28 abril, 2017, Por: Gerardo Suárez
Por Jaen Madrid
“Dejar vivir del bosque para que el bosque viva”, dijo el silvicultor René Gómez Orantes, a propósito del enorme potencial que tiene la iniciativa de ley forestal para ser mejorada.
Ante la posibilidad de que se apruebe abruptamente una ley deficiente que amenaza a los bosques de México, comunidades y ejidos forestales de todo el país se se suman a la demanda para que Senadores convoquen a una consulta de dicha iniciativa. A ellos los acompañan cientos de organizaciones y más de 33 mil ciudadanos que han firmado una petición.
Para expresar sus inquietudes por una ley forestal que erosiona la participación social, diversos productores forestales, organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) y otros expertos en la materia han realizado foros y conferencias públicas, exponiendo las consecuencias de una ley forestal deficiente. Al mismo tiempo, tanto los dueños de tierras forestales, como las más de cien organizaciones que firman los comunicados comparten sus propuestas para avanzar hacia una mejor ley. Durante la reciente conferencia de prensa liderada por representantes de ejidos y comunidades, los silvicultores coincidieron con organizaciones civiles en la importancia de realizar foros y talleres regionales y nacionales, para hacer notar las inquietudes de la comunidad que vive y trabaja el bosque. También se comentaron brevemente las propuestas y las voces de estos pueblos y de quienes trabajan junto a ellos.
José Maximino Rivera Mota, representante de la Unión de Ejidos Sierra Norte de Puebla, comentó que en su región “se ignoran los fines o resultados de esta ley; somos el pueblo, nosotros deberíamos saberlo primero, sin embargo no estamos enterados de los contenidos de esta ley”. Y agrega: “necesitamos consulta para reforzar el tema de adaptación, para adaptarnos a los cambios que vienen: ¿qué es lo que debemos hacer?”. También hizo referencia al tema de la necesidad de que los recursos destinados al bosque se apliquen con transparencia.
Por su parte, el silvicultor chiapaneco, René Gómez Orantes, refirió que la nueva ley “no refleja el sentir, la opinión, al menos de los dueños y poseedores de los terrenos forestales… y yo digo que de todo lo bueno y malo que pase con los bosques y selvas, los dueños son actores centrales; entonces, si una ley no toma en cuenta la opinión y experiencia de los productores forestales, creo que es una ley poco solidaria. Yo no dudo que haya gente que conoce que ha aportado a construir esta ley, pero sabemos que hay cosas que no compartimos y son sobre todo omisiones”.
El ejemplo de opiniones desiguales lo explica recordando los distintos Méxicos que hay en nuestro territorio y su diversidad de especies y ecosistemas: “México es un país muy diverso, nosotros en Chiapas nos parecemos más a Sudamérica y las regiones de Chihuahua y Durango se parecen más a Norteamérica, la ley debe contemplar estas diferencias regionales a la hora de regular”.
Orantes explicó que se han venido realizando congresos con productores, gente de la academia y con ONG’s como Pronatura, Ambio y Cecropia, y que a lo largo de este proceso han ido construyendo sus propuestas. Uno de los puntos que plantea el Sr. René, y que ha sido apoyado por las comunidades de su región, es la posibilidad de retomar la iniciativa de ley de la anterior legislatura “para actualizarla, enriquecerla y formular una nueva a partir de la que se tiene. La cuestión es que podamos conocerla bien, opinar, proponer y enriquecerla”.
Gómez concluye con una preocupación a nivel regional que, afirma, es un problema central en el estado de Chiapas: la tala ilegal. Debido a una fatigosa sobrerregulación en los permisos y autorizaciones para que las comunidades puedan hacer un aprovechamiento sustentable de sus bosques y, aunado a la pobreza y producción de maíz y café a la baja, Chiapas ha llevado a niveles muy altos la ilegalidad de la madera.
La tala, tráfico y comercio ilegal de productos forestales es un fenómeno muy frecuente en México, tan solo entre el 30 y el 70 % de la madera que circula en todo el país es ilegal. Sorpresivamente la nueva ley forestal no ataca adecuadamente este tema. René advierte que mediante la organización de comunidades a la que pertenece –Bosques y Gobernanza–, se ha venido preparado una propuesta de atención a la tala para que sea tomada en cuenta en la ley. Dicha propuesta invita a promover desde el manejo forestal comunitario, hasta la cadena de valor en la actividad forestal, así como la inspección, vigilancia y fiscalización de manera coordinada. Con esta propuesta, ya fortalecida y fundada, René espera que se fortalezca la competencia de las empresas forestales comunitarias en los mercados, se protejan los ecosistemas forestales y disminuya la delincuencia organizada.
Elsa Esquivel, asesora de comunidades rurales en el estado de Chiapas, señaló varios puntos a considerarse en la reforma a la ley forestal. Por ejemplo, acusa que la iniciativa de ley actual no fomenta la perspectiva de género: “es un tema totalmente ausente…en la iniciativa de ley está un artículo que señala la participación de mujeres y jóvenes pero no pone el énfasis de cómo se va a fomentar dicha participación”. Comentó que esta ley es una gran oportunidad para promover el desarrollo de los jóvenes y las mujeres que no necesariamente son propietarios de los bosques: “debe haber una incidencia en la política forestal para que pueda ser más viable esta oportunidad de desarrollo, aunque no precisamente sean los poseedores de las tierras…a fin de cuentas, hombres y mujeres poseen visiones complementarias en el cuidado y aprovechamiento del bosque”. Elsa propone que se haga énfasis en mejorar la participación de género y se refuerce mediante programas de fomento.
Otra de los temas tocados por Esquivel es la visión obsoleta de mirar a los bosques solo como actores de conservación, y no también como actores de desarrollo: “esta minuta de ley no impulsa cabalmente el Manejo Forestal Comunitario. No es una ley de actividad más sí de pasividad, de no tocar el bosque”.
También hizo referencia a los últimos recortes de personal que sufrió Conafor: “la gente está superada en actividades, ponerle más actividades habla de que sin duda tendremos poca eficiencia.”
Finalmente, la también desarrolladora de estrategias de cambio climático, recordó la urgencia de que la nueva ley fomente verdaderamente acciones que favorezcan su mitigación en el sector forestal: “en esta nueva ley no hay propuestas en temas de cambio climático. Hay una línea de desarrollo pero hace falta enfatizar en actividades o promoción de acciones que favorezcan la mitigación.”
Durante esta breve sesión, los representantes estuvieron de acuerdo en que una minuta de ley no debería tener prisa por aprobarse en el último momento del periodo de sesiones del Senado, pues de ella depende un sector estratégico para la economía local y nacional, el forestal.
El hecho de que se necesite con urgencia una reforma a la ley forestal, con lo cual todos los actores involucrados coinciden, no justifica la aprobación de una iniciativa deficiente, que desestima la participación de comunidades y productores. Por otro lado, la realización de una consulta pública significará hacer las cosas como se deben; dar voz a todas las partes interesadas, en este caso a los pueblos indígenas, las comunidades y ejidos forestales, sin dejar de lado a la academia, a los técnicos forestales, a las organizaciones civiles, a los legisladores, el sector privado y el gobierno. Así, además de construir una buena ley, se lograría un mecanismo que verdaderamente apueste por un desarrollo nacional y sin duda por un futuro sostenible.
*Fotografía principal: Archivo masdemx.com