En los primeros días del mes de febrero inició un nuevo periodo de sesiones del Senado en el cual se contempla la votación para aprobar (o desechar) la iniciativa de nueva ley forestal. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible llama la atención de los senadores para hacer una revisión cuidadosa del proyecto de dictamen, dado que existen cuestiones de peso que requieren discusión y enmienda. Creemos que será un error la aprobación de la actual versión de ley forestal. Aun hay tiempo para corregir los errores y aprobar un ley que efectivamente contribuya a mejorar las condiciones y gestión de los bosques.
1.- La transferencia de atribuciones de autoridad de la SEMARNAT hacia la CONAFOR:
Diversos actores del sector forestal hemos señalado riesgos e inconvenientes de concentrar los actos de autoridad en la CONAFOR. Esto estará contribuyendo al debilitamiento de la cabeza de sector, que ya carece de capacidad para conducir la política en materia de agua, pesca e hidrocarburos. Por otra parte, creemos que se avanzaría a un diseño institucional con ausencia de contrapesos en la definición y el ejercicio de las políticas del sector. Sin esos equilibrios, existe un claro riesgo de que funcionarios de la CONAFOR incurran en conflictos de interés y en opacidad, abriéndose un terreno fértil para la corrupción. Tomando en cuenta que la SEMARNAT, bajo la normatividad actual, opera bajo un esquema que frena del desarrollo forestal, los cambios a la regulación deben enfocarse a una mejora regulatoria que permita a la autoridad ambiental eficientizar sus procedimientos y fortalecer su estructura interna . El cambio simple de ventanilla no resolverá el problema.
2.- Establecimiento de un programa permanente de impulso al manejo forestal comunitario
En el actual dictamen de nueva ley forestal, existen disposiciones para dotar de recursos a las actividades de plantaciones comerciales y de restauración a través de programas claramente definidos para el desarrollo de dichas actividades. Diversas organizaciones de la sociedad civil hemos puesto en la mesa argumentos en favor de que la nueva ley forestal establezca también un mandato para la creación y operación de un programa de impulso al manejo forestal comunitario.
Las organizaciones de la sociedad civil han destacado que el manejo forestal comunitario es un esquema de administración de los territorios rurales que ha demostrado enormes beneficios en el plano ambiental, social y económico y clave para la defensa y protección de los bosques frente a multiples amenazas. Sin embargo la administración gubernamental ha puesto sus prioridades en temas como las plantaciones comerciales y ha desatendido y puesto en tercero o cuarto sitio este importante tema vinculado con las comunidades dueñas de los recursos forestales. Por ello se hace un llamado para que nuestro marco legal expresamente contemple la creación de este programa de tal manera que el apoyo al manejo forestal no dependa de la voluntad del funcionario en turno.
3.- Facultades del Consejo Nacional Forestal
Hay un retroceso inaceptable respecto de la ley vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad. Específicamente, el dictamen aprobado suprime facultades sustanciales del Consejo Nacional Forestal (CONAF) y los consejos estatales, quitándoles potestad para conocer de los cambios en políticas públicas y ejercer un papel de vigilancia y supervisión.
4.- Trámites y autorizaciones referidas al manejo forestal
Han quedado sin incluir diversas medidas para la mejora regulatoria y de la gestión, como son la regulación de los aserraderos móviles, la clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o vegetación secundaria, la definición de preferencia forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas y varios otros conceptos que están siendo desechados por falta de comprensión y sin argumentos que solamente pueden procesarse mediante una discusión abierta y fundamentada.
