.
Sin embargo, gracias a la organización comunitaria, el conocimiento jurídico de estos pueblos, a la asistencia legal del Centro Tlachinollan y la solidaridad nacional e internacional, San Miguel del Progreso ha ganado esta segunda lucha. El reciente amparo promovido en diciembre de 2015 y ganado este 28 de junio de 2017, resulta un triunfo para el territorio puesto que en la sentencia se declaran esencialmente fundados los conceptos de violación, y por ende, queda demostrado el incumplimiento de la obligación del Estado de respetar los derechos de esta comunidad.
En la sentencia a favor de los habitantes de Me’phaa, se ordena a la Secretaria de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de Terrenos –que, esencialmente, considera al territorio libre para la actividad minera–, y en caso de que pretenda continuar otorgando concesiones mineras en el territorio de la comunidad, deberá respetar los derechos colectivos de ésta, entre ellos la Consulta previa e informada.
Pese a que, como resultado de la ley minera, México ha experimentado un aumento de la participación de numerosas empresas privadas nuevas y de grandes consorcios ya conocidos, hoy en día, y según cifras de Fundar:
La contribución de la minería es ínfima y en 2016 (…) significó 0.32 % de los ingresos del Gobierno Federal y 0.24 % de los del sector público presupuestario.
“La minería a cielo abierto vive un nuevo auge en América Latina”, advierte Tlachinollan. Un nuevo modelo económico extractivista que permite, en poco tiempo y a bajo costo, expropiar millones de hectáreas de tierra para conseguir minerales sin el menor sentido de consciencia ambiental y cultural. A la sociedad le toca demandar que las leyes mineras se alineen verdaderamente con el bienestar social y ambiental, y a la Suprema Corte, revisar si la actual Ley Minera viola o no la constitución y los derechos humanos.
___________________________________________________________________________
Fuentes de consulta:
* “Las actividades extractivas de México. Estado Actual. Anuario 2016“, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., Año 2017, México.
* “JÚBA WAJIÍN, una batalla a cielo abierto en la Montaña de Guerrero por la defensa del territorio y la vida“, Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la montaña, México, Año 2016.
* “Minas contra bosques, el territorio forestal comunitario en riesgo”, Raúl Benet, Aristeguinoticias, México, Año 2016.
*Imágenes: 1) desinformémonos; 2, 3) tlachinollan.org